¿Qué es más desfavorable para la
economía española, investir ya a Rajoy como presidente del gobierno para
una nueva legislatura o apurar los tiempos buscando una alternativa?
Una pregunta oportuna porque la
insistencia obsesiva en los efectos económicos perjudiciales que provoca
la ausencia de un gobierno formalmente elegido, con todas sus
atribuciones, está calando en la ciudadanía. Es el argumento central de
la estrategia de comunicación del Partido Popular y de los grandes
grupos empresariales, difundida hasta la saciedad por los analistas y
medios afines. Su objetivo es presionar al PSOE para que permita con su
abstención la formación de un nuevo gobierne liderado por Rajoy. De no
hacerlo el PSOE aparecería como el culpable de estos efectos.
Sin embargo, este argumento, así
expresado, trasgrede el método de análisis que propone la ciencia
económica. Los economistas sabemos que una opción es correcta o
incorrecta en función de las opciones alternativas, lo que llamamos “su
coste de oportunidad”. Es obligado comparar ya que, desde el punto de
vista estrictamente económico, la permanencia del gobierno del PP podría
ser la peor de las alternativas, en cuyo caso, los partidos de
izquierdas deberían hacer lo posible para evitar al país cuatro años más
de este gobierno, hasta el punto, incluso, de arriesgar unas terceras
elecciones en que se impusiera la derecha. Es un riesgo bastante
probable, pero si el PSOE facilita hoy la investidura de Rajoy el riesgo
sería cierto, con el agravante de que la responsabilidad de sus
consecuencias económicas recaería en este partido.
Pasemos a valorar los efectos económicos más notables de la continuidad del actual gobierno durante una nueva legislatura.
CORRUPCIÖN
Si algo muestran los numerosísimos casos
de corrupción que han aflorado es que no se trata de casos aislados. La
corrupción impregna la estructura del PP desde la cúpula hasta las
organizaciones de base, desde el gobierno central hasta los gobiernos
autonómicos y municipales. Los investigadores de la Guardia Civil
han llegado a calificar al PP de una determinada autonomía como
organización criminal que utiliza la política para su actividad
delictiva. Esto no se erradica con declaraciones de voluntad política.
Es más, estas declaraciones pueden ser un factor de aceleración de la
corrupción antes de que se pueda acabar con ella. Si la corrupción se
instala en una organización, si ha perdido la referencia de un sistema
de valores éticos, la única forma de erradicarla es desplazar a esta
organización de los centros de poder.
Pero el problema de la corrupción no
reside solo en las cantidades de dinero que se embolsan los que la
ejercen. Lo realmente grave son sus consecuencias sobre el conjunto de
la economía. La corrupción resta eficiencia al gasto público y
distorsiona el funcionamiento del sistema productivo. No es exagerado
sostener que la corrupción ha jugado un papel relevante entre las causas
de la crisis en España. Se constata que se ha concentrado en un
porcentaje muy elevado en el sector de la construcción, sector que
experimentó un crecimiento desmesurado en los años anteriores a la
crisis debido a los altos márgenes de rentabilidad que ofrecía en
comparación con otros sectores productivos. Estos márgenes están
asociados a los contratos públicos, a las recalificaciones…..,
decisiones administrativas que pueden obtenerse mediante el pago
correspondiente. La mayor rentabilidad provocó el desplazamiento
desproporcionado de factores productivos hacia este sector,
caracterizado por su baja productividad, y también propició la afluencia
de crédito hacia esta actividad, hasta alcanzar un peso excesivo en los
balances del sistema bancario. La crisis del sector de la construcción
impactó contundentemente sobre el empleo y arrastró a las instituciones
financieras y, con ellas, al conjunto de la economía.
Es solo un ejemplo, aunque importante,
de cómo la corrupción puede afectar a la actividad económica. Se pueden
mencionar otros muchos, desaliento del contribuyente, inseguridad
jurídica, deterioro de la imagen del país, etc., y si partimos de la
escasa probabilidad de que sea erradicada con el PP en el gobierno……..
DEVALUACIÓN SALARIAL
La reforma laboral ha impuesto,
deliberadamente, una reducción drástica de los salarios, centrada en los
niveles salariales inferiores.
El efecto inmediato es su impacto
negativo sobre la demanda efectiva interna y el argumento de que este
impacto viene contrarrestado por la mejora de la competitividad exterior
es difícil de mantener. La competitividad en los mercados exteriores
depende esencialmente de otros factores: producto, innovación, redes
comerciales, etc. y la influencia de la devaluación salarial sobre estos
factores no es positiva, ya que viene asociada a la precariedad en el
empleo, que no promueve la inversión en formación, en especialización y
en introducción de innovaciones. A un plazo más largo, lo grave de esta
regulación del mercado laboral es que anuncia una orientación del
sistema productivo basado en la baja productividad, lo que le hace más
vulnerable en un contexto global.
Adicionalmente, implica el aumento de la
desigualdad social. Los índices que miden este aumento en los últimos
años son irrebatibles y no es solo un problema de justicia distributiva.
