La última Reforma Laboral de PP y CIU ha profundizado en este modelo perverso para las mujeres
El Gobierno Rajoy, en lo que parece un capitulo más de su campaña electoral sostenida, ha presentado lo que llama el Plan de apoyo la Familia.
Entre las medidas anunciadas aparece una relacionada con las pensiones de las mujeres que hayan tenido hijos, que requiere cuanto menos una concreción por parte del Gobierno y sobre todo exige un debate social.
Del documento presentado en la Comisión del Pacto de Toledo se desprende que para el Gobierno esta es una medida de apoyo a la maternidad, que se concreta cuando las mujeres cumplan 65/67 años.
El Gobierno hace un diagnóstico sobre la baja natalidad en España, incluso lo relaciona con la situación de discriminación de las mujeres en el mercado de trabajo.Pero lo hace como si fuera un analista externo sin responsabilidades en esta situación.
Por supuesto en su análisis el Gobierno se olvida de analizar que papel juegan en esta discriminación la Reforma Laboral de PP y CIU. Su impulso del contrato a tiempo parcial, especialmente para mujeres. La desregulación de las condiciones de trabajo que ha impuesto y la concesión a las empresas de la facultad de modificar unilateralmente horarios y jornadas a las trabajadoras.
En su olvido analítico, el Gobierno tampoco identifica como causas de esta caída de la natalidad la clara insuficiencia de las políticas sociales, de atención a las personas, de escuelas infantiles y de servicios a la dependencia.
Por supuesto tampoco aborda como afecta la estructura de sociedad patriarcal de reparto del empleo y de las tareas. Lo de repartir el empleo para compartir el trabajo no está en su horizonte.
En resumen en vez de abordar las causas de esta baja natalidad y de la discriminación de las mujeres el Gobierno dice querer compensarlo cuando estas mujeres se jubilan.
Así plantea la posibilidad de en el futuro y solo para las futuras pensionistas de complementar la pensión inicial de las mujeres que hayan tenido 2 o más hijos.
El documento del Gobierno concreta muy poco su propuesta que tiene muchos interrogantes, bastantes aristas y algunas trampas. Por eso sugiero algunas reflexiones para un debate social, que me parece imprescindible.
La primera tiene que ver con la forma escogida para presentar esta propuesta. Uno de los objetivos compartidos del Pacto de Toledo fue, y debiera continuar siendo, evitar la manipulación grosera de los partidos gobernantes, especialmente en épocas electorales.
Quiero recordar que durante esta legislatura, el Gobierno y el PP han dejado herido de muerte al Pacto de Toledo, al incumplir sus acuerdos, no convocarlo salvo cuando era de su interés y negándose a debatir las propuestas de todos los grupos de la Cámara, menos el PP que le hemos hecho.
La segunda reflexión gira sobre la necesidad que las reformas de las pensiones se hagan con un enfoque global, en que se analicen los gastos, es decir la evolución de las pensiones, pero sobre todo los ingresos que es el principal reto de nuestro sistema de seguridad social. Y que las reformas no se hagan a trozos, a retales. Es la única manera de evitar más ineficiencias y grandes injusticias.
La tercera tiene que ver con el análisis de las fuertes discriminaciones de genero que sufren las mujeres en el trabajo y que se reproducen en el sistema de seguridad social. No en vano nuestro sistema es contributivo y existe una relación directa muy fuerte entre salarios, cotizaciones aportadas y pensiones recibidas.
La manera de encarar estas discriminaciones no debería ser, como propone el Gobierno Rajoy, atenuar cosméticamente las injusticias, sin abordar sus causas.
El origen profundo de esta fuerte discriminación de las mujeres en el trabajo es un modelo de sociedad muy patriarcal que castiga a las mujeres por varias vías. Se especializa a las mujeres en puestos de trabajo a tiempo parcial, para que puedan continuar desarrollando dobles y triples jornadas. Se les encarga trabajos con mucha consideración social – atención a personas- pero poca consideración laboral. Se les impide o dificulta la compatibilidad de ser persona y trabajadora al mismo tiempo. Eso sucede también con los hombres, pero el factor maternidad recrudece en las mujeres el impacto negativo.
La última Reforma Laboral de PP y CIU ha profundizado en este modelo perverso para las mujeres.
Junto a estos factores relacionados directamente al mercado de trabajo, existen otros que tienen que ver con la legislación de seguridad social que penaliza los contratos a tiempo parcial o la situación de maternidad o las reducciones de jornadas para atender a hijos menores o discapacitados. Son muchas las situaciones identificadas y las propuestas presentadas durante esta legislatura, que el Gobierno y el PP han rechazado.
