Hasta el año 2004 el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) era un indicador que no sólo servía para establecer cuál debía ser la cantidad mínima que tendría que cobrar una persona asalariada, sino que también servía para fijar la cuantía de subvenciones, subsidios de desempleo y otras ayudas públicas. Ese año, el recién llegado gobierno del PSOE decidió reformular el indicador, desvinculándolo completamente de las ayudas mencionadas. De esta forma, cualquier incremento en el SMI dejaría de conllevar un aumento en subsidios, subvenciones y ayudas, que pasarían a estar vinculadas a un nuevo indicador denominado Índice Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Se trató de un hábil movimiento del gobierno del PSOE, porque le permitió incrementar el SMI a un ritmo superior al que había venido registrando hasta entonces sin que le costara apenas ni un euro hacerlo, puesto que ya no tenía que incrementar las ayudas públicas (y el coste del incremento en el salario mínimo recae fundamentalmente sobre los empleadores del sector privado, no sobre el público). Una medida sin coste económico, pero con alto rédito político y electoral, ya que el incremento del salario mínimo era una importante reivindicación de los sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil, además de una necesidad social.
El SMI había ido creciendo levemente desde los años 90, pero a una media del 2% y por lo tanto casi siempre a un ritmo inferior al crecimiento de la economía, de los precios y del nivel de vida, lo que conllevó un empobrecimiento relativo de un 7% de los trabajadores del segmento inferior del mercado de trabajo y de los beneficiarios de las ayudas públicas vinculadas al indicador. La reformulación que se llevó a cabo en el año 2004 supuso una bifurcación en los caminos de los dos tipos de colectivos, porque el SMI intensificó su crecimiento (especialmente desde ese año hasta el año 2010 al registrar un aumento medio del 6,2%) dejando al IPREM con el suave incremento tradicional del 2%, (sólo muy ligeramente aumentado hasta el 3,5% entre 2006 y 2010), como se puede intuir en el gráfico. Esto supuso, atendiendo a la evolución de los precios, que entre el año 2004 y 2010 las personas que cobraban un salario mínimo incrementaran su capacidad económica relativa en un 20,6%, mientras que las que recibían ayudas vinculadas al IPREM se empobrecieron un 1,3%.
El SMI había ido creciendo levemente desde los años 90, pero a una media del 2% y por lo tanto casi siempre a un ritmo inferior al crecimiento de la economía, de los precios y del nivel de vida, lo que conllevó un empobrecimiento relativo de un 7% de los trabajadores del segmento inferior del mercado de trabajo y de los beneficiarios de las ayudas públicas vinculadas al indicador. La reformulación que se llevó a cabo en el año 2004 supuso una bifurcación en los caminos de los dos tipos de colectivos, porque el SMI intensificó su crecimiento (especialmente desde ese año hasta el año 2010 al registrar un aumento medio del 6,2%) dejando al IPREM con el suave incremento tradicional del 2%, (sólo muy ligeramente aumentado hasta el 3,5% entre 2006 y 2010), como se puede intuir en el gráfico. Esto supuso, atendiendo a la evolución de los precios, que entre el año 2004 y 2010 las personas que cobraban un salario mínimo incrementaran su capacidad económica relativa en un 20,6%, mientras que las que recibían ayudas vinculadas al IPREM se empobrecieron un 1,3%.
A partir de 2010, y ya en pleno auge de la crisis económica y con el comienzo de las políticas de austeridad, ambos indicadores fueron congelados, lo que unido al crecimiento de los precios fue provocando un empobrecimiento de las personas que dependían de tales indicadores. Y así continuó ocurriendo hasta el año 2017, momento en el cual el SMI aumentó un 8%, mientras que el IPREM sólo lo hizo un triste 1%. Ahora, con los presupuestos generales del Estado para 2018 se plantea un nuevo incremento del SMI del 4%, y una nueva congelación del IPREM. En caso de que así sea finalmente, supondrá una ganancia para los asalariados mínimos del 8,9% entre 2010 y 2018 y un empobrecimiento de los beneficiarios del IPREM del 6,3%. Un trato claramente desigual que está ampliando la brecha que ya se inició en el año 2004. Los datos son demoledores: entre 2004 y 2018 -esto es, en apenas 14 años- las personas beneficiarias del SMI aumentarán su capacidad adquisitiva en un 27,8%, mientras que las beneficiarias del IPREM perderán su nivel adquisitivo en un 15,2%.
Desde el punto de vista del gobierno es evidente a qué se debe ese trato discriminador: ha aumentado el SMI porque no le supone coste económico, y no lo ha hecho con el IPREM porque sí le supondría coste. Así de sencillo. No se trata de una decisión política o ideológica que persiga premiar el esfuerzo laboral y penalizar las ayudas que no dependen del trabajo, sino de una decisión de carácter estrictamente económico con la que se ha buscado optimizar el rédito político con el mínimo esfuerzo presupuestario posible. Pero esto es una salvajada, porque ayudas como los subsidios llevan más de una década en niveles cercanos a los 430 euros mensuales, una cantidad que ya ni siquiera es suficiente para sufragar los costes de buscar un nuevo empleo. Urge cambiar esta dinámica y elevar también el IPREM, y además de una forma notable, para corregir el intenso empobrecimiento al que se han visto sometidos las personas que reciben este tipo de ayudas.
* Eduardo Garzón Espinosa
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Artículo publicado originalmente en el número 60 de La Marea
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