Tras la firma del nefasto memorándum por parte del gobierno de Syriza bajo explícita amenaza de expulsión del euro ha cobrado importancia el –ya antiguo– debate sobre la forma en la que una economía como la griega podría abandonar unilateralmente la moneda de la forma menos dolorosa posible. Puesto que la mayoría de estos análisis están plagados de tecnicismos y no todo el mundo está acostumbrado a ellos, comienzo una sección llamada "Salida del euro" en la cual iré recogiendo e intentando traducir a un lenguaje más sencillo las propuestas más interesantes que se vayan conociendo.
Es importante señalar que hay visiones muy distintas entre sí, lo que se explica fundamentalmente por cuatro motivos: 1) es imposible saber qué ocurriría exactamente si una economía abandona la Eurozona, puesto que no ha habido nunca una experiencia similar y porque los fenómenos económicos dependen de multitud de factores interrelacionados entre sí –muchos de los cuales dependen del libre albedrío humano, que es imposible de predecir–; 2) porque los fenómenos monetarios no son fáciles de entender y cada corriente económica los interpreta de una manera distinta –a veces incluso de una forma totalmente contrapuesta a otra–; 3) el análisis económico está siempre contaminado de la visión ideológica de su autor –cuando no directamente por sus intereses económicos y políticos–, de forma que alguien podría, por ejemplo, exagerar los perjuicios de abandonar el euro sólo porque no está de acuerdo con ello o porque le afectaría directamente; y 4) hay multitud de formas de abandonar el euro (negociadas entre todos sus integrantes, unilaterales, grupales, transitorias, instantáneas, etc), lo cual dificulta todavía mucho más el debate.
Sin embargo, ello no impide que el debate suela girar en torno a unos elementos que se repiten siempre, que son: cuánto se devaluaría la nueva moneda y qué se debería hacer, cómo se tratarían las deudas externas expresadas en euros, qué ocurriría con los depósitos bancarios de los ahorradores, qué pasaría con las exportaciones, importaciones y flujos financieros, y si supondría o no también la salida de la Unión Europea.
Comenzaré abordando una de mis propuestas preferidas: la de Warren Mosler (economista estadounidense, bróker y fundador de la Teoría Monetaria Moderna) y Philip Pilkington (periodista y asistente de investigación en la Universidad de Kingston).
La propuesta es, en realidad, sencilla, y consta de 8 puntos:
1) Una vez que el gobierno del país correspondiente anunciase que va a dejar la Eurozona, debería anunciar que todos los pagos del sector público (sueldos de empleados, pensiones, prestaciones de desempleo, etc) serán efectuados exclusivamente en la nueva moneda. Por lo tanto, el sector público dejaría de usar el euro como medio de pago, y podría cumplir todas sus obligaciones.
2) El gobierno anunciaría también que todos los pagos de impuestos (IRPF, IVA, IS, etc) se deberán pagar exclusivamente con la nueva moneda. Esto implicaría que la nueva moneda sería demandada en tanto en cuanto sería necesaria para cumplir con las obligaciones tributarias. De esta forma, el gasto del sector público sería el canal mediante el cual se inyecta progresivamente la nueva moneda en la economía, mientras que los impuestos conformarían el canal mediante el cual se drena moneda de la economía.
3) El gobierno debería anunciar que no convertirá a la nueva moneda los euros de los depósitos bancarios. Hacerlo, según los autores, sería un tremendo error, puesto que tras el anuncio de la conversión todos los ahorradores correrían raudos a retirar sus depósitos en forma de euros puesto que presumiblemente tendrían más valor que la nueva moneda. Eso provocaría que los bancos se secasen y tuviesen que echar el cierre, produciéndose así un corralito bancario. En cambio, si el gobierno no toca los depósitos, los ahorradores no retirarían su dinero, puesto que no correría peligro. Así no perderían poder adquisitivo. A los ahorradores les correspondería decidir si convierten los euros a la nueva moneda o no, y cuántos y cuándo.
