El informe que varios jueces del CGPJ han elaborado respecto al problema de la vivienda en España es demoledor. Lo terrible no es el informe en sí, mucha gente ya conocíamos la situación, sino que hasta ahora (hasta ayer mismo) los partidos, la izquierda, no se ha dado prácticamente por aludida. El paro es, desde hace tiempo, el principal problema de la ciudadanía en todas las encuestas y, naturalmente, los políticos dicen todos estar para combatir el paro, pero lo cierto es que hay muchas otras cosas que pueden hacerse, además de combatir el desempleo, para conseguir hacer efectivo el derecho a una vida vivible, que es el objetivo de cualquier lucha social y que debería serlo de cualquier política de izquierdas. El paro tardará en desaparecer, si es que lo hace. Pero, mientras, la vida de millones de personas depende de la vivienda tanto o más que del desempleo.
Si al desempleo se une la pérdida de la vivienda y aun más con una deuda pendiente, la vida se hace invisible. Eso le ocurre cada día a más de 180 familias, a más de 350.000 desde que comenzó la crisis. Disponer de un lugar para vivir no sólo marca la diferencia para los desempleados, sino también para la inmensa mayoría de los pensionistas y de las personas trabajadoras con sueldos bajos (más del 70% de la población); disponer o no de una vivienda posibilita también poder tener un proyecto personal fuera de la casa familiar y el poder elegir tener o no hijos. No es cuestión de hacer comparaciones entre lo malo y lo peor, pero lo que puede ser soportable con un sueldo bajo o una pensión de 400 euros, siempre que se tenga casa, deja de serlo en ausencia de ésta. Disponer de una vivienda marca la línea entre una pobreza con esperanzas y la más absoluta y desesperanzada pobreza. Con una vivienda es posible enfrentarse al desempleo, hacer algún proyecto, seguir en la vida; sin vivienda no es posible. Y peor aun sin vivienda y con una deuda de por vida.
Como acaba de demostrar el informe de los jueces, la ley que rige el mercado hipotecario permite la absoluta tiranía de los bancos y deja a las personas indefensas. Es una ley de otra época, está hecha con la mentalidad del XIX para penalizar, más que proteger, a los pobres; es una ley de cuando la pobreza era una lacra moral (está a punto de volver a serlo) y las deudas te conducían a la cárcel. En muchos otros países, tan neoliberales como el nuestro, no se concebiría una ley semejante, tan sumamente injusta y desequilibrada. En muchos países de nuestro entorno la entrega de la casa acaba con la deuda. Eso no sólo permite que las personas puedan rehacer sus vidas, sino que también es un freno (lo hubiera sido) para algunas de las prácticas torticeras, como las han llamado estos jueces (yo diría tramposas) de los bancos.
Y aun así, los políticos hablan todo del paro y casi nada de la vivienda. Seguramente porque enfrentarse al problema de la vivienda exige decisiones concretas que darían resultados inmediatos, mientras que el paro permite que sigan hablando de austeridad, crecimiento, Europa, la crisis, la prima de riesgo, la troika, los emprendedores, los hedge funds, los bonos basura, las agencias de calificación, el déficit y demás. Arreglar el paro implica tomar decenas de decisiones políticas difíciles de captar por la ciudadanía, es algo difuso, es fácil prometer y también no cumplir, entre otras cosas porque no hay promesas concretas que pasen factura y porque, finalmente, no depende únicamente de las decisiones que se tomen aquí. Además, y por si fuera poco, se puede hacer cualquier cosa y decir que es para arreglar el paro: bajar los sueldos, acabar con lo público, modificar la constitución, subir o bajar los impuestos, favorecer los despidos (?), desregularizarlo todo, bajar las pensiones, aumentar la jornada laboral, quitar las vacaciones…siempre se puede decir que es para acabar con el paro.
