Tras la última medida draconiana de Rajoy y su ministro de (in)justicia, Ruiz-Gallardón, con la publicación de la Orden por la que se aprueba el procedimiento de pago de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso administrativo y social „es decir, la imposición de tasas en la Administración de justicia„ el Gobierno del PP se ha cubierto de gloria. Sin duda ha superado con creces a Dracón, legislador de Atenas a quien se le atribuye una legislación cruel en sus castigos y en sus leyes excesivamente severas, lo que hallándonos ya bien entrados en el siglo XXI, aparece como una acción desproporcionada, irrespetuosa, cuando no chulesca, con la ciudadanía y con los colectivos directamente comprometidos en la labor cotidiana con la Administración de justicia.
Llama la atención que un profesional del Derecho „fiscal de carrera, por más señas„ pueda llegar tan lejos. Se trata de un hombre que parecía moderado, dentro del mundo conservador político, lo que hace pensar que, el ejercicio del poder puede generar situaciones rayanas en la desmesura, incluso en un Estado democrático y de derecho como el nuestro.
La medida va contra los que menos tienen, es cierto. Pero aún es más perjudicial para quienes teniendo algo no pueden adscribirse al sector marginal de la sociedad. Incide frontalmente en las clases medias, que para los dirigentes del PP, increíblemente, parece ser el grupo social a batir tras rematar al tercio social más débil desde el punto de vista económico, en esta especie de locura política que padecen.
Está visto que a quien no tiene escrúpulos para llegar al poder „y menos si éste se logra con una mayoría absoluta, aunque sea mediante falsas promesas, sobre la base de una economía y sociedad en grave crisis„ no se le pueden dar siquiera ideas, por muy bienintencionadas que éstas sean, aunque estén en el fondo equivocadas. A este ministro no le repugna atacar al Poder Judicial, a los miembros de la judicatura en su aspecto más sensible. Por un lado, pretende que éstos le han sugerido que las tasas eran convenientes, obviando la cuantía de las mismas, y por lo tanto, dice, se contradicen. Y por otro, les desacredita ante la opinión pública de manera severa, acusándoles de que en el fondo, su movilización contra las medidas gubernamentales lo son por el mero y vil metal. Se obvia la defensa de cualquier valor constitucional o jurisdiccional, lo que raya en lo barriobajero.
En definitiva, si un Gobierno con su presidente al frente, y un ministro de la carrera judicial, dan un hachazo tan salvaje a un derecho tan fundamental como la tutela judicial efectiva, sin la cual la igualdad es una quimera, convirtiendo en papel mojado la Constitución, se hace necesario expresar un rechazo democrático radical y unitario a lo que es una clara ofensa al Estado de Derecho y al sistema democrático que lo respalda. No queda otra.
* Jesús León es abogado y exdiputado provincial de Esquerra Unida
* Crónica agradece al autor su decisión de compartir todos sus artículos de opinión con nuestros lectores
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