Artículo sobre las graves consecuencias que tendrá para la ciuadanía la reforma de la Administración Local que proyecto el Gobierno. Por Julio Conesa, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO PV, F. Caballero, de UGT PV y J. Arcos, de CSI-F.
"Este proyecto excluye directamente de las competencias municipales los servicios sociales, como educación y sanidad."
Estos días se está debatiendo la reforma de la Administración local cuyo proyecto de ley fue aprobado en el Consejo de Ministros el pasado 26 de julio, iniciando su trámite por vía abreviada con objeto de aprobarlo antes de que acabe el año. Tanto CC OO, como UGT y CSI·F hemos pedido su retirada y la promoción de un amplio debate social sobre el modelo de administración local necesario. Bajo tres premisas imprescindibles: la norma debe nacer del consenso, tener vocación de continuidad y no afectar negativamente al bienestar social de la ciudadanía.
Sin embargo, este proyecto va en dirección opuesta: invade el derecho de los municipios a autoorganizarse, vacía la capacidad de gestión de los ayuntamientos de los municipios de menos de 20.000 habitantes y excluye directamente de las competencias municipales servicios sociales „educación y sanidad„ mermando, en definitiva, los servicios a la ciudadanía que desde el ámbito local se prestan. Potencia la supresión y las privatizaciones de servicios. Implica una importante pérdida de capacidad política y económica de los ayuntamientos, así como una pérdida de participación social directa acabando con el municipalismo de proximidad y alejando a los ciudadanos de la Administración más cercana, volviendo así a la situación existente en los años 40 del siglo pasado. No garantiza que cada Administración tenga el nivel de financiación adecuado a los servicios que presta a la ciudadanía.
Desde la aprobación de la Ley de Bases de Régimen Local en 1985, la llamada segunda descentralización de las comunidades autónomas hacia los gobiernos locales no se ha producido, a pesar de la importante transformación social que en este período se ha experimentado en los municipios. El desarrollo del Estado de Bienestar ha supuesto un notable incremento de servicios en el ámbito municipal para atender la creciente demanda ciudadana. Pero la implantación de estos servicios no ha contado con una financiación adecuada y estable por parte de las instituciones competentes en la materia.
No es verdad la justificación de que es necesario ajustar su contenido a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el Control del Déficit Público. Según datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas, las entidades locales son las Administraciones con menor déficit: -0,20 %, frente al -1,73 % de las comunidades autónomas y el -6,98 % de la Administración central (éste se incrementaría en un 3,25 % si se incluyen las ayudas a la banca).
Por todo ello, las organizaciones sindicales junto a un buen número de alcaldes, así como sus concejales y concejalas nos concentraremos este 30 de octubre a las 11 de la mañana en la puerta del Ayuntamiento de Valencia, para después acudir a la Delegación del Gobierno en Valencia y entregar escritos de protesta por los efectos negativos de la reforma de la Administración local.
Impacto local
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