4) El gobierno no debería fijar ningún tipo de cambio, sino que debería dejar fluctuar libremente la cotización de la nueva moneda. Según los autores, establecer un tipo de cambio fijo (con la idea de que la nueva moneda tenga el mismo valor que el euro y así evitar que se deprecie) tiene un coste muy elevado, puesto que para ello sería necesario que el gobierno defendiese su nueva moneda en los mercados de divisas comprándola en cantidades importantes, y para ello necesitaría disponer de muchos euros (u otra moneda extranjera), lo cual sería realmente difícil porque la única forma de conseguir moneda extranjera es teniendo superávit en la cuenta comercial (vendiendo más productos en el extranjero de los que compra), o superávit en la cuenta financiera (recibiendo más inversiones financieras de las que envía), algo que no es nada fácil para las economías de la periferia europea (las más susceptibles de abandonar la zona euro). En consecuencia, el gobierno no podría mantener el tipo de cambio prometido a no ser que pidiera préstamos de moneda extranjera a otras economías u organismos internacionales, lo cual sólo empeoraría las cosas porque estos préstamos vendrían acompañados de intereses y de otro tipo de condiciones.
A pesar de tener un tipo de cambio flexible, la nueva moneda no se depreciaría demasiado porque habría escasez de la misma, ya que sólo se va introduciendo en la economía mediante el gasto público. En los primeros años habría muy poca cantidad de nueva moneda y eso empujaría su cotización al alza. Además, los ahorradores (que tienen sus depósitos en euros) que quisiesen convertir una parte de los mismos a la nueva moneda (la necesitan para pagar impuestos y comprar bienes y servicios), aumentarían la demanda de la nueva moneda y ello tendería a apreciarla. Por otro lado, al no tener que recurrir a moneda extranjera, tendría plena soberanía monetaria y por lo tanto cero riesgo de entrar en default (todos los compromisos de pago los podría satisfacer al poder emitir su propia moneda).
5) La deuda en euros del gobierno debería ser ignorada o, si fuese absolutamente necesario, renegociada a la nueva moneda. Evidentemente ello sería considerado un default, pero puesto que la salida del euro es en sí mismo un default, los autores no entienden por qué ello debería ser problemático. Todos los contratos del gobierno frente a proveedores deberían ser expresados en la nueva moneda.
6) Con respecto a las deudas en euros de las familias y empresas, buena parte de las mismas podrían ser saldadas, puesto que los ahorros siguen conservándose en euros. La parte que seguramente no pueda ser saldada desgraciadamente conduciría a bancarrotas de muchas empresas. Éste es uno de los coste importantes que identifican los autores. No obstante, también aclaran que ello no impediría conseguir objetivos ambiciosos de empleo y producción. Muchos bancos no podrían seguramente saldar sus deudas y tendrían que quebrar y recibir apoyo público. Pero la recapitalización no tendría muchas complicaciones al ser el Estado soberano de la moneda y poder emitir tanto dinero como desee.
7) Puesto que la moneda se depreciará, las empresas que compran productos fuera sufrirán el golpe. Pero al mismo tiempo las empresas exportadoras se verán muy beneficiadas. Ello mejorará el saldo comercial, compensando así la depreciación de la moneda y evitando que el daño sea elevado.
8) Por último, de nada servirá la salida del euro si se continúan aplicando políticas de austeridad. Los autores proponen que la inversión pública se incremente notablemente, sin importar que llegue al 8% de déficit público (nivel que consideran adecuado para impulsar la actividad económica). Particularmente mencionan que debería aplicarse un programa de Trabajo Garantizado, para crear empleo directamente, combatir la precariedad y mejorar la capacidad adquisitiva de la población. Puesto que el Estado sería soberano de su moneda, no habría ningún riesgo de default, la prima de riesgo sería controlable, y la deuda pública se iría reduciendo a medida que el PIB creciese gracias al estímulo fiscal.
En el próximo post resumiré la respuesta que el exministro de Grecia, Yanis Varoufukis, le ha dedicado a los autores de esta propuesta.
Eduardo Garzón es economista
* Crónica agradece al autor poder compartir sus opiniones con nuestros lectores
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