Como deja bien claro el informe de los jueces sobre la vivienda es posible tomar decisiones concretas que no requieren cambios estructurales, pero que significarían una enorme diferencia para las vidas de la gente. No sólo la dación en pago, que tiene que ser retroactiva, sino la posibilidad de demorar o paralizar el pago de la hipoteca en caso de desempleo, enfermedad o desgracia familiar, de convertir la hipoteca en alquiler social, de renegociar aquella… Pero no, los problemas concretos, con una solución posible, son invisibilizados por la clase política y también, en parte, por los medios que ofrecen una información espectacularizada, que no suele explicar qué soluciones se aplican en otros países o qué soluciones podrían tomarse aquí con relativa facilidad. Que la vivienda tiene que ser un bien casi inaccesible es una cuestión que en España, desde la infausta ley de Boyer, se ha naturalizado con una rapidez pasmosa.
Aquí no ha habido nunca una auténtica política de vivienda social que se haya tomado en serio este derecho. Convivimos con leyes del XIX y el PSOE no hizo nada cuando pudo en contra de los intereses hipotecarios de los bancos. Ahora, después de la llamada de atención de los jueces y estando en la situación en la que está el partido, parece que ya se ha dado por aludido, pero propone, otra vez, medidas insuficientes y timoratas. Luego se extrañan de que estemos hartos. Lo normal sería que el Parlamento dedicara un pleno, o varios, a discutir el asunto, a ofrecer datos, a discutir sobre cambiar el procedimiento judicial de desahucio, sobre la dación en pago, sobre las políticas de vivienda pública que se hacen o dejan de hacerse; a discutir sobre la quita o la moratoria de estas deudas, sobre la flexibilización de las mismas, sobre por qué se rescata a los bancos con nuestro dinero y se permite que estos mismos bancos desahucien a las familias que han contribuido a rescatarles a ellos, sobre medidas concretas… nada de esto.
Creo sinceramente que a la clase política no le gusta descender a los problemas reales de la gente porque puede encontrarse con que ya lo hemos discutido por ellos y que tenemos soluciones reales y perfectamente aplicables. La calle bulle de dolor, de malestar, pero también de propuestas ciudadanas acerca de qué hacer con el drama de los desahucios y de la imposibilidad de acceder a una vivienda en condiciones soportables. La gente se organiza, abre asociaciones de apoyo y ayuda a las personas y familias en riesgo de desahucio. Las asociaciones convocan protestas y manifestaciones y con muchísimo esfuerzo consiguen firmas para eso que se llama ILP (iniciativa legislativa Popular) que los partidos despachan en 20 minutos. Estas iniciativas recogen algunas de las verdaderas preocupaciones de la gente; aquello sobre lo que la gente quiere que los políticos hablen, no aquello sobre lo que los políticos prefieren hablar. El desprecio de todos los partidos por estas iniciativas es paradigmático de la manera en que entienden la política: algo que ellos guisan y que luego nos comemos nosotros, aunque nos produzca arcadas.
Por todo esto, por mucho que el partido socialista hable y hable de “otra” salida a la crisis y nos informe de que el Partido Popular carga el peso de la misma contra los débiles, cosa que hemos tenido ocasión de sobra para comprobar, para volver a ser creíble, tiene que decir de una vez en qué consiste esa otra manera de salir; tiene que proponer alguna medida concreta más allá de vaguedades y de elevar la voz en los debates parlamentarios. No soportamos más ver a los diputados y diputadas pateando, riéndose, dando golpes contra sus escaños, elevando la voz enfáticamente…para no decir nada que nos importe de verdad. Ese teatro nos tiene hartos. ¿Qué proponen para evitar el drama de los desahucios? ¿Van a ser tan amables de reunirse con la ciudadanía organizada como han hecho un grupo de diputados alemanes?
La impresión que tenemos es la de que los partidos están esperando que escampe para poder seguir a sus cosas. Otra posibilidad es que lleven tantos años haciendo este tipo de política que no sean conscientes de que ya no vale; que lleven tantos años repitiendo esas vaguedades insustanciales por una parte, y teniendo que lidiar con problemas “macro”, que se hayan olvidado que su obligación es tener presente en todo momento que lo que queremos es una vida vivible y que ésta se compone de cosas concretas, que exigimos soluciones concretas a problemas concretos. “Más Europa”, “otra salida”, “apoyar a los débiles” “alianza con los sectores progresistas” etc. sin propuestas concretas no nos vale. Me da igual de donde venga la izquierda que tiene que venir, me da igual que se llame PSOE o tenga el nombre de un nuevo partido. Me inclino por pensar que lo que ha adquirido tal nivel de anquilosamiento no puede ponerse de repente a andar, pero si lo hace bienvenido sea, y sí no, que vengan otros. Si la política no ayuda lo que venga será peor; para nosotros, claro, no para ellos.
