El aforamiento, el gin tonic y otras veleidades por Isabel Elbal

Hallábase investigando el Juez Castro la causa relacionada con Iñaki Urdangarín y su ex socio Diego Torres, respecto a sus manejos desde el Instituto Noos para recabar fondos públicos de forma ilícita, cuando se topó con la presunta actividad de la infanta Cristina en dichos negocios.

Comenzó a investigar el patrimonio de la hija del Rey (con permiso de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca) y se encontró con una transferencia realizada por el monarca, a favor de la infanta y de su marido, por importe de 1,2 millones de euros. Evidentemente, como D. Juan Carlos de Borbón y Borbón tiene asignada una cantidad anual a cargo de los Presupuestos Generales claramente inferior a dicho importe, el juez decidió investigar el origen de aquel dinero, que tan generosamente prestaba el padre a su hija y a su yerno.

Paralelamente, el juez Castro dio con la presunta implicación de dos altos cargos, Rita Barberá y Francisco Camps, en la realización de acuerdos verbales para que el Instituto Noos se hiciera cargo de varios eventos: Valencia Summit y Juegos Europeos en la ciudad de Valencia. Dichos acuerdos, más tarde se materializaron en contratos públicos ocultos bajo la forma de “convenios” y remunerados en la partida de “subvenciones”.

Ante la existencia de aforados, en cumplimiento de la ley, el Juez Castro elevó Exposición Razonada al TSJ de Valencia, para que investigara los hechos presuntamente ocurridos en Valencia, en los que habían intervenido estos dos altos cargos.

En respuesta a este escrito del juez y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, la Fiscalía Anticorrupción propone que la investigación en el TSJ de Valencia no se limite a los hechos ocurridos en Valencia sino que incluya también los cometidos en Baleares. Traducido al lenguaje común significa que el juez Castro deje de investigar todo lo concerniente al Instituto Noos; que deje de indagar sobre otras sociedades, como Aizon, instrumento creado para, siempre presuntamente, blanquear capital y eludir el pago al fisco por sus dos socios, Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina. Cómo no, también tendría que cesar en la investigación sobre el préstamo del Rey a su hija, de 1,2 millones de euros.

El informe de la Fiscalía es técnicamente insuperable: describe las conductas de los principales imputados en los hechos cometidos en Valencia, detalla los delitos presuntamente cometidos y deslinda la responsabilidad de cada interviniente, incluidos Camps y Barberá.

Sin embargo, en el apartado VI.A) de su informe, éste comienza a perder ritmo (digamos, se tambalea), defendiendo lo indefendible, que el TSJ de Valencia, también debiera investigar los hechos presuntamente cometidos en territorio de Baleares, en relación con otros “negocios” llevados a cabo entre el Instituto Noos y otras corporaciones públicas de allí.

Invoca implícitamente, para ello, el criterio de conexidad subjetiva, ante el imaginado peligro de que la causa entera se rompa y se divida. Este criterio, recordemos, ya fue empleado para que el juez Pablo Ruz se quedara con la causa denominada ‘papeles Bárcenas’, pues había que investigar en un solo juzgado todo lo concerniente a Luis Bárcenas; a fecha actual nos encontramos, incluso, con pruebas destruidas.

En esta investigación sobre los hechos presuntamente cometidos por Iñaki Urdangarín, su ex socio y otros imputados, entiende la Fiscalía que el TSJ de Valencia debiera investigar todo lo relacionado con el Instituto Noos y los dos principales imputados, es decir, de nuevo la conexidad subjetiva.

Con independencia de las críticas que pudiera merecer el aforamiento, ese anacronismo que no tiene sentido en un Estado de Derecho, lo cierto es que nos encontramos, nuevamente, con la confusión de tomar la parte por el todo.

Si la Gürtel es un donante de los muchos que aparecen en los ‘papeles de Bárcenas’, los hechos presuntamente cometidos en la organización de Valencia Summit y de los Juegos Europeos forman una parte absolutamente deslindable de la trama presuntamente urdida por Iñaki Urdangarín y Diego Torres para enriquecerse ilícitamente con fondos públicos en Palma de Mallorca.

A nadie se le escapa que la preocupación por que determinados jueces investiguen exhaustivamente causas de gran relevancia social y repercusión política e institucional ha llevado al camino de la creación de “macro causas”, de gran complejidad en su tramitación, con el fin de buscar el órgano judicial más conveniente para la ocasión. O dicho de otra forma, me atrevería a decir que el objetivo no sería tanto buscar un destino concreto sino escapar del atolladero que supone la investigación realizada por un juez imparcial, que no se pliega a presiones de ningún tipo, aunque se tome un gin tonic con una de las partes, cosa que en nada afecta a la imparcialidad y que, dudo se hubiese hecho público si se tratase de un abogado en lugar de una abogada.