El principal objetivo de los sistemas modernos de Seguridad Social es ofrecer protección económica a todas aquellas personas que, debido a diferentes contratiempos (quedar desempleadas, viudas o enfermas, tener una edad avanzada, tener una edad insuficiente y no tener recursos, etc.) no están en condiciones de trabajar y recibir un ingreso por ello. De forma complementaria a este objetivo, los sistemas de Seguridad Social también se encargan de ofrecer asistencia médica a la población. Esos sistemas conforman redes de protección diseñadas y articuladas por el sector público con las cuales se pretende que ninguna persona vulnerable caiga en la más absoluta pobreza o se quede sin atención sanitaria. Antes de la aparición y desarrollo de estos modelos la gente se las tenía que ingeniar para poder salir adelante en caso de que quedaran incapacitados para trabajar y no tuvieran ningún tipo de ingresos. Podemos imaginar el estrés y agobio que sufrían todas aquellas personas que perdían a los familiares que llevaban el sustento a casa, las que tenían un accidente que las incapacitaba para trabajar, las que contraían alguna grave enfermedad que las postraba en la cama, o las que ya estaban muy mayores para poder realizar largas jornadas de trabajo. Puesto que el Estado no les ofrecía ninguna red de seguridad, no les quedaba más remedio que seguir hacia delante recurriendo a ahorros o ayudas de amigos y familiares.
Hoy día estos sistemas de Seguridad Social están muy afianzados en los países occidentales desarrollados[1] y ya prácticamente nadie cuestiona la necesidad de su existencia. La justificación no es sólo de carácter social –ayudar a los desamparados– sino también de carácter económico: esos ingresos que se les transfiere a los beneficiarios de la Seguridad Social contribuyen a estimular la actividad económica, pues es dinero que se utiliza para comprar bienes y servicios y por lo tanto para incrementar ventas y beneficios empresariales. Sin embargo, en lo que sí existe un importante y encarnizado debate es sobre el alcance y profundidad que debe tener esa red de protección social: en un extremo se situarían aquellos que piensan que el Estado sólo debe garantizar un mínimo de subsistencia a las personas que no estén capacitadas para trabajar, mientras que desde el otro extremo se aboga por la necesidad de que el Estado se encargue de regular y gestionar dichas prestaciones para que puedan ser incluso generosas y no meramente de subsistencia.
Este debate trasladado a las prestaciones por desempleo (aquellas que se reciben cuando uno abandona un puesto de trabajo) se traduciría de la siguiente forma: los del primer extremo defenderían que esos recién parados recibieran sólo un mínimo ingreso (y durante muy poco tiempo) para que tuvieran incentivos para encontrar un nuevo empleo (además de para que el Estado no tuviera un coste elevado), mientras que los del segundo extremo abogarían por unas prestaciones tan elevadas y duraderas como lo fuera su contribución social mientras trabajaban. La diferencia entre uno y otro caso es el grado de intervención del Estado en la regulación de la prestación por desempleo.
Lo mismo ocurre con las pensiones, aunque la particular naturaleza de estas prestaciones conlleva que el asunto sea un poco más complejo. A pesar de que son las más conocidas, no sólo existen pensiones por jubilación (prestaciones que se reciben una vez se ha sobrepasado la edad de jubilación), sino que también hay pensiones por viudedad (se reciben cuando el cónyuge fallece), por incapacidad permanente laboral (se reciben cuando se ha quedado incapacitado para trabajar), por orfandad (se reciben cuando los progenitores o tutores fallecen), y en favor de familiares (se reciben cuando fallece el familiar de quien se dependía económicamente). Todas estas prestaciones son contributivas, es decir, su cuantía depende de la cantidad que haya ido aportando la persona en cuestión a la Seguridad Social. De esta forma, mientras se está trabajando (y por lo tanto, mientras no se necesita ninguna prestación social) una parte del salario se destinará a la Tesorería de la Seguridad Social. Y cuando se deje de trabajar (y por lo tanto, cuando se necesite una prestación social) la Tesorería de la Seguridad Social se encargará de pagar la prestación correspondiente.
