Las palabras que encabezan este artículo son textuales. Las dijo en abril de 2009 el ex presidente José María Aznar (Aznar cree insostenible el actual Estado del bienestar)
y las ha vuelto a repetir en nuevas ocasiones, más o menos de la misma
forma que los demás responsables de las políticas económicas que se han
aplicado en los últimos años. Y, como ha ocurrido con otros mitos y
mentiras, a fuerza de repetirse se ha conseguido que la gente termine
creyéndose esa idea y que acepte las medidas que recortan sus derechos y
los bienes públicos a los que venía accediendo. Pero ¿qué hay de verdad
en esa afirmación? ¿Es cierto que los gastos públicos destinados a
garantizar bienestar social son tan elevados y necesitan una
financiación tan exagerada que resulta “imposible mantenerlos”?
A mi juicio, tanto si contemplamos el caso español como el de otros
países avanzados, se puede concluir fácilmente que lo que dicen Aznar y
otros políticos o economistas de su misma orientación es el resultado de
sus preferencias ideológicas y contrario a la realidad que muestran los
números.
En primer lugar, habría que explicar por qué en otros países se puede
mantener sin demasiados problemas un porcentaje de gasto social sobre
el PIB más elevado que el español y en nuestro país no. Es más, lo que
habría que considerar es que nuestro gasto social más reducido es una
rémora a la hora de generar más ingresos y actividad económica. Es
decir, que conviene ponerlo a la altura de los demás, en lugar de
reducirlo, si queremos que nuestra economía funcione mejor.
Increíblemente, los economistas y políticos neoliberales que atacan
el gasto social y al Estado de Bienestar lo hacen considerando que es un
gasto perdido, una especie de dispendio que se desperdicia en la propia
barriga del Estado y que, por tanto, no tiene utilidad ninguna. Digo
que resulta increíble que se diga eso porque resulta obvio que cada euro
de gasto que realiza el Estado en sanidad, educación, pensiones…, o en
cualquier otro concepto, se convierte (más o menos inmediatamente y en
mayor o menor proporción) en un euro de ingreso del sector privado. El
gasto público o lo reciben empleados públicos que se lo gastan en
consumo de bienes y servicios, o empresas que igualmente lo incorporan a
la actividad económica invirtiendo y gastando a su vez, o rentistas que
adquieran deuda pública (otra cosa es, como señalaré después que se
tenga que gastar en intereses o que salga de nuestra economía).
Yo no defiendo que el Estado gaste por gastar sino que se evalúe con
el máximo rigor la conveniencia social del gasto público y su forma de
realizarse. Pero eso es una cosa y otra creer a los economistas
liberales cuando, para rechazar al Estado por preferencias ideológicas,
se inventan el mito de que el gasto público no ayuda a la economía
privada o a la actividad económica en general.
La realidad es que el gasto social y el público en general tiene dos
grandes ventajas. La primera, que cuando se realiza puede generar un
incremento final en la renta mucho mayor. Es lo que los economistas
llamamos el “efecto multiplicador” del gasto público (parecido al que
tienen la inversión o las exportaciones) y que algunos economistas
anarquista-liberales incluso se empeñan en negar con tal de justificar
sus preferencias ideológicas. Es cierto que puede ser mayor o menor, o
incluso anularse en determinadas circunstancias, pero, como las meigas,
haberlo, háylo. Como explico en mi libro Economía para no dejarse engañar por los economistas,
organismos tan conservadores como el Fondo Monetario Internacional no
solo confirman su existencia sino que han tenido que reconocer que es
más grande de lo que se creía. El gasto público no llena la barriga del
Estado sino el bolsillo del sector privado, como saben muy bien los
grandes promotores, constructores y banqueros españoles, sobre todo,
pero también la inmensa mayoría de los empresarios que pueden vender sus
productos gracias a que hay quienes reciben ingresos, por una vía u
otra, del Estado.
La segunda gran ventaja del gasto social (y público en general) es
que se puede financiar sin coste alguno por el banco central puesto que
el dinero que presta se crea de la nada. Es evidente que eso hay que
hacerlo garantizando siempre que la demanda que se crea tenga oferta
suficiente para que no suban los precios, pero significa que el gasto
social puede utilizarse sin problemas para activar la economía cuando el
sector privado no consigue hacerlo.
Y esta ventaja del gasto social lleva directamente a descubrir otra
de las grandes mentiras de los políticos y economistas neoliberales
sobre su sostenibilidad. La que afirma que es el causante de los
déficits y de la abultada deuda pública.
