Si el Gobierno valenciano prometió a principios de 2012, como muestra de absoluto compromiso con el control del déficit, por boca del vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, que los altos cargos de la Generalitat se bajarían el sueldo en la misma proporción que se rebasara el objeto del déficit del 1,5 % del PIB, y habiendo ascendido, nada menos que al 3,45 %. Es evidente que todos los altos cargos de la Generalitat deberán reducírselo en un 1,95 %, sin excusa alguna, ¡qué menos siendo los más deficitarios de España! Quiero creer que Císcar cumplirá su palabra y la hará cumplir a todo al que le afecte tal promesa pública. Lo contrario resultaría una tomadura de pelo más para la sociedad que tan mal se lo está pasando en general a consecuencia de la política de despilfarro del PP durante tantos años en la Comunitat Valenciana.
Es cierto que tal reducción de sueldos ni le va a afectar mucho a tales altos cargos ni tampoco supondrá una solución al problema, pero sin duda sería un ejemplo mínimo de pudor y vergüenza política ante la indignada ciudadanía en la desventurada situación por la se le está haciendo pasar, a la que se le recorta hasta el alma. Aunque bien pensado, quizás lo mejor sería que se utilizara el recurso legal de adelantar las elecciones, a fin de que un nuevo parlamento y un nuevo gobierno afrontaran con energía la regeneración política vital y urgente que se necesita en estos momentos. Es difícil pensar que el mismo partido que ha llevado a la comunidad a este trance de descrédito, y miseria pueda, realmente, enderezar la situación, sobre todo, sin causar más estragos a los que menos tienen y a los que más derechos se les han incautado. El secretario general del PPCV, Serafín Castellano, no debe preocuparse si abandonan el barco, pues debería saber que muy pocos valencianos le iban a reprochar tal decisión con los casi insuperables problemas que han causado por su descontrol del gasto, por su impericia y negligencia a la hora de controlar y vigilar de cerca las múltiples corruptelas y corrupciones que han aflorado en la gestión de la Administración pública. Por el incremento salvaje del desempleo, el deterioro de la sanidad y la escuela públicas y servicios sociales; sin olvidar el descrédito irrecuperable ante los proveedores de toda índole de la administración autonómica, como los suministros hospitalarios, farmacéuticos, etcétera. Hay casos, como el que nos ocupa, en que es preferible que los altos cargos del PP estén solo a las maduras, ya no hay remedio; y dejen las duras para que otros con más sentido común y espíritu de justicia e igualdad dirijan el timón de este barco a la deriva y a punto de naufragar.
* Jesús León es abogado y exdiputado provincial en Valencia de Esquerra Unida
* Crónica agradece al autor que siempre comparta su opinión con nuestros lectores
Cap comentari: