Poderes y sinrazones contra el diálogo. por José Antonio Pérez Tapias

Como futuro imperfecto que por la pendiente del tiempo se deja caer, llegó el momento esperado. Reunido el consejo de ministros del Gobierno de España, decide aplicar el artículo 155 de la Constitución para intervenir las instituciones del autogobierno de Cataluña. El relevo –la suplantación- del gobierno de la Generalitat por quien designe el gobierno del Estado es la parte primera de la hoja de ruta establecida. Convocar elecciones autonómicas es la segunda parte. Todo pendiente de que el Senado lo apruebe, lo cual no queda expuesto a incertidumbre alguna por cuanto el PP tiene mayoría absoluta en la cámara alta y cuenta, además, con el refuerzo legitimador del voto del PSOE --¿también de todos los senadores del PSC?-- y, por supuesto, de Ciudadanos, esa formación política adscrita al hooliganismo de los jaleadores del 155 con mano dura.

De la hoja de ruta trazada desde la cúspide del Estado español –la Corona también subraya el recorrido de tal diseño-- se dice que todavía podría verse frenada en su aplicación si Puigdemont, como presidente aún de la Generalitat, tomara la decisión de dar por terminada la legislatura y convocar él mismo elecciones, lo cual está por ver, al menos tal como se presentan las cosas de inmediato. Lo que igualmente está por ver es que la vía elegida, por mucho que el artículo 155 esté en la Constitución –se decía de él que era como botón nuclear para no ser apretado--, sea la adecuada para solucionar el conflicto en el que estamos inmersos, en el que todos, catalanes y españoles en general, nos podemos hundir. Es una temeridad aplicar un artículo como el de marras, impreciso hasta poder dar paso a lo más arbitrario, que incluso se parecería lo que supone un estado de excepción, sin la cobertura de un desarrollo legal previo de lo que tal aplicación debiera suponer. Ni va de suyo que las "instrucciones" que, según dice el artículo que nos ocupa, competen al gobierno del Estado deban suponer deponer un gobierno autonómico, ni se disipan las fuertes dudas acerca de la capacidad legalmente respaldada para disolver un parlamento autonómico y convocar unas elecciones por parte de quien no es miembro ni de la cámara ni del gobierno de Cataluña.

Reputados constitucionalistas así lo advierten, aportando razones cuyo peso no mengua por el hecho de que haya otros defendiendo interpretaciones distintas. Entra en lo muy probable que el proceloso mar en el que se adentra la nave del Estado con la hoja de ruta del 155 se vea alterado con marejada cuyas olas comporten naufragios para nada deseables.

En medio de incertidumbres borrascosas, sorprende sobremanera cómo la dirección del PSOE se ha sumado tan incondicionalmente a la estrategia de un capitán que de tanto dar vueltas sin ir a ningún sitio no tiene más mérito que su inmovilismo, lo cual es lo que ahora sus fieles y sobrevenidos seguidores quieren hacer pasar por virtud excelsa, modélica en cuanto a prudencia. Hay que decir que a la militancia del Partido Socialista y, por extensión, a la ciudadanía, habría que haberle dado las debidas explicaciones sobre los términos de los acuerdos alcanzados entre Pedro Sánchez y el presidente Rajoy. Pasar de afirmar enfáticamente que no se apoyaría la vía del 155 para abordar la crisis de Cataluña, en definitiva del Estado, a asumirlo como lo conveniente y hasta lo único posible, es trayecto ya cubierto sin razones suficientemente expuestas en público, máxime si ello se acompaña de un supuesto pacto en cuanto a reforma constitucional que presenta tan notables carencias que difícilmente es creíble en cuanto a su utilidad. No hace falta decir que desde los socialistas de Cataluña no deja de haber señales respecto a que entrar en las instituciones catalanas con el 155 puede ser como abrir la puerta a elefante en cacharrería, viéndose venir daños irreparables. Y éstos no son relativos sólo a la realidad catalana, sino al conjunto del Estado, para el cual la desembocadura de la corriente que le arrastra, y que sin altura de miras se incentiva, le lleva a un punto en que para salvarse no queda más que un proceso constituyente si en algún momento hay lucidez para sacar conclusiones de la facticidad insoslayable que supone un pacto constitucional ya insostenible.