* Beatriz Gimeno es escritora y expresidenta de la FELGT (Federación Española de Lesbianas, Gays y Transexuales)
Si al desempleo se une la pérdida de la vivienda y aun más con una deuda pendiente, la vida se hace invisible. Eso le ocurre cada día a más de 180 familias, a más de 350.000 desde que comenzó la crisis. Disponer de un lugar para vivir no sólo marca la diferencia para los desempleados, sino también para la inmensa mayoría de los pensionistas y de las personas trabajadoras con sueldos bajos (más del 70% de la población); disponer o no de una vivienda posibilita también poder tener un proyecto personal fuera de la casa familiar y el poder elegir tener o no hijos. No es cuestión de hacer comparaciones entre lo malo y lo peor, pero lo que puede ser soportable con un sueldo bajo o una pensión de 400 euros, siempre que se tenga casa, deja de serlo en ausencia de ésta. Disponer de una vivienda marca la línea entre una pobreza con esperanzas y la más absoluta y desesperanzada pobreza. Con una vivienda es posible enfrentarse al desempleo, hacer algún proyecto, seguir en la vida; sin vivienda no es posible. Y peor aun sin vivienda y con una deuda de por vida.
Como acaba de demostrar el informe de los jueces, la ley que rige el mercado hipotecario permite la absoluta tiranía de los bancos y deja a las personas indefensas. Es una ley de otra época, está hecha con la mentalidad del XIX para penalizar, más que proteger, a los pobres; es una ley de cuando la pobreza era una lacra moral (está a punto de volver a serlo) y las deudas te conducían a la cárcel. En muchos otros países, tan neoliberales como el nuestro, no se concebiría una ley semejante, tan sumamente injusta y desequilibrada. En muchos países de nuestro entorno la entrega de la casa acaba con la deuda. Eso no sólo permite que las personas puedan rehacer sus vidas, sino que también es un freno (lo hubiera sido) para algunas de las prácticas torticeras, como las han llamado estos jueces (yo diría tramposas) de los bancos.
Y aun así, los políticos hablan todo del paro y casi nada de la vivienda. Seguramente porque enfrentarse al problema de la vivienda exige decisiones concretas que darían resultados inmediatos, mientras que el paro permite que sigan hablando de austeridad, crecimiento, Europa, la crisis, la prima de riesgo, la troika, los emprendedores, los hedge funds, los bonos basura, las agencias de calificación, el déficit y demás. Arreglar el paro implica tomar decenas de decisiones políticas difíciles de captar por la ciudadanía, es algo difuso, es fácil prometer y también no cumplir, entre otras cosas porque no hay promesas concretas que pasen factura y porque, finalmente, no depende únicamente de las decisiones que se tomen aquí. Además, y por si fuera poco, se puede hacer cualquier cosa y decir que es para arreglar el paro: bajar los sueldos, acabar con lo público, modificar la constitución, subir o bajar los impuestos, favorecer los despidos (?), desregularizarlo todo, bajar las pensiones, aumentar la jornada laboral, quitar las vacaciones…siempre se puede decir que es para acabar con el paro.
Como deja bien claro el informe de los jueces sobre la vivienda es posible tomar decisiones concretas que no requieren cambios estructurales, pero que significarían una enorme diferencia para las vidas de la gente. No sólo la dación en pago, que tiene que ser retroactiva, sino la posibilidad de demorar o paralizar el pago de la hipoteca en caso de desempleo, enfermedad o desgracia familiar, de convertir la hipoteca en alquiler social, de renegociar aquella… Pero no, los problemas concretos, con una solución posible, son invisibilizados por la clase política y también, en parte, por los medios que ofrecen una información espectacularizada, que no suele explicar qué soluciones se aplican en otros países o qué soluciones podrían tomarse aquí con relativa facilidad. Que la vivienda tiene que ser un bien casi inaccesible es una cuestión que en España, desde la infausta ley de Boyer, se ha naturalizado con una rapidez pasmosa.
