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El recorte silencioso de las pensiones: Rajoy no ha entendido nada por Carlos Sanchez Mato y Eduardo Garzón Espinosa

Con un discurso incomprensible para la mayoría de la gente, el presidente del Gobierno ha intentado capear el temporal generado por sus políticas en materia de pensiones. Y lo ha hecho con anuncios de limitadas y ridículas ayudas fiscales a quienes cobran pensiones más elevadas e inconcretas mejoras para las mínimas y de viudedad.

Es una nueva tomadura de pelo a quienes se han movilizado por el claro incumplimiento constitucional que está perpetrando el Partido Popular: al mismo tiempo que está pidiendo confianza y tranquilidad a las víctimas de sus reformas, sigue profundizando en las mismas con dos elementos profundamente lesivos para el sistema de pensiones.

Rajoy sigue defendiendo la aplicación del factor de sostenibilidad, que se activará en 2019, y que recortará las nuevas pensiones, al menos un 0,5% justificándolo en el incremento de la esperanza de vida.  Cuantos más años prevea el PP que vaya a vivir una persona, menor será su pensión para limitar el incremento del gasto. Y luego nos anuncia que dará una "limosna" fiscal a partir de los 80 años…
Pero además, hay que llamar la atención sobre la congelación de la base máxima de cotización a la Seguridad Social en 2018. Este movimiento ha pasado muy desapercibido pero tiene una trascendencia importante: repercute negativamente sobre los ingresos de la Seguridad Social al mismo tiempo que sienta las bases para que las pensiones del futuro no crezcan. Este doble combo del gobierno del Partido Popular se suma a todas las maniobras que está llevando a cabo para dinamitar y sembrar dudas sobre el sistema público de pensiones, entre las que destaca vaciar el Fondo de Reserva (la hucha de las pensiones), aprobar bonificaciones a las cotizaciones de los empresarios y a quienes contraten planes privados de pensiones, y realizar declaraciones vertiendo dudas sobre la sostenibilidad del sistema público y animando a buscar alternativas de ahorro privado.
Para entender en qué consiste este nuevo movimiento es necesario comprender cómo funciona el mecanismo de cotizaciones sociales. La mayoría de las personas trabajadoras están obligadas a cotizar a la Seguridad Social, y lo hacen en función del salario que reciben: a mayor salario, mayor cotización. La cantidad cotizada se tiene en cuenta para calcular las prestaciones futuras que recibirá esa persona cuando deje de trabajar (en caso de desempleo, de incapacidad laboral, de jubilación, etc), de forma que cuanto más se cotice, más elevada será esa prestación futura. No obstante, hay límites a las cantidades que se pueden aportar como cotizaciones, tanto por arriba como por abajo. El límite por abajo lo determina la base mínima de cotización, que es la referencia para calcular la cantidad mínima que hay que aportar a la Seguridad Social; el límite por arriba lo determina la base máxima de cotización, que es la referencia para calcular la cantidad máxima que se puede aportar a la Seguridad Social.

La base mínima de cotización es coincidente con el salario mínimo, porque se supone que nadie puede cobrar menos (aunque ocurre, en parte porque hay muchos trabajos a tiempo parcial cuyo salario mensual es inferior al mínimo legal). Su evolución ha sido idéntica al del salario mínimo: prácticamente congelado desde 2011 hasta 2016, y elevado en 2017 y 2018 un 8% y un 4%, respectivamente. La base máxima de cotización es de 3.751,20 euros. Esto quiere decir que aunque haya una persona que cobre 5.000 euros por su trabajo, solo cotizará a la Seguridad Social por los 3.751,20 euros, quedando el resto exento de cotizaciones (en muchos países esta limitación no existe). Su evolución ha sido diferente: ha tenido una tendencia creciente –más acentuada en 2013 y 2014– salvo en 2018 que se ha detenido.



La congelación de la base máxima en 2018 no tiene ningún tipo de sentido económico. Lo habitual cuando se aprueba un incremento del salario mínimo y por lo tanto de la base mínima de cotización es elevar también la base máxima, tal y como ocurrió en 2017. Haciéndolo se consigue aumentar los ingresos de la Seguridad Social y también ampliar los derechos para recibir una pensión mayor en el futuro. De hecho, lo que proponen muchos colectivos, sindicatos y partidos políticos es emular a otros países vecinos y acabar con la base máxima de cotización, para que todo el mundo cotice a la Seguridad Social de forma proporcional a su salario. De esta forma se incrementaría la recaudación en unos 4.000 millones de euros según distintas estimaciones y se lograría reducir notablemente el déficit de la Seguridad Social.

Por eso, la congelación de la base máxima aprobada por el gobierno lastra la obtención de ingresos de la Seguridad Social y complica la resolución del déficit del sistema, al mismo tiempo que impide sentar las bases para que las futuras pensiones puedan ser superiores a las actuales. Estamos hablando de otro recorte silencioso a las pensiones que desgraciadamente está pasando desapercibido.

No quieren garantizar la suficiencia de las pensiones tal y como establece el artículo 50 de la Constitución Española porque tienen otros planes para el sistema público. Pretenden privatizarlo para dar otro regalo a quienes desde el ámbito privado, solo quieren lucrarse a costa de la mayoría social. Hay recursos de sobra para pagar pensiones dignas a toda la población. Está en manos de todos y todas, con movilización social en defensa del interés general, evitar que conviertan en negocio lo que es un derecho.
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Àgora CT. Associació Cultural sense ànim de lucre per a promoure idees progressistes

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