Este particular funcionamiento se debe a que nuestro sistema de Seguridad Social es de reparto. Esto implica que las prestaciones sociales que reciben los beneficiarios –que no trabajan– se pagan con las aportaciones que efectúan las personas que trabajan. Se trata de una configuración claramente solidaria entre diferentes estratos de la población (desde los que trabajan hacia los que no pueden hacerlo). En el caso particular de las pensiones de jubilación, esta transferencia de solidaridad va desde las personas que trabajan –que están en edad de trabajar– hacia las personas mayores, de forma que podríamos tildarla de solidaridad intergeneracional. Es importante hacer hincapié en esto porque existe una creencia generalizada al respecto que no hace honor a la verdad. Muchos se piensan que la cantidad monetaria que reciben por la prestación por desempleo o por la pensión proviene del dinero que en su día aportaron a la Seguridad Social. Eso no es cierto. El dinero que en su día aportaron a la Seguridad Social se utilizó en el mismo mes para pagar prestaciones sociales a personas que no estaban en condiciones de trabajar. Olvidémonos de cuestiones temporales en este asunto[2]: el dinero aportado a la Seguridad Social no se guarda en ninguna caja fuerte o hucha de cerdito que se romperá cuando quedemos incapacitados para trabajar. Ese dinero nada más “entrar” en la Seguridad Social vuelve a “salir” para pagar alguna prestación social. Es lo mágico y encantador de nuestro sistema: es solidario en el mismo momento y con otras personas.
Pero si esto es así, ¿cómo se calcula la prestación que uno recibe cuando deja de trabajar? Pues depende del diseño particular del sistema. En nuestro país, la cuantía de la prestación se calcula a partir de la cuantía aportada a la Seguridad Social durante el tiempo trabajado. Es importante recalcar que es a partir de, no coincidente con lo aportado. Es decir, partiendo de la cantidad aportada y en base a una serie de decisiones políticas materializadas en una ley se establecen los criterios que marcarán cuánto se cobrará. Por ejemplo, en materia de desempleo, la legislación actual (tras la reforma laboral de 2012 del gobierno de Rajoy) establece que la cuantía de la prestación será del 70% de la cantidad cotizada durante los primeros 6 meses y del 50% durante el tiempo restante[3]. Téngase en cuenta que antes del año 2012 las condiciones eran otras y también, por lo tanto, la cuantía de la prestación. En el caso de las pensiones existen otros criterios y baremos que también son fruto de la voluntad de los legisladores. En consecuencia, la cuantía de las prestaciones no coincide con la cantidad de dinero que se aportó en su día, sino que se calcula a partir de esa cantidad utilizando una serie de parámetros modificables legalmente. Son dos cosas muy diferentes. Una persona puede haber aportado durante su vida laboral 100.000 euros, y luego cobrar a través de prestaciones sociales contributivas 80.000, o 120.000, por poner dos ejemplos al azar. Esa cuantía concreta va a depender de muchos factores, pero lo importante es entender que no se recibe ni el dinero que se aportó en su momento (porque ya fue utilizado en su día para financiar otras prestaciones), ni la misma cantidad que se aportó.
Pero esto no necesariamente tiene por qué ser así. El sistema se puede configurar de otra forma, incluso manteniendo su carácter de reparto (el dinero aportado a la Seguridad Social hoy se utiliza para pagar las prestaciones de hoy). Éste es el caso de las llamadas “cuentas nocionales”, utilizadas por ejemplo en Italia y en Suecia. La diferencia con nuestro sistema actual es la siguiente: la prestación no se calcula a partir de criterios políticos sino a partir de una revalorización financiera ficticia. Es decir, aunque el dinero aportado hoy a la Seguridad Social se utiliza para pagar las prestaciones de hoy (por eso sigue siendo de reparto), esa cantidad se apunta en una cuenta ficticia que pasará a revalorizarse (sólo ficticiamente) atendiendo a determinados indicadores del mercado financiero, de forma que cuando la persona en cuestión pase a cobrar la prestación lo hará en una cantidad no determinada por la legislación, sino por el comportamiento del mercado financiero. En este caso la cuantía de la prestación cobrada tampoco coincide exactamente con lo aportado, pero la distancia entre los dos niveles vendrá marcado por factores financieros ajenos a toda decisión política[4]. Se trata de un vaciamiento de elementos democráticos del sistema a favor de elementos financieros no democráticos.
