El mal llamado grupo de expertos que ha estado trabajando sobre el sistema público de pensiones ha remitido su informe al Gobierno y ha logrado su objetivo. Este no era otro que la sociedad empezase a internalizar lo que el lobby de las compañías de seguros lleva años repitiendo: que el sistema público de pensiones está cerca de su colapso, que este sistema no es el más eficiente y que lo óptimo es un modelo de capitalización individual. Este dictamen ha contado, de forma sorprendente, con el voto favorable del representante de CCOO, Miguel Ángel García, quien, junto con el de UGT, Santos Ruesga, era en la práctica un convidado de piedra en el grupo, cuyo presidente, el catedrático Víctior Pérez Díaz, mantiene vínculos estrechos con la fundación conservadora FAES.
Habrá que conocer los motivos profundos que llevaron al representante de CCOO a romper la unidad sindical en un terreno tan sensible. Sin entrar a valorar su posicionamiento, las dos organizaciones sindicales están claramente en contra de desmontar el sistema público de pensiones y de introducir mecanismos que reduzcan de facto las pensiones nominales del conjunto de jubilados. Miguel Angel García no formaba parte del grupo de expertos a título personal, sino que actuaba como representante de una organización sindical.
El primer gran error de los sindicatos y partidos de izquierda ha sido aceptar la creación de este grupo para reformar, en un tiempo récord, todo el sistema público de pensiones. El mecanismo elegido ha sido, en sí mismo, una trampa que trata de disfrazar de dictamen técnico lo que es una solución eminentemente política e ideológica. No hay que olvidar que, de los doce miembros, nueve son contrarios a la existencia de un sistema público, lo cual debió ser causa suficiente para que se inhibieran en su dictamen y en cualquier poder para modificarlo.
El voto y la explicación del representante de CCOO presentan incoherencias y errores conceptuales, sobre todo al justificar la incorporación de la esperanza de vida en el cálculo futuro de las pensiones. García escribe que “a legislación constante, el aumento en la esperanza de vida significará una disminución de la pensión inicial, porque el pensionista la cobrará durante más tiempo”.
Con esta afirmación está asumiendo el sistema de pensiones público, que es de reparto –es decir. de transferencia de renta entre generaciones–, como si fuese un sistema de pensiones privado, que es de capitalización. Sólo en los sistemas privados de capitalización, la prestación futura depende de la esperanza de vida del beneficiario. En este caso, cuando una persona se jubila, empieza a recibir periódicamente parte de la aportación realizada, más los intereses que generen las inversiones que con ese dinero se hayan realizado. Por tanto, en función de cuándo realice la contratación de dicho plan, y en función de su esperanza de vida, cobrará una cantidad u otra.
En un sistema público de reparto, por el contrario, el volumen y cuantía de las prestaciones futuras vienen determinados por los ingresos de la caja común. Esta caja común dependerá de las cotizaciones futuras, del nivel salarial futuro, que tenderá a crecer si hay aumentos de productividad y si el poder de negociación sindical es importante. Obviamente, también hay que considerar el número de cotizantes.
Además de esta confusión conceptual, el insigne representante de CCOO omite que la separación de fuentes de financiación aprobada en el 1997 otorga al Ejecutivo y al Legislativo, en el marco del Pacto de Toledo, la discrecionalidad de financiar los déficits coyunturales de la Seguridad Social con impuestos y/o deuda. Esta facultad, que es eminentemente política e ideológica, parece ser rechazada por los que han redactado el informe y cuya mayoría ha subyugado al representante de CCOO.
Por lo tanto, y por mucho que se diga lo contrario, la decisión del representante de CCOO de votar a favor del dictamen no es estrictamente técnica, máxime cuando llevaba un mandato confederal, aunque no lo reconozca. Peor aún es que sus errores conceptuales le hayan llevado al terreno preferido de los representantes del lobby de seguros. Ese giro del voto debería en algún momento ser explicado de manera convincente. También se debe una explicación a la sociedad sobre la ausencia de técnicos cualificados en el Ministerio de Empleo, Hacienda y Seguridad Social que podrían haber realizado un exhaustivo informe desde la defensa del sistema público, que a la postre es lo que la mayoría social quiere salvar de verdad. Pero los que lo han realizado prefieren mayoritariamente un sistema privado de capitalización puro. Y han logrado convencer al reprentante de CCOO. ALEJANDRO INURRIETA //
* Publicado en Lamarea
* Crónica lo ha seleccionado por la importancia del hecho y la explicación que da el artículo.
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