Aquí no ha habido nunca una auténtica política de vivienda social que se haya tomado en serio este derecho. Convivimos con leyes del XIX y el PSOE no hizo nada cuando pudo en contra de los intereses hipotecarios de los bancos. Ahora, después de la llamada de atención de los jueces y estando en la situación en la que está el partido, parece que ya se ha dado por aludido, pero propone, otra vez, medidas insuficientes y timoratas. Luego se extrañan de que estemos hartos. Lo normal sería que el Parlamento dedicara un pleno, o varios, a discutir el asunto, a ofrecer datos, a discutir sobre cambiar el procedimiento judicial de desahucio, sobre la dación en pago, sobre las políticas de vivienda pública que se hacen o dejan de hacerse; a discutir sobre la quita o la moratoria de estas deudas, sobre la flexibilización de las mismas, sobre por qué se rescata a los bancos con nuestro dinero y se permite que estos mismos bancos desahucien a las familias que han contribuido a rescatarles a ellos, sobre medidas concretas… nada de esto.
Creo sinceramente que a la clase política no le gusta descender a los problemas reales de la gente porque puede encontrarse con que ya lo hemos discutido por ellos y que tenemos soluciones reales y perfectamente aplicables. La calle bulle de dolor, de malestar, pero también de propuestas ciudadanas acerca de qué hacer con el drama de los desahucios y de la imposibilidad de acceder a una vivienda en condiciones soportables. La gente se organiza, abre asociaciones de apoyo y ayuda a las personas y familias en riesgo de desahucio. Las asociaciones convocan protestas y manifestaciones y con muchísimo esfuerzo consiguen firmas para eso que se llama ILP (iniciativa legislativa Popular) que los partidos despachan en 20 minutos. Estas iniciativas recogen algunas de las verdaderas preocupaciones de la gente; aquello sobre lo que la gente quiere que los políticos hablen, no aquello sobre lo que los políticos prefieren hablar. El desprecio de todos los partidos por estas iniciativas es paradigmático de la manera en que entienden la política: algo que ellos guisan y que luego nos comemos nosotros, aunque nos produzca arcadas.
Por todo esto, por mucho que el partido socialista hable y hable de “otra” salida a la crisis y nos informe de que el Partido Popular carga el peso de la misma contra los débiles, cosa que hemos tenido ocasión de sobra para comprobar, para volver a ser creíble, tiene que decir de una vez en qué consiste esa otra manera de salir; tiene que proponer alguna medida concreta más allá de vaguedades y de elevar la voz en los debates parlamentarios. No soportamos más ver a los diputados y diputadas pateando, riéndose, dando golpes contra sus escaños, elevando la voz enfáticamente…para no decir nada que nos importe de verdad. Ese teatro nos tiene hartos. ¿Qué proponen para evitar el drama de los desahucios? ¿Van a ser tan amables de reunirse con la ciudadanía organizada como han hecho un grupo de diputados alemanes?
La impresión que tenemos es la de que los partidos están esperando que escampe para poder seguir a sus cosas. Otra posibilidad es que lleven tantos años haciendo este tipo de política que no sean conscientes de que ya no vale; que lleven tantos años repitiendo esas vaguedades insustanciales por una parte, y teniendo que lidiar con problemas “macro”, que se hayan olvidado que su obligación es tener presente en todo momento que lo que queremos es una vida vivible y que ésta se compone de cosas concretas, que exigimos soluciones concretas a problemas concretos. “Más Europa”, “otra salida”, “apoyar a los débiles” “alianza con los sectores progresistas” etc. sin propuestas concretas no nos vale. Me da igual de donde venga la izquierda que tiene que venir, me da igual que se llame PSOE o tenga el nombre de un nuevo partido. Me inclino por pensar que lo que ha adquirido tal nivel de anquilosamiento no puede ponerse de repente a andar, pero si lo hace bienvenido sea, y sí no, que vengan otros. Si la política no ayuda lo que venga será peor; para nosotros, claro, no para ellos.
* Beatriz Gimeno es escritora y expresidenta de la FELGT (Federación Española de Lesbianas, Gays y Transexuales)
* Crónica agradece a la autora que comparta siempre sus artículos con nuestros lectores.
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