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Dos autos de prisión y muchas dudas democráticas artículo de Joaquín Urías

La propia jueza reconoce que encarcelan a Junqueras y los siete consellers para que no sigan pidiendo la independencia. Sólo por eso. Política pura
Desde que empezó lo que se ha dado en llamar 'el desafío independentista', el Gobierno de Mariano Rajoy optó por la estrategia de parapetarse detrás de jueces, tribunales y otras instituciones. Así, ha buscado desde el primer momento que sea el Estado como institución, y no determinadas fuerzas políticas, quien se enfrente con el independentismo político catalán. De ese modo ha conseguido reducir notablemente el propio desgaste político; al mismo tiempo ha creado la imagen de que es el Estado español en su conjunto el que se encuentra amenazado. Los términos de la discusión pública han dejado de girar en torno a la conveniencia o no de pactar un referéndum, de reformar la Constitución o de aumentar el autogobierno. España entera está en riesgo, y le toca defenderse.
Es evidente que se trata de un argumento que convence, aunque sea falaz. La separación o no de un pedazo de territorio nacional, siendo tremendamente trascendental, no supone un riesgo de tanta entidad para el funcionamiento del Estado democrático. En todo caso, lo peor de esa estrategia es la manera en que ha desvirtualizado algunas de las instituciones más esenciales para el equilibrio de poderes, la garantía de los derechos y, en definitiva, el funcionamiento del Estado de Derecho que tanto dice defender.

Puede que no sean presos políticos, pero se les encarcela por hacer política. Poco o nada se dice en el auto de auténticos reproches penales o indicios de delito. Se insiste en su voluntad independentista, y por eso se les encarcela

Empezó con el Tribunal Constitucional. El Gobierno se escondió detrás del que debe ser el garante último de la neutralidad de la Constitución y lo lanzó por una pendiente peligrosa. Se anularon declaraciones sin contenido jurídico; se prohibieron determinados debates ideológicos en el seno de un órgano parlamentario; se extendieron los efectos de las sentencias hasta extremos de auténtica censura política. Cuando eso no fue suficiente, el presidente Rajoy consiguió reformar la ley y convirtió al Tribunal Constitucional en un tribunal penal que lanza amonestaciones y advertencias, remite asuntos al fiscal y fija sus propias multas. Pretendía incluso que este Tribunal sustituyera al art. 155 CE y suspendiera a las autoridades autonómicas catalanas. Ahí, por fin, después de varios años de vergüenza pública, el Alto Tribunal se plantó. Entonces recurrió a los jueces ordinarios, con predilección manifiesta por algunos de ellos.

