La imposición de tasas judiciales decretada por el gobierno de Rajoy con el concurso del ministro de la cosa Ruiz Gallardón es la puntilla a la democracia que nos hemos dado en el posfranquismo. Treinta y cinco años de democracia, de Estado democrático, para ir a parar al foso sin fondo que está siendo el gobierno del PP. O sea, de la derechona de toda la vida.
Ha bastado que surjan dificultades financieras lógicas en el sistema capitalista donde el objetivo del lucro sin límites es su leit motiv, caiga quien caiga, para que este gobierno se quite la careta de demócrata y se dedique a desmontar pieza tras pieza el entramado constitucional construido con tanto esfuerzo y tesón por quienes de una manera u otra lucharon contra la interminable noche franquista. No se puede admitir este ataque frontal a la única institución que, dígase lo que se diga, es la espina dorsal de la democracia que tenemos: la Justicia. La Justicia con mayúsculas es el último agarre que tiene el ciudadano sin medios económicos o con medios escasos o limitados para que la igualdad que proclama nuestra Constitución no sea una quimera. El último recurso que le queda a un ciudadano de a pie para defenderse de la injusticia y de la presión cuando no de la opresión del sistema son los jueces y tribunales. Es el último baluarte donde recurrir para no verse arrastrado por la estupidez, la prepotencia e incluso el abuso del poder de la Administración Pública. No queda otro, y ahora éste también lo quieren eliminar.
No estamos ante una tasa más. Estamos ante la tasa que elimina de un plumazo todos los derechos ciudadanos. Porque si no se puede acudir a la Justicia en igualdad de condiciones con el poderoso, con el conjunto de personas y entes que organizados conforman la plutocracia dirigente del país, la arbitrariedad y la iniquidad se enseñorea de la sociedad. Si no se puede recurrir a los tribunales de justicia cuando el poder somete al ciudadano a las mil y una manera que tiene de acoso social, la libertad se resquebraja y la democracia se prostituye sin remedio.
Esta imposición de tasas desmedida y contraria no solo a la letra sino también al espíritu de la Constitución, se opone flagrantemente a la tutela judicial efectiva y a la igualdad de todos ante la ley. Está, además, basada en un falaz argumento: la litigiosidad en Francia, con más población que España, es menor, dicen. Si las comparaciones suelen ser odiosas, cuando se acometen sin facilitar dato alguno que permita evaluar las diferencia se convierte en la gran mentira cotidiana de los actuales gobernantes. Ni refieren la diferente organización de ambos Estados, ni la eficacia de los controles institucionales de la administración pública, ni el respeto por los ciudadanos de la ley. Estamos, una vez más, ante la verdad a medias de nuestros gobernantes, que cualquiera diría que se han planteado socavar el sistema hasta su derrumbe.
Para entender hacia dónde vamos, es necesario preguntarse a quién beneficia este nuevo recorte, y se verá, una vez más, que a los de siempre. Es decir, a los que más tienen. La segunda pregunta es, ¿hasta cuándo?
* Jesús León es abogado y ex diputado provincial de EUPV
* Crónica agradece al autor que siempre comparta sus opiniones con nuestros lectores
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