Hay una obscena campaña de miedo sobre el futuro del sistema público de pensiones que busca su recorte y privatización a través de planes y fondos privados. Para ello se tiene que mantener y ocultar el saqueo al que se viene sometiendo al sistema adjudicándole la financiación de partidas sociales que no deberían pagarse a cargo del presupuesto de la Seguridad Social.

Veamos. El presupuesto de la Seguridad Social se nutre fundamentalmente de las cotizaciones sociales y le corresponde el pago de las pensiones contributivas previstas, cuando se producen las contingencias de jubilación  y/o  incapacidad en sus diferentes grados. Es evidente que para garantizar las pensiones es necesario aumentar los ingresos de las cotizaciones sociales.

Para ello se precisa no solo mayor, sino también mejor contratación (control del abuso indebido de los contratos a tiempo parcial, adopción de medidas contra la precariedad y la temporalidad); incremento de salarios; y derogación de las medidas más perniciosas de las últimas reformas laborales (sobre todo la de 2012). Es también urgente la lucha contra el fraude en materia de cotización, entre otros el exceso de horas extras sin control y la situación de los falsos autónomos, así como acabar con la infracotización, estableciendo para ello todos los mecanismos y medidas legales necesarias.

Sin embargo, hay una cuestión fundamental de la que apenas se habla: la separación de fuentes en cuanto a la financiación del Sistema de Seguridad Social y la verificación o no de su cumplimiento. Y esta es la clave.

Los Pactos de Toledo de 1995 recogían como primera recomendación la separación de fuentes y patrimonios. Esto es, se configuraban dos presupuestos distintos, el del Estado y el de la Seguridad Social, con una aportación finalista del Estado a la Seguridad Social. Dicha aportación debía ser expresamente dedicada a la financiación de la asistencia sanitaria, las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación, los servicios sociales (IMSERSO), los complementos para mínimos de las pensiones y las prestaciones familiares reguladas en la Ley General de Seguridad Social.

Expresamente delimitadas ambas fuentes y patrimonios, a la Seguridad Social corresponde en exclusiva el pago de las pensiones en el nivel contributivo, como ya quedo dicho.

Para garantizarlas es obligado mejorar la gestión y administración de todo el sistema (recomendación que también figuraba en el Pacto de Toledo) y que la lucha contra la infracotización sea real y efectiva. Pero, sobre todo, que no se cargue al Sistema de Seguridad Social con pagos que exceden, no competen y deberían estar al margen de su concepto y finalidad.

Así, corresponderían a los Presupuestos Generales del Estado y NO al Presupuesto de la Seguridad Social, entre otros, los siguientes gastos:

Medidas de Fomento de Empleo: desde las bonificaciones y reducciones de la cuota empresarial de los contratos, hasta tarifas planas para empresas y/o autónomos, o los incrementos de pensión por prolongación de la vida laboral después de los 65 años.

Políticas de Igualdad de Género: prestaciones de Maternidad/Paternidad, Bonificación y Cotizaciones del RETA por conciliación de la vida familiar y laboral; contrato de Interinidad por maternidad,  o excedencia por cuidado de hijos y familiares; reducción  de cuotas por riesgo durante el embarazo; el incremento al 100% de la cotización durante los dos primeros años  en los supuestos de guarda legal o cuidado directo de un familiar; bonificación en la jubilación por maternidad e incremento de la pensión para madres con 2 o más hijos

Políticas de Empleo para Discapacitados: bonificaciones y reducciones en las cuotas de Seguridad Social.

Tesorería de la Seguridad Social: coste de personal y mantenimiento, con cargo al presupuesto de la Seguridad Social, en lugar de a los PGE, como ocurre con el resto de los Ministerios y Organismos de la Administración Central del Estado

Igualmente procedería ser objeto de debate si las pensiones de viudedad y las de orfandad deberían ir a cargo del Sistema de Seguridad Social. O, si por el contrario, deberían ser a cargo de los PGE, al igual que las Pensiones no contributivas, en coherencia con el hecho de que la Seguridad Social en su modalidad contributiva tiene un ámbito profesional y se financia exclusivamente a través de trabajadores y empresarios, mientras que en la modalidad  no contributiva  o asistencial  es de ámbito  universal y se financia a cargo de las aportaciones  de los PGE.