En España, a diferencia de muchos países de nuestro entorno, la fiscalía no es independiente. Recibe órdenes directamente del Gobierno. Pero sus decisiones tienen apariencia de judicialidad, así que sirve para el mantra de la separación de poderes. La idea sigue siendo que esto no parezca una lucha política, sino una reacción del Estado de Derecho frente a los independentistas. Por órdenes del Gobierno, en los meses pasados, el fiscal ha autorizado registros, ha dado órdenes a la policía actuando como policía judicial, ha requerido a centenares de alcaldes bajo amenaza de prisión y toda otra serie de disparates que aún hacen sonrojarse a cualquier fiscal no ya progresista sino simplemente preocupado por su independencia. Lejos de detenerse ahí, la fiscalía se ha movilizado para conseguir el apoyo de determinados jueces en su lucha contra el independentismo político.
Ahí entra en juego la Audiencia Nacional. Se trata, ya se sabe, de un órgano excepcional que plantea bastantes problemas desde el punto de vista del derecho al juez natural. En todo caso, en la Audiencia Nacional hay extraordinarios jueces de instrucción, con un altísimo nivel técnico. Y otros que, visto lo visto, quizás no tanto. Lo compensan, aparentemente, con una voluntad ilimitada de apoyar la lucha contra el independentismo que capitanea el Gobierno.
Sólo así puede entenderse la decisión de enviar a prisión provisional a los miembros del Gobierno autonómico de Cataluña recién destituidos, de modo excepcional y constitucionalmente discutible, en aplicación del art. 155 CE.
El Gobierno, fiel a su estrategia, intentó dar imagen de moderación y no ha aplicado por ahora las medidas más dudosas y agresivas de las que aprobó el Senado. A cambio, ha encargado a la fiscalía que pida y consiga la entrada en prisión de los líderes independentistas. No importa que realmente hayan cometido un delito o no. La narrativa del ataque al Estado exigía acabar la crisis con los políticos sediciosos en la cárcel. La estrategia de Rajoy no permitía otro final, y los españoles que la siguen lo exigían a voces hace semanas.
Los delitos que se les imputan a los miembros del Govern parecen sacados de una novela decimonónica. Y no es casualidad. Se trata de tocar la tecla adecuada en los ciudadanos y jueces de bien
La decisión de la jueza de instrucción de la Audiencia Nacional tiene, pues, muchísimo de político. No me atrevo a poner en duda la independencia judicial, ni creo necesario para demostrar esta afirmación imaginar ningún tipo de contactos o llamadas desde el ejecutivo a la jueza. Basta leer los autos de prisión. Piezas literarias que constituyen el mejor ejemplo de justicia política imaginable.
Los delitos que se les imputan a los miembros del Govern parecen sacados de una novela decimonónica. Y no es casualidad. Se trata de tocar la tecla adecuada en los ciudadanos y jueces de bien. Hay que presentar la cuestión como si fuera una asonada golpista que hay que castigar del modo que sea; con ley o sin ella. Es la rebelión. La sedición.
El pequeño detalle es que nuestro código penal sólo castiga las rebeliones violentas y las sediciones tumultuarias. Nada de eso es aplicable a unos consejeros que, desde su mesa del Consejo de Gobierno, se limitaban a gestionar una Comunidad Autónoma y a desafiar, políticamente, a sus adversarios en el Estado. O no debería serlo, porque la jueza no ha dudado en entrar al trapo y regalarle al Gobierno la fotografía que exigía: quienes se atrevieron a encabezar el movimiento político por la independencia, en prisión.
Y no lo justifica jurídicamente. En el ambiente que se vive en España estos días, no hace falta.
Los autos de prisión descansan argumentalmente en la existencia de una supuesta hoja de ruta "para alcanzar la independencia de Cataluña". Se trata, dice, de un plan criminal secreto, elaborado desde 2015 para conseguir crear un Estado propio. Aparece en un documento de análisis que ya entonces decía que el camino a la independencia pasaba por la celebración de un referéndum y la posterior declaración de la República catalana. Incluso preveía la posibilidad de que el Gobierno central interviniera la autonomía catalana y aconsejaba para ese caso actos pacíficos y puntuales de protesta pública. Ese documento lo habría escrito en los mismos términos cualquier estudiante de derecho o ciencias políticas. No dice nada nuevo… Salvo para la jueza. Para ella esto demuestra una premeditación propia de criminales. La organización de un referéndum, el 1 de octubre, y la posterior declaración de independencia, en su opinión son el producto de una conspiración. Contra el Estado.
Simplificar de esta manera un proceso político complejo, cuajado de requiebros y de improvisaciones resulta cuanto menos infantil. Celebrar un referéndum, más que un plan urdido por una organización criminal, es el único camino posible en cualquier territorio del mundo para conseguir su independencia. La declaración unilateral, por su parte, estuvo en el aire hasta el día antes, cuando el propio president de la Generalitat estuvo a punto de convocar elecciones anticipadas. La teoría del "plan preconcebido", secreto y criminal no es que se caiga sola, es que no convence a nadie. Ni siquiera a un niño. Bueno, al parecer sólo a algún juez de la Audiencia Nacional. Difícil no ver mucho más de voluntarismo que de ecuanimidad jurídica en esta decisión.
se trata de un castigo, adoptado esencialmente para contentar a cierta opinión pública, en un ejemplo más del uso inconstitucional de la prisión provisional que hacen con demasiada frecuencia los jueces
La jueza continúa encuadrando entre las acciones perseguibles la aprobación de leyes, otros trabajos parlamentarios y declaraciones públicas. En fin, cosas de políticos. Puede que no sean presos políticos, pero se les encarcela por hacer política. Poco o nada se dice en el auto de auténticos reproches penales o indicios de delito. Se insiste en su voluntad independentista, y por eso se les encarcela.
Por supuesto, se trata de una medida provisional y revisable. En eso se amparan quienes la defienden. Ni condena definitivamente a los consellers, ni estos carecen de la posibilidad de recurso. Es cierto, pero tales consideraciones no pueden ocultar que se trata de un castigo, adoptado esencialmente para contentar a cierta opinión pública, en un ejemplo más del uso inconstitucional de la prisión provisional que hacen con demasiada frecuencia los jueces.
Efectivamente, continúa extendida la práctica de usar la prisión para calmar a una opinión pública feroz y castigar determinados delitos que molestan especialmente al juzgador. Es algo que los abogados ven a diario en su trabajo, pero basta recordar el asunto de los titiriteros encarcelados hace unos meses por la propia Audiencia Nacional.
En este caso lo deja en evidencia el diferente trato dado al consejero Vila. Casualmente el mismo al que muchos políticos español presentan como el candidato ideal de un independentismo moderado y sometido a la Constitución. En su caso se le permite eludir la prisión provisional. La razón que da el auto es que dimitió antes de la declaración de independencia, demostrando que no tenía voluntad secesionista, de modo que no hay –dice-- riesgo de reiteración delictiva como en los demás. De este modo, la propia decisión judicial reconoce que los encarcelan por independentistas, para que no sigan pidiendo la independencia. Sólo por eso. Política pura.

Joaquín Urías es profesor de Derecho Constitucional, exletrado del Tribunal Constitucional.
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Àgora CT. Associació Cultural sense ànim de lucre per a promoure idees progressistes

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