Gobernanza y deuda: sobre la alternativa de izquierdas artículo de Paloma López y Ramón Boixadera

Hacia 2010, una vez la actual crisis económica demostró su carácter estructural, las instituciones europeas se unieron para culpar del estancamiento a los excesos del déficit y la deuda pública.

Contribuyeron a imponer este relato los problemas que algunos países de la Eurozona tenían para financiar su gasto público en los volátiles mercados financieros; especialmente en Grecia, cuyas faltas en la colección de estadísticas públicas y corrupción política fueron peligrosamente instrumentalizadas para estigmatizar a un pueblo y venderlo al mejor postor.

No deberíamos olvidar que durante muchos años la principal incumplidora de las prescripciones de déficit y deuda no fue otra que Alemania, hoy presentada como alumna modelo. Mientras, a otros países como España se les felicitaba por mantener su déficit por debajo del 3% del PIB y su deuda dentro del límite del 60% fijado por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). El resultado es conocido: tras estallar la burbuja inmobiliaria que sostuvo artificialmente las cuentas públicas, España se encuentra hoy con un cuarto de su población en paro, otro tercio en la más absoluta precariedad y la segunda deuda externa más elevada del mundo.

Tales son las consecuencias del modelo de desarrollo neoliberal: desempleo, pobreza y dependencia exterior.

Insensible a sus resultados, un Consejo Europeo guiado por algunos Estados del este (halcones hoy recompensados por Juncker con los principales puestos de su Comisión), se alió con José Manuel Durão Barroso para desarrollar un conjunto de regulaciones que configuran la llamada "gobernanza europea". Estas normas (two-pack, six-pack...) refuerzan el PEC y han permitido a la Comisión Europea ganar influencia política a través del semestre europeo, que se inicia en noviembre con la evaluación de los planes presupuestarios de los Estados y culmina en mayo con la emisión de recomendaciones específicas.

La Comisión obtiene así el marco legal con el que justificar su injerencia en la política económica de los países que no son capaces de lograr los objetivos marcados para sus cuentas públicas: las recomendaciones exigen habitualmente mayor desregulación laboral, privatizaciones, impuestos regresivos y recortes al Estado del Bienestar e implican una progresiva centralización de las decisiones de política económica para evitar su escrutinio democrático, en perjuicio de la autonomía local y la subsidariedad entre administraciones.

Con ello se justifica a posteriori la actuación de la Comisión en los países intervenidos por la Troika, a la vez que se legitima la agenda de recortes y precarización del trabajo de Gobiernos como el de España.

Los socialistas europeos ofrecieron su voto a los comisarios de Juncker a cambio que alguno de sus candidatos, como Moscovici, contribuyeran a "flexibilizar" algunos de los elementos de esta gobernanza, incorporando elementos de carácter social en su supervisión o recomendando políticas fiscales expansivas o salarios más elevados a los Estados con una situación económica más holgada. No parece que estas esperanzas vayan a materializarse: hasta el momento, la única actividad políticamente reseñable de Moscovici ha sido su viaje a Grecia para participar de la campaña del miedo contra Syriza. Pero aun cuando se avanzara en este sentido, es importante recordar que el poder de la Comisión es inherentemente asimétrico, en tanto que tiene en la disciplina de la deuda un cómplice necesario.

La Comisión dispone de multas y sanciones para los Estados que desafían sus indicaciones, pero éstas son de baja cuantía y difíciles de implementar políticamente (como ocurriera ya con el PEC). Por el contrario, la "gobernanza" de la Comisión actúa indirectamente, ofreciendo liderazgo político a las demandas de los acreedores: su poder se manifiesta esencialmente sobre aquellos Estados intervenidos por el FMI y el BCE ("la Troika") o rescatados en avance de la futura unión bancaria (como en España), después que los mercados de deuda pública se quedaran sin liquidez.

¿Existen márgenes para que los Estados atiendan a las necesidada de la mayoría en lugar de sucumbir al austericidio? Una alternativa de izquierdas pasa, en primer lugar, por revertir el yugo de la deuda sobre el orden social de los Estados periféricos. Deben auditarse y reestructurarse las deudas públicas y privadas allí dónde su pago entre en conflicto con los derechos de los ciudadanos: derecho a una atención médica decente y a la educación, al acceso a los servicios sociales, a un empleo o a una vivienda. Debemos responder a las movilizaciones ciudadanas que exigen un Gobierno al servicio de los trabajadores y no de las finanzas.

Pero deben atenderse también las causas profundas del endeudamiento: un modelo productivo insuficientemente diversificado y dependiente de la mano de obra barata, incapaz de invertir sin importar y de consumir sin endeudar a las familias; un Estado crónicamente subfinanciado por culpa del fraude fiscal y la insuficiente tributación del patrimonio y las rentas altas. Ello requiere una reforma fiscal ambiciosa y progresiva que dedique nuevos recursos a la inversión pública y proporcione financiación a las pymes y la industria.

Europa puede contribuir a esta transformación aumentando su presupuesto para cohesión y apostando por la armonización, al alza, de estándares sociales y tributarios. Pero los compromisos a los que puedan llegarse quedarán cojos si la UE y el BCE prefieren ser gestores de los mercados antes que servidores de los pueblos. Frente a la "gobernanza" que guía sus políticas económicas, reivindicamos algo más simple y más antiguo: su democratización.