En definitiva, se deben apoyar todas las políticas sociales que emprenda el Estado. Pero en ningún caso deben ser sufragadas, ni siquiera en parte, con las cotizaciones sociales abonadas por trabajadores y empresarios, cuya única finalidad es el mantenimiento del Sistema de Seguridad Social y asegurar las pensiones públicas legalmente determinadas;  máxime cuando los trabajadores, también como ciudadanos, contribuimos a la efectividad de los PGE a través de la  correspondiente tributación.

Las pensiones son una prioridad social y económica (participan del consumo, del crecimiento de la actividad y en el PIB). Su defensa es una cuestión política: las pensiones contributivas se financian exclusivamente con cotizaciones sociales pero, de ser necesario, deben ser garantizadas con todos los ingresos del Estado. Hay que recordar que las pensiones en España son menos generosas que en la Unión Europa, que nuestro gasto en ellas es muy inferior a  la mayoría de los países de Europa Occidental, y que la presión fiscal española se sitúa 8 puntos por debajo de la media de los países de la Unión Europea.

Estos son los datos. En los Presupuestos de la Seguridad Social para 2019, se estimaban unos ingresos de 123.584 millones de euros por cotizaciones sociales. De ellos, 76.277 millones de euros se gastarían en pagar jubilaciones contributivas y 12.913,8 millones en pensiones de invalidez, que sumados al gasto en incapacidad temporal dejaría un sobrante de unos 16.000  millones de euros al año, ajustable en función del grado de ejecución de los ingresos y gastos.

Dicho de otra manera: la Seguridad Social tendría superávit si solo tuviera que pagar las prestaciones contributivas cuyo derecho ha sido generado por cotizaciones sociales. De esta forma se daría exacto cumplimiento a la separación de fuentes y patrimonios, fruto de los Pactos de Toledo y se alejaría del horizonte ese fantasma de “quiebra del sistema de seguridad social”, tan falso como reiteradamente aireado por intereses espurios, ajenos y contrarios a los trabajadores. Este es un reto inaplazable del nuevo Gobierno progresista.

Ana Martín Arahuetes, es inspectora de Trabajo y Seguridad Social; y Agustín Moreno, es profesor de Historia.

  El 10-N e se celebrará algo insólito: las segundas elecciones generales de este año. La responsabilidad de la repetición es de Pedro Sánchez

    Lo razonable para no perjudicar al bloque de la izquierda sería que Más País retirase sus candidaturas en provincias donde no tiene ninguna posibilidad de obtener escaño


El 10 de noviembre se celebrará algo insólito: las segundas elecciones generales de este año. La responsabilidad de la repetición de las elecciones es de Pedro Sánchez. Nos ha abocado a ellas su incapacidad de sumar más apoyo que el de un diputado de Cantabria y su cerrazón por querer gobernar como si tuviera mayoría absoluta con solo 123 escaños. Así lo denuncian todos los partidos y así lo percibe la ciudadanía según la mayoría de las encuestas, incluidos los votantes del PSOE. De ahí su incomodidad y el miedo a los debates porque, aunque intente negarlo, Sánchez es el bloqueo.

Pero el PSOE ha apostado por la repetición de elecciones para conseguir varios objetivos:

a) Mejorar sus resultados. Supone arriesgar mucho: es como jugar a las siete y media y pedir carta con un siete; se expone a pasarse. b) Reducir el espacio político-electoral de Unidas Podemos, porque sigue la “guerra fría” que impide que participe en el Gobierno del Estado la izquierda real. Por eso, el aparato conservador del partido y las élites económicas no quieren que se pacte con ella; c) Dar tiempo a que la oligarquía haga su trabajo y “ablande” al PP y/o a Ciudadanos para que sean sus socios preferentes de verdad; d) Reforzar el bipartidismo, en todo caso, como la mejor garantía para la estabilidad de la Segunda Restauración Borbónica.