Es importante no confundir esta particular versión de los sistemas de reparto con el propio sistema de capitalización, que es el utilizado por ejemplo en Chile. En este caso, la intervención del sector público es mínima o nula. El trabajador correspondiente no tiene la obligación de aportar dinero a la Seguridad Social, sino que tiene la libertad de hacer con él lo que quiera (ahorrarlo, gastarlo, invertirlo, etc). En consecuencia, el Estado tampoco tiene la obligación de concederle una prestación cuando no pueda trabajar, por lo que la forma de subsistencia en situación de desempleo o jubilación dependerá de los ahorros que haya podido conseguir o de otro tipo de ayudas. En otras palabras: se trata de volver a la época en la que los sistema de Seguridad Social no existían, con la única diferencia de que en la actualidad sus defensores al menos suelen proponer una prestación pública de subsistencia para aquellas personas que no hayan podido ahorrar. Pero la lógica es la misma: la ley de la selva para que cada uno sobreviva como pueda en función de sus capacidades para triunfar en el mercado laboral. En otras palabras: que el Estado no moleste a los ricos y les deje hacer con su dinero lo que quieran y que los desfavorecidos se fastidien.
Afortunadamente el sistema de capitalización sufre mucho descrédito en nuestro país, y no son muchas las personas o partidos políticos que lo defienden[5]. Sin duda a ello ha contribuido la rapiña que ha caracterizado a las entidades financieras encargadas de gestionar los ahorros en los planes privados de pensiones. Según un estudio de la IESE Business School, de 313 fondos privados de pensiones españoles, 58 tuvieron rentabilidad negativa (los ahorradores perdieron dinero) y 233 tuvieron una rentabilidad mínima, inferior al IBEX-35 y a la deuda pública. Además, no es mucha gente la que invierte en estos planes privados: según datos del Banco de España, en el año 2014 (últimos datos disponibles) sólo el 26,1% de la ciudadanía había acudido a una de estas fórmulas de ahorro, siendo mayoritaria la que tiene un elevado nivel adquisitivo. Por ejemplo, si nos centramos en el 20% más pobre de la población, sólo el 5% había inyectado dinero en algún plan privado de pensiones. En cambio, si nos centramos en el 10% más rico, lo había hecho el 60,5%. Y esta relación se mantiene a lo largo de todos los estratos: cuanta más renta, más se utilizan los planes privados de pensiones. Lo cual es lógico porque para poder contratar este tipo de instrumentos financieros es necesario tener capacidad de ahorro, algo de lo que no disfruta mucha gente precisamente[6].
En cualquier caso, aunque el sistema de capitalización no goce de muy buena reputación, no ocurre lo mismo con las cuentas nocionales comentadas anteriormente. Precisamente por mantener su carácter de reparto han sido presentadas como una solución intermedia (entre el sistema actual y el de capitalización) al supuesto problema de sostenibilidad de la Seguridad Social. En el ámbito de las prestaciones por desempleo esta propuesta toma la forma de la conocida como “mochila austriaca”[7]. Esta medida desvincularía la cuantía de la prestación por desempleo de decisiones políticas y la sometería a la libre gestión individual del interesado. Es una visión individualista de los derechos, muy enfocada a un mundo laboral en el que el despido sea frecuente y la rotación en los puestos de trabajo muy elevada. Se trata, de nuevo, de una minoración en el carácter colectivo y democrático del sistema y un fortalecimiento de la esfera individual. Una de las principales desventajas de esta medida es que la gestión que el beneficiario haría con sus ahorros podría ser equivocada, puesto que podría agotarlos todos -o la mayoría- en épocas de prosperidad y no dejar ninguno para épocas en las que quedara incapacitado para trabajar, o podría utilizarlos en decisiones de inversión fallidas que dilapidarían sus ahorros (debido a una quiebra empresarial o al pinchazo de una burbuja inmobiliaria o financiera). Eso es algo que no podría ocurrir de ninguna de las maneras con el sistema actual de la Seguridad Social, mediante el cual el Estado contrae la obligación de garantizarle a todo el mundo una red de protección en los momentos de necesidad. De hecho, no es casualidad que los pensionistas hayan sido los menos afectados por la burbuja financiera que estalló en el año 2008; al fin y al cabo su pensión depende de decisiones políticas y no de indicadores macroeconómicos.