No faltan, sino que abundan, quienes piensan que la argumentada crítica a cómo actúa el gobierno del PP y quienes le prestan incondicional apoyo supone una actitud condescendiente hacia el independentismo, los desafueros jurídicos apadrinados por Puigdemont, o por Forcadell al frente del parlamento catalán, o los errores de cálculo, calificables de grave irresponsabilidad, de los adalides de la secesión en cuanto a las repercusiones sociales y consecuencias económicas de su propia estrategia. Tanto tacticismo sin valoración de los efectos se ve sobrepasado por las fugas empresariales y las decisiones del poder financiero –ésas sí son las de la tan citada burguesía catalana--, así como resulta cuestionado por la escisión que se instala en el seno de un pueblo al que se invoca como demos, pero que ve cómo se le diluye esa condición en tanto se dejan de respetar los derechos de los ciudadanos a medida que se ahonda la realidad de una nación dividida. Así, pues, por parte de quienes propugnamos diálogo no hay tal ceguera inconsciente respecto a los errores culpables del independentismo.

Ocurre, con todo, que quienes abogamos, aun con mermadas esperanzas, por dicho diálogo como vía para empezar a hallar salida al grave conflicto en que estamos, somos calificados de "buenistas", por el lado del constitucionalismo españolista, así como son tildados de "claudicantes" quienes propugnan otro tanto por el lado del soberanismo independentista. Parece que el choque de los nacionalismos –¡con él nos hemos topado cuando andábamos refutando a Huntington y su choque de civilizaciones!- no deja espacio para nada más que el promover el enfrentamiento pensando que uno de los polos va a ganar, a corto o a largo plazo. Lo que no se ve es el "idiotismo" de quienes se sitúa en su particular posición negándose no sólo a escuchar al otro, sino a ver la hierba que siegan bajo sus pies. A ello contribuye no reconocer, por una parte, que el Estado español, desde sus instancias de poder, incluyendo los dos partidos que se autopresentan como "de Estado", se ha cerrado en banda a posibilitar una consulta legal en la que la ciudadanía catalana manifestara su voluntad política respecto a la relación de Cataluña con el Estado. Igualmente, por otra parte, también alimenta el desencuentro el no reconocer desde el independentismo los abusos respecto a procedimientos democráticos en los que se han visto involucrados, tanto en sede parlamentaria como en la pretensión de plena validez de un referéndum realizado sin condiciones objetivas en cuanto a requisitos indispensables para que fuera tal.

Cuando no se reconocen errores, en la situación en que estamos, difícilmente se puede avanzar para encontrar al menos un punto de aproximación entre posturas que se alejan hacia órbitas distintas, que funcionan con centros de gravedad dispares. El choque de nacionalismos lleva consigo un enfrentamiento de poderes: el poder constituido del Estado español y el poder constituyente de lo que se quiere que sea el Estado catalán, en el modo de república. Sin embargo, la misma sinrazón en que uno y otro se instalan hace que el poder constituido del Estado se vea erosionado, no sólo hacia fuera, sino también hacia dentro, lo cual se acentuará con una implementación del artículo 155 colisionando con el principio de legalidad al que sin descanso se apela. Y la sinrazón de lo que pretende ser poder constituyente de una nueva república se ve nutrida desde unas prácticas muy poco republicanas, las cuales no permiten ni articular una base social suficiente ni generar una construcción política legitimada para constituir una realidad política ex novo. El rupturismo a las bravas impide además hasta la simpatía internacional que sería indispensable.