¿Qué puede suceder con los objetivos anteriores? El PSOE aparece estancado en las encuestas (excepto en la del CIS), quizá por la descarada estrategia para repetir elecciones. Unidas Podemos aguanta bien según los sondeos; otra cosa es el efecto negativo en la distribución de escaños por la nueva competencia electoral. Un Ciudadanos en crisis se abre a pactar con  lo que llamaba la “banda del sanchismo”, pero no está claro que los números sean suficientes por su caída electoral. Parece que el PP se recupera y Vox puede mejorar agrupando votos franquistas.

En la campaña electoral hay que estar atentos a varias cosas. Por un lado, veremos de todo desde fake news, a la manipulación de los medios de comunicación que están en bucle con Cataluña, y aplican apagones informativos para algunos y opulencia comunicacional para otros, según interese al sistema. Desgraciadamente en España muchas personas se siguen informando por la televisión, la alfabetización política es baja, y las cloacas del poder no dejan de funcionar. Por otra parte, estará el impacto electoral de la cuestión de Cataluña tras la sentencia del procés y la exhumación de Franco. Por último, hay un nuevo factor que entra en juego: el partido de Íñigo Errejón que se presenta en 18 provincias; nunca ha funcionado la estrategia de “a la unidad por la escisión”, pero se sigue insistiendo en ella.

Por supuesto que todo el mundo tiene derecho a presentarse a unas elecciones, pero también tiene la responsabilidad de medir las consecuencias. Porque se puede estar diciendo que el motivo es combatir la abstención y, sin embargo, provocarla por el hartazgo de la división sin diferencias programáticas relevantes que la justifiquen. O afirmar que se viene para sumar y acabar rompiendo a Equo, a Podemos en algún territorio, a ámbitos unitarios existentes como En Comú Podem y restando diputados al bloque de la izquierda.

Aún queda la campaña por delante, pero los posibles escenarios que se perfilan serían tres:

1. Un triunfo del bloque de la derecha-ultraderecha, gracias a la abstención de parte del electorado de la izquierda por las divisiones, por la incapacidad para pactar o por las trampas para propiciarla desde los ámbitos del PP. No parece muy probable que suceda, pero si suman gobernarán. Y sería un drama que se extendiera a todo el país el páramo andaluz y madrileño con estas derechas de doble verdad, doble moral y doble contabilidad.

2. Una repetición de la relación de fuerzas actuales con ligeras variaciones. Si sumasen PSOE y Cs podría reeditarse el pacto de 2016, que es la estrategia a la que han jugado desde el principio la banca, el Ibex, la CEOE y la dirección del PSOE a pesar del clamor del “¡Con Rivera No!” de sus militantes. Tampoco se puede descartar una gran coalición PSOE-PP por presión de la oligarquía para afrontar una nueva crisis económica con las recetas neoliberales de siempre. Para preparar el terreno, se percibe una derechización del PSOE en temas como la cuestión territorial, “la mochila austriaca”para facilitar el despido o la renuncia a subir impuestos a los ricos y a limitar los alquileres.

3. La consolidación o avance de las posiciones de Unidas Podemos es lo único que podría hacer que se volviera a intentar el acuerdo de fuerzas progresistas. Es algo difícil ya que le sigue faltando valentía política a Sánchez ante las élites y la campaña ahondará las diferencias. La fragmentación del espacio de la izquierda con los nuevos protagonistas lo puede complicar.

