A pesar de los votos en contra de Andalucía, Canarias, Asturias y Cataluña, el gobierno central acaba de decidir el nivel de déficit máximo que deben presentar las comunidades autónomas para el año 2013 y 2014, que será del 1,3 y 1%, respectivamente. El nuevo margen de dos puntos de déficit que la Unión Europea concedió a España se lo apropia la administración central, de forma que todo el ajuste recaerá sobre los gobiernos autonómicos. Se trata de una maniobra abusiva e injusta que provocará una intensificación de los recortes de gasto público y aumentos de impuestos en las comunidades autónomas y no tanto en el Estado. El objetivo es claro: se trata de que la mala imagen política que supone atentar contra los derechos de la ciudadanía se la lleven los gobiernos autonómicos, de forma que el gobierno central pueda tener un cierto respiro en este sentido.
Pero cuando hablemos de compromisos en materia de déficits fiscales no podemos perder de vista una cosa. Y es que a pesar de que nos los suelan vender como la amarga medicina que debemos tomarnos para superar la enfermedad, la única realidad es que de medicina no tienen nada; más bien se trata de medidas que agudizan la enfermedad. Disminuir el déficit, especialmente a ritmos tan acelerados y sin ninguna estrategia a medio plazo, no significa otra cosa que aumentar los impuestos y recortar en gasto público. Ambos fenómenos son perjudiciales para la actividad económica (sobre todo porque los gobiernos suelen aumentar los ingresos más regresivos), ya que reducen la capacidad adquisitiva de los agentes económicos, tanto de pequeñas y medianas empresas como de las familias. El resultado es que la gente consume menos y las empresas invierten menos, lo que afecta negativamente a la actividad económica. Con una actividad económica deteriorada, se producen menos transacciones y las administraciones públicas recaudan menos. Si el sector público recauda menos, el déficit no disminuye, porque lo que se gana reduciendo el gasto público se pierde con los menores ingresos. Es decir, reducir gastos y aumentar impuestos al final no tiene por qué reducir el déficit. De hecho, puede incluso aumentarlo, en cuyo caso estaríamos presenciando un círculo vicioso bastante preocupante.
En España el problema de la pérdida de poder adquisitivo es muy destacable. Esto no solo empobrece a los ciudadanos, sino también a las empresas porque no encuentran los clientes suficientes para seguir manteniendo su actividad. Así lo recoge un informe reciente del Banco Central Europeo, en cuyas páginas podemos observar que el principal problema de las pequeñas y medianas empresas españolas es la falta de clientes. Y en ello tienen mucha culpa los ajustes aplicados para reducir los niveles de déficit.
En España ya llevamos tres años de recortes orientados a disminuir el déficit, tras la primera embestida del gobierno de Zapatero en mayo de 2010. Para entonces, el déficit fiscal había alcanzado el 11,2% sobre el PIB. A finales de 2010, y a pesar de los duros recortes, el déficit sólo se redujo hasta la cota del 9,7%. Tras nuevos y agresivos recortes, un año más tarde únicamente se había reducido en 3 décimas hasta presentar un 9,4%. Por último, a final del año 2012, y después de importantes aumentos de impuestos y disminuciones de gastos, el déficit no sólo no había menguado sino que se había incrementado hasta alcanzar el 10,6%. En el caso español la evidencia empírica demuestra lo que sospechábamos: los recortes no han logrado reducir eficazmente el déficit.
Pero podemos ir más allá y echarle un vistazo a los datos del país que ha sufrido los recortes más salvajes y colosales de todos: Grecia. En 2009 presentaba un déficit mastodóntico del 15,6% sobre el PIB. Tras cuatro años de duros recortes y aumentos de impuestos, el nivel es del 10%. Parecería que en cierto modo el ajuste fiscal ha tenido éxito si no fuera porque esa reducción la lograron en el año 2010, y desde entonces el saldo fiscal no se ha inmutado (incluso aumentó desde 2011 a 2012) –y todo ello sin mencionar el fracaso que supone no haberlo disminuido por debajo de la elevadísima cifra del 10%.
En el caso de Portugal, extraemos conclusiones similares. El gobierno portugués redujo el déficit en 5,4 puntos porcentuales desde 2010 a 2011, pero en 2012 el saldo ha vuelto a aumentar en 2 puntos, a pesar de haber incrementado la presión del ajuste fiscal en este último año.
Así las cosas, parece bastante evidente que el camino para reducir el déficit no debe basarse en este tipo de políticas de ajuste fiscal caracterizadas por aumentos de impuestos regresivos y gigantescos recortes de gasto público. Lo que sorprende es ver cómo los dirigentes europeos y nacionales siguen empeñados en la misma cantinela de siempre, a pesar de que la evidencia empírica, y también la lógica más simple, revelen la inutilidad de la misma. Ahora resulta que el gobierno central, para salvar su imagen, le va a echar el muerto a los gobiernos autonómicos. Lo que ocurre es que no se trata de un simple muerto que vaya a pudrirse y desaparecer bajo esas alfombras que son las comunidades autónomas, sino que la enfermedad que provocó la muerte del cuerpo permanecerá, se hará crónica y terminará afectando de nuevo a su lugar de origen. Es lo que tiene haber recetado las medicinas equivocadas.
* Eduardo Garzón es economista
* Crónica agradece al autor este artículo publicado también en Andaluces.es
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