Ocurre igual en el ámbito de las pensiones: tal y como se ha comentado, ya hay precedentes en otros países de sistemas de reparto con cuentas nocionales que desvinculan la cuantía de las prestaciones de decisiones políticas al supeditarla al comportamiento de los mercados financieros. Un comportamiento que no es sólo errático y volátil (lo hemos comprobado con la reciente crisis financiera de 2008) y que por lo tanto ponen en riesgo un mantenimiento adecuado de la capacidad adquisitiva de las prestaciones, sino que depende de fuerzas no sometidas al escrutinio democrático e influidas fuertemente por los grandes poderes económico-financieros. No está de más recordar que hay constancia de que al menos tres de los indicadores financieros más importantes del mundo, el euribor, el libor y el tibor, fueron manipulados por grandes entidades bancarias en su propio beneficio[8]. ¿Qué podemos esperar del resto de indicadores financieros, que además están menos vigilados y controlados por los organismos de supervisión financiera? No tiene ningún sentido que las prestaciones sociales de la población que no está capacitada para trabajar pase a depender del humor de unos mercados financieros cuya razón de ser es la maximización de los beneficios incluso a costa de provocar burbujas y desestabilizar las economías nacionales.
En definitiva, cuidado con las reformas de los sistemas de Seguridad Social. Quienes aluden a una propuesta intermedia entre el sistema actual y el extremo de capitalización presentando mecanismos como los de las cuentas nocionales no están proponiendo otra cosa que arrancar determinados elementos democráticos de nuestro sistema para hacerlos depender de las garras de los mercados financieros en los que son las grandes empresas privadas las que influyen y determinan los resultados. No hay ninguna necesidad de modificar los principios esenciales de nuestro sistema de reparto para lograr su sostenibilidad a medio y largo plazo en la dirección señalada. Cuidado con los lobos con piel de cordero.
Notas
[1] De hecho, en nuestro país este sistema viene recogido en la propia Constitución Española, concretamente en el artículo 41: “Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo”.
[2] Es más, la propia concepción del dinero está reñida con las cuestiones temporales. Téngase en cuenta que el dinero no es más que una magnitud para medir transacciones económicas. Como unidad de medida que es, no tiene sentido hablar de su finitud ni de su duración. ¿O es que acaso a alguien se le ocurriría en su sano juicio quejarse por no tener suficientes centímetros para medir una mesa? ¿O quejarse porque no ha guardado suficientes centímetros en el pasado para poder medir una mesa en el presente? El dinero no son más que números, y por lo tanto, comparte sus características: es infinito y atemporal.
[3] La legislación también establece los criterios que hay que cumplir para poder cobrar la prestación y también que marcan durante cuánto tiempo. Para adquirir el derecho a recibir la prestación por desempleo es necesario haber cotizado al menos durante 12 meses dentro de los últimos 6 años anteriores al momento de abandonar el empleo. El tiempo durante el cual se cobrará está marcado a razón de dos meses por cada seis cotizados (con redondeo por defecto) y con un máximo de 24 meses.
[4] Ni que decir tiene que, si el comportamiento de los mercados financieros es negativo, esa cantidad final puede ser menor que la aportada
[5] Ciudadanos y Vox son los partidos políticos que en sus programas electorales recogen de forma más clara su apoyo a este sistema, aunque de momento apenas se han posicionado públicamente al respecto.
[6] No hay datos exactos sobre la capacidad de ahorro de las familias pero sí hay estimaciones. La más optimista es la de Fintonic, que pone de manifiesto que sólo 4 de cada 10 personas pueden ahorrar en nuestro país. La más pesimista es la de los técnicos del Ministerio de Hacienda, que señala que el 86,6% de la ciudadanía española no tiene capacidad de ahorro.
[7] Esta medida viene recogida en los programas electorales de Partido Popular, Ciudadanos y Vox.
[8] A finales de febrero de 2012 la Comisión del Mercado de Valores de Canadá demandó a seis grandes bancos (HSBC Holdings, JP Morgan Chase, Royal Bank of Scotland, UBS, Citigroup y Deutsche Bank) por manipular el líbor. Por su parte, la Comisión Europea impuso en diciembre de 2013 multas por 1.710 millones de euros a seis grandes bancos por la manipulación de los tipos de interés interbancarios euríbor, líbor y tíbor.
Eduardo Garzón es economista
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Artículo publicado originalmente en la Revista Lau el 7 de febrero de 2019
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