La oficina de estadística europea Eurostat acaba de publicar los
últimos datos de deuda pública e intereses de España y del resto de
países europeos y son bastante claros al respecto.
De 1995 a 2016, la deuda pública española ha aumentado en 811.349
millones de dólares (de 295.604 millones a 1,106 billones de euros) y en
ese periodo España ha pagado 509.730 millones de euros en intereses. Es
decir, que 62 de cada 100 euros del incremento que ha tenido la deuda
pública española corresponden a intereses. Dicho de otra manera, eso
significa que si nuestra deuda pública es tan elevada no es porque el
gasto social o el público en general hayan sido muy grandes sino porque
se renunció a que lo financiara el banco central, que puede hacerlo sin
intereses. Es fácil deducir que si eso hubiera ocurrido, si el Estado
español hubiera sido financiado en las mismas condiciones en que el
Banco Central Europeo financia actualmente a la banca privada, la deuda
pública española no sería superior al 100% del PIB sino que ni siquiera
pasaría de la mitad.
Los economistas y políticos liberales enseguida me replicarían
diciendo que estoy pidiendo que el banco central financie sin límite al
Estado para que derroche. Pero no es eso lo que estoy planteando: he
afirmado que soy partidario de que el gasto público sea eficiente y lo
más austero posible, no ilimitado, y que se realice sin despilfarro y
sin corrupción. Y lo cierto es que la deuda pública y, por tanto, el
gasto público serían mucho más bajos si el banco central financiara
correctamente a los Estados. Por el contrario, es la política neoliberal
que concede a la banca privada el beneficio de financiar con dinero que
crea de la nada y que genera artificialmente escasez de ingresos lo que
aumenta la deuda, como mostré en mi anterior artículo ¿Quiénes son los adictos a la deuda?, publicado en este mismo diario.
Otra falsedad sobre el Estado de Bienestar consiste en afirmar que se
benefician unos de él y lo pagan otros, de modo que genera un efecto de
inequidad que, entre otras cosas, limita la libertad individual.
Dejaré a un lado el debate sobre la redistribución de ingresos que
efectivamente genera el gasto social porque es una cuestión moral y
sobre la que solo caben decisiones políticas que dependen de nuestras
preferencias y no del análisis económico.
Pero sí hay que subrayar que se ha podido demostrar que los
beneficiarios de los gastos del Estado de Bienestar contribuyen mediante
sus impuestos a financiarlo incluso en mayor medida de lo que reciben.
Los investigadores Anwar Shaikh y Ahmet Tonak han comprobado, para
varios periodos de la economía estadounidense y de otros países, que el
valor neto de las transferencias (es decir, el que queda una vez que se
deducen los impuestos que pagan sus beneficiarios) ha sido negativo
durante la mayoría de los años que han estudiado.
Finalmente, la mentira que hay detrás de los argumentos de Aznar y
demás políticos neoliberales se demuestra si tomamos en cuenta los
recursos con que se podría disponer para financiar el Estado de
Bienestar. Valga un sencillo razonamiento.
El gasto que realizan anualmente todos los gobiernos del planeta es de unos 20 billones de dólares anuales.
Según el Banco de Pagos Internacionales, el volumen total de
transacciones financieras en todo el mundo fue de unos 9.765 billones de
dólares en 2015 (estoy hablando de millones de millones).
Por tanto, todo el gasto público mundial (no solo el destinado al
bienestar) se podría financiar haciendo desaparecer TODOS LOS IMPUESTOS
QUE SE PAGAN EN EL MUNDO (este es el momento en que los economistas
liberales deberían levantarse al unísono para hacer la ola a los
economistas que hacemos esta propuesta) y estableciendo solo y
simplemente una minúscula tasa de 20 céntimos por cada 100 dólares de
transacción financiera. Ni un impuesto más.
Sé que el ejemplo es algo burdo porque me consta que las
transacciones son complejas y que una medida de esta naturaleza
requeriría medios y voluntad política hoy día inexistentes. Pero sirve
para lo esencial, esto es, para demostrar que el problema básico al que
se enfrenta el mantenimiento, no solo del Estado de Bienestar existente
sino el de uno muchísimo más avanzado, no es la falta de recursos. Como
también podría llegarse a la misma conclusión sobre la financiación del
Estado de Bienestar en España: se podría financiar sin dificultad
simplemente logrando que todos españoles y todas las empresas
contribuyeran al fisco tal y como se establece en la Constitución
española, de acuerdo con su capacidad económica y bajo los principios de
igualdad y progresividad.
No hay falta de recursos, hay miseria de voluntades y una ideología
anarco-capitalista con suficiente poder imponerse a base de mitos y
falsedades.
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