La primera cuestión es dar la paternidad de esta idea. Las
discusiones sobre la optimización de una zona monetaria, el Tratado de
Maastricht, Delors o más contemporáneamente, Yanis Varoufakis, Stuart
Holland y James K. Galbraith tras la crisis del euro han dado vueltas a
cómo prevenir los fallos de la construcción del euro o como paliar las
consecuencias de unas carencias y limitar los costes a las poblaciones
afectadas e incluso respuestas de cómo, a posteriori, normalizar el euro
con las instituciones adecuadas.
En plena crisis, y cuando el diferencial del coste de la deuda era
álgido en los países de la periferia y los aumentos cuantitativos de
emisión de deuda por parte de los estados, con o sin rescates, se
comprobó que el Tratado de la Unión y las normas del Banco Central
Europeo (BCE) impedían que el BCE prestase a los Estados o comprase
deuda pública.
Pero ya en el momento álgido de la crisis, enfrentándose al problema y
sin tocar los tratados hubo voces reclamando que el Banco Europeo de
Inversiones hiciera esa labor de intermediación, a título gratuito,
entre pedir préstamos al Banco Central Europeo y comprar deuda pública
de los Estados. No para monetarizar deuda, como el dólar lo estaba
haciendo, pero sí para aliviar la carga de la misma a los Estados (y a
la ciudadanía). Pero en esos momentos, no se quiso.
El mecanismo más barato encontrado y que al mismo tiempo apuntalaba a
los bancos privados, muchos de ellos con problemas de liquidez y de
solvencia, era el que el Banco Central Europeo prestase a los bancos
privados a un tipo nominal cero o muy bajo y que éstos, con ese crédito,
comprasen a sus Estados, deuda pública a un tipo de interés positivo.
¿Cuántos dividendos a los accionistas privados y cuántas
remuneraciones han salido de ese diferencial? O dicho, de otro modo,
¿cuánto dinero hemos soltado los contribuyentes a los bolsillos de los
accionistas por mor de unas normas hechas para el saqueo de la
ciudadanía a favor de los tenedores de capital?
Ahora mismo, la deuda pública española, alcanza a final de 2018, la
cantidad de 1.173.988 millones de euros que periódicamente se renueva,
con un margen de reducción cuantitativa escaso. Es cierto que ahora se
emite a corto plazo con tipos negativos, pero durante años ha habido una
sabrosa ganancia para las entidades financieras. El pago de intereses
anuales ahora alcanza los 32.000 millones. En el año 2016, se pagaron
16.000.
Desde 2008, hay cálculos de que la banca nacional se ha embolsado
alrededor de 50.000 millones de euros de intereses durante los últimos
diez años.
Estos párrafos anteriores, vienen a cuento de la petición de una
banca pública y, mientras tanto, el pedir que Bankia no se privatice del
todo y que se conforme como una banca pública.
Según las cuentas anuales del Grupo Bankia de 2018, los activos en
forma de deuda pública española superaban los 10.000 millones de euros.
La deuda pública extranjera, los 3.500 millones.
En el caso de Bankia, los ingresos por esa partida de intereses
cobrados alcanzarían los 200 a 450 millones anuales, que van a la cuenta
de resultados.
En resumen, una Banca Pública de depósitos hubiera servido para
aliviar los costes de la crisis y la ciudadanía hubiera tenido, antes y
los años de plazo de emisión que todavía duran, que pagar menos. Para
satisfacer necesidades y no aupar dividendos.
Apendice:
Artículo 123 del Tratado de la UE:
1. Queda prohibida la autorización de descubiertos o la concesión de
cualquier otro tipo de créditos por el Banco Central Europeo y por los
bancos centrales de los Estados miembros, denominados en lo sucesivo
«bancos centrales nacionales», en favor de instituciones, órganos u
organismos de la Unión, Gobiernos centrales, autoridades regionales o
locales u otras autoridades públicas, organismos de Derecho público o
empresas públicas de los Estados miembros, así como la adquisición
directa a los mismos de instrumentos de deuda por el Banco Central
Europeo o los bancos centrales nacionales.
2. Las disposiciones del apartado 1 no afectarán a las entidades de
crédito públicas, que, en el marco de la provisión de reservas por los
bancos centrales, deberán recibir por parte de los bancos centrales
nacionales y del Banco Central Europeo el mismo trato que las entidades
de crédito privadas
Santiago González Vallejo. Economista y miembro de USO
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