Numerosos estudios constatan que la reducción de las desigualdades
favorece el crecimiento económico.
¿Es previsible que una nueva legislatura
del PP impulse el crecimiento de los salarios? Por así decirlo, sería
contradictorio con su ADN.
PENSIONES
En su estrategia de comunicación el
gobierno en funciones incluye un argumento tan insostenible que raya en
el surrealismo: “el voto negativo de la izquierda a su investidura pone
en peligro el futuro de las pensiones”. Las cifras son tan contundentes
que el argumento es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos.
Cuando el PP asume el gobierno en 2011 hereda un fondo de pensiones de
la Seguridad Social que ascendía a 66.800 millones de Euros, en la
actualidad este fondo se evalúa en 24.200 millones de EUROS. Una
reducción dramática que augura dificultades para pagar las pensiones en
solo dos años. Y es que la capacidad para hacer frente al pago de las
pensiones depende fundamentalmente de los ingresos de la Seguridad
Social y éstos de los salarios. La devaluación salarial ha erosionando
el futuro de las pensiones.
Las percepciones de los pensionistas
constituyen un elemento relevante para el funcionamiento de la economía.
Permiten mantener una franja de demanda efectiva permanente de carácter
anticíclico. En muchos casos son la parte básica de la renta familiar.
La política del PP está cuestionando su futuro de forma que el
mantenimiento del sistema de pensiones requerirá aportaciones de los
presupuestos del Estado y ello supondría acentuar la labor
redistributiva de la política fiscal. No parece que sea éste el
propósito del actual gobierno. Todo indica que optará por reducir las
pensiones, promoviendo de paso la constitución de fondos privados, por
quienes tengan rentas suficientes para hacerlo, administrados por el
sector bancario. Se matan varios pájaros de un tiro.
GASTO SOCIAL
La llamada “austeridad” se ha concretado
en la reducción de las partidas presupuestarias en que se sustenta el
Estado de Bienestar, sanidad, educación, subsidios a los desempleados,
etc. Además de provocar el sufrimiento de determinadas capas de la
población, sus efectos procíclicos han profundizado y alargado la
crisis. Aunque ya nadie discute que sus consecuencias sobre la economía
han sido muy negativas, no hemos escuchado ninguna declaración del
actual gobierno reconociéndolo. No hay elementos que permitan predecir
su intención de revertir estas políticas.
LA OPCIÓN ALTERNATIVA
En los párrafos que anteceden se han
abordado temas seleccionados entre un amplio catálogo, situados en el
escenario de la investidura de Mariano Rajoy como presidente del
gobierno. En el tintero quedan aspectos como la adhesión incondicional a
las políticas dominantes en la UE, las implicaciones sobre la
sostenibilidad medioambiental o el deterioro de la imagen del país en
los foros internacionales que conlleva la tipología de nuestros
representantes. Obviamente, no hay intención de ser exhaustivos.
El segundo escenario, apurar los tiempos
tratando de impedir esta investidura, no parece afectar de forma
negativa a la economía española. Un reciente informe del Fondo Monetario
Internacional refleja que el crecimiento del PIB en el segundo
trimestre de 2016 ha sido mayor que el esperado. Contradiciendo la
campaña mediática, la marcha de la economía no se ve resentida por el
bloqueo de la investidura de Rajoy.
Es cierto que la permanencia de un
gobierne en funciones crea incertidumbre y que, en términos generales,
la incertidumbre es una rémora para los planes de inversión, tanto de
agentes internos como externos. Sin embargo, todo apunta a que están
prevaleciendo factores de signo contrario. Por un lado elementos de
inercia que, en una economía desarrollada, reducen la sensación de
incertidumbre. Pero este escenario cuenta con otro elemento nada
desdeñable: 2016 es un año marcado por los procesos electorales y al
gobierno en funciones, enfrentado a la posibilidad de nuevas elecciones,
no le resulta fácil insistir en su política de austeridad. La reducción
del gasto social, la disminución de las pensiones, incluso la
profundización en la devaluación salarial, no tendrían, lógicamente,
buena acogida por amplias franjas del electorado.
Asistimos a una relajación de estas
políticas que, mientras dure este periodo atípico, da un respiro
positivo a las variables macroeconómicas. Y hay razones para sospechar
que, finalizado este periodo con la investidura de Mariano Rajoy, un
nuevo gobierno con una larga legislatura por delante volvaría a
implementar las políticas económicas que emanan de los intereses que
representa.
CONCLUSIIÓN
Obviamente, pronosticar las
consecuencias sobre la economía de una determinada opción política
supone asumir que las conclusiones no gozan de absoluta certeza. Como en
la teoría cuántica, los pronósticos están relativizados con el adjetivo
de lo más probable. En todo caso, hay elementos para deducir, con
criterios económicos, que la opción de facilitar un nuevo gobierno del
PP no es la más favorable.
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| algunos de los Implicados en asuntos de corrupción en el PP valenciano |
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