El criterio general seria que las mujeres no vieran reducidas sus cotizaciones como consecuencia de la maternidad o de reducciones de jornada para atender hijos o de permisos parentales – tampoco los hombres que los utilicen-. Y la manera de hacerlo pasa por cubrir con aportaciones públicas los vacíos de cotización o las caídas de cotización derivados de estos supuestos.
Así de esta manera se abordaría el problema desde su origen y actuando sobre sus causas, no sobre sus efectos y manteniendo las causas discriminatorias que es lo que hace el PP.
El cuarto plano pasa por abordar, en el supuesto de decidirse una mejora en las pensiones de las mujeres, a qué supuestos beneficiaria y en qué condiciones. Una buena parte de las discriminaciones salariales y de rebote en pensiones se producen de manera generalizada en todas las mujeres y con mayor intensidad en mujeres con salarios bajos. Estos son dos parámetros que la propuesta del Gobierno ignora. No parecería pues lógico limitar esta mejora solo a mujeres con hijos, salvo que el objetivo sea otro. Si así se hiciera se produciría una discriminación entre mujeres en función de su maternidad o no. Y tampoco parece lógico que se aplique igual a las pensiones mínimas que a las máximas, cuando la discriminación es más intensa en los tramos bajos. Si así se hiciera se estaría produciendo una doble discriminación.
Si el objetivo es facilitar la maternidad y la asunción compartida de responsabilidades, las políticas pasan por actuar en el momento del nacimiento de los hijos y en sus primeros años. Sobre todo a partir de políticas puestas en marcha en otros países que permiten compatibilizar sin costes negativos las responsabilidades de madres y padres con sus hijos. Permisos con salario y cotizaciones sociales en los primeros años de vida, entre otros.
El quinto aspecto a reflexionar es sobre el momento de entrada en vigor esta medida. Si se trata de beneficiar a las mujeres pensionistas que se han podido ver afectadas en sus carreras laborales de cotización, lo lógico es que fuera también para las que ya hoy son pensionistas. En este tema, la discriminación es mayor cuanto más tiempo hace que la persona es pensionista. Porque en épocas pasadas el impacto discriminatorio fue brutal. Por tanto no tendría sentido que esta mejora solo se aplicara a las mujeres que pasen a ser pensionistas a partir del 1 de enero del 2016, cuando la discriminación mayor se produce con las que hoy son ya pensionistas. En este caso a la discriminación de genero y de clase se le sumaria la discriminación de edad. Absurdo total.
Además de la barbaridad que supondría que la mejora beneficie a quienes se jubilen el 2 de enero del 2016 y no a las jubiladas el 14 de diciembre del 2015.
Y por último y no por ello menos importante debe discutirse como se financiaría esta mejora de las pensiones. Durante esta legislatura el Gobierno ha adoptado medidas de mucho impacto negativo en las pensiones con la excusa de la estabilidad financiera del sistema.
El PP se ha cargado la revalorización automática de las pensiones y ha regulado un nuevo sistema de calculo que reduce las expectativas de las futuras pensiones. El argumento utilizado de manera machacona es la insostenibilidad de nuestro sistema de pensiones.
Desde el 2012 el Gobierno viene utilizando el Fondo de Reserva de la Seguridad Social para cubrir los déficits anuales. De manera que de no adoptarse medidas, el Fondo tiene solo unos cuantos años de vida.
Desde las organizaciones sindicales y desde diferentes fuerzas políticas se ha planteado insistentemente al Gobierno la necesidad de abordar nuevas fuentes de financiación del sistema, especialmente aumentado los ingresos fiscales.
En este sentido cualquier mejora en las pensiones de las mujeres solo tendría sentido financiarla desde la aportación del Estado vía transferencia fiscal. Al igual que se hace con las pensiones no contributivas y con los complementos de mínimos de las pensiones contributivas. Las razones son de dos tipos, las cotizaciones sociales no tienen capacidad para aportar más recursos. De hecho no pueden ni soportar el actual peso de las pensiones contributivas.
Pero las más importante es que una medida de esta naturaleza que reconoce el derecho a una pensión mayor de aquella por la que se ha contribuido, debería ser financiada como gasto no contributivo e ir a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Es la única manera que la solidaridad que puede contener se financien con aportaciones de todos los ciudadanos y no solo con aportaciones de los trabajadores.
De lo contrario el resultado puede ser que, con el argumento de la discriminación de genero, se este adoptando una medida que conlleva fuertes discriminaciones entre las mujeres por razón de maternidad, de clase y de edad y que su financiación corre a cargo no de quien provoca la discriminación – empresas y políticas públicas- , sino del resto de trabajadoras y trabajadores. Un efecto claramente regresivo en términos sociales.
Estos son a mi entender los temas a debatir en los procesos de concertación social y en la Comisión del Pacto de Toledo. Eso claro si el Gobierno quiere ir de verdad más allá de la campaña electoral.
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