Es evidente que las posibilidades electorales de Más País se reducen prácticamente a Madrid. Lo dicen todas las encuestas y el “efecto Más País” puede ser perverso ya que, según los analistas, cuanto más porcentaje de voto saque, más diputados pierde el bloque progresista. Todo apunta que para sacar un máximo de 5-6 escaños (incluyendo los de Compromís), se puede poner en peligro una docena de escaños de Unidas Podemos y del PSOE. Lo razonable para no perjudicar al bloque de la izquierda sería que Más País retirase sus candidaturas en provincias donde no tiene ninguna posibilidad de obtener escaño; un ejemplo, si UP pierde 1.500 votos en Málaga, se perdería el segundo escaño que pasaría a Vox, y lo mismo puede pasar en otras provincias. Íñigo Errejón no debería permitir que esto suceda porque se derrumbaría todo su discurso si al final hace más daño que beneficio y ello dificultaría la necesaria recomposición de la izquierda tras el 10-N. Todavía está a tiempo.

Así las cosas, solo podemos confiar en  la inteligencia del electorado, dado que deja bastante que desear la presencia de la inteligencia en la política. No queda otra que la participación de los votantes de izquierda el 10-N y la concentración del voto en las opciones reales de obtener escaño. Después del 10-N habrá que seguir resistiendo e intentando recuperar espacios de unidad que permitan encarar el futuro con esperanza, si la izquierda es capaz de aprender la lección.

A pesar de la negrura del paisaje, hay elementos positivos: la capacidad de movilización de sectores como los pensionistas, el feminismo, los jóvenes frente al cambio climático. Y sobre todo, hay una cosa bien clara: si no le gusta lo que está pasando, no se quede en su casa. Es lo que quiere el poder, que no vaya ni a manifestarse ni a las urnas. Salga a la calle a protestar y vote el 10 de noviembre en defensa propia para frenar el avance de la ultraderecha e impedir nuevos recortes sociales y de derechos con la excusa de la crisis.

Agustín Moreno fue secretario de Acción Sindical de CCOO desde su legalización en 1977 hasta 1996. 

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Tres meses después de las elecciones generales todo apunta al fracaso de la sesión de investidura de Pedro Sánchez. No parece que vaya a sacar mucho más de sus 123 votos, muy lejos de los 176 de la mayoría. Lo cierto es que Sánchez no ha sido capaz de alcanzar un acuerdo para asegurarse los apoyos de los 42 diputados de Unidas Podemos. Y de la consulta convocada por Podemos, dentro de su conocida línea de pedir opinión a las bases, no parece que pueda salir un sí a la investidura. A ello hay que añadir que pueden perder los 19 votos de ERC y Bildu que se abstendrían si hubiera acuerdo PSOE-UP. Por último, está el rechazo de las tres derechas. El batacazo sería grande y la responsabilidad sería de Sánchez y de sus asesores.

El fracaso de las negociaciones con Unidas Podemos anuncia que -si no se evita in extremis-, la sesión de investidura va a ser una derrota para las fuerzas progresistas. ¿Cómo se ha podido llegar a esta situación? Por un lado, es evidente que no ha existido suficiente voluntad negociadora ni la finura necesaria para cerrar un acuerdo. Pero, sobre todo, creo que han sido muy potentes las fuerzas internas y externas que han intrigado contra la posibilidad de dar un rumbo progresista al nuevo Gobierno.

Que no ha existido suficiente voluntad negociadora lo demuestra que la estrategia del PSOE ha sido dar vueltas y más vueltas al asunto sin alcanzar acuerdos en el programa y para un Gobierno de coalición. Hablar de “cinco propuestas” realizadas no es un signo de flexibilidad ni de cesión, sino más bien de ratonería política intentando comprometerse lo menos posible para tener las manos libres y no enfadar a las élites que claman contra la participación de Unidas Podemos.

Los errores han podido ser de todas las partes. Sin negar importancia y legitimidad a un Gobierno de coalición, quizá habría que priorizar los contenidos del programa de Gobierno, porque eso es lo que realmente mide si la política se orienta en favor de la mayoría social o en no incomodar a los poderes económicos. Y la propuesta que mandó el PSOE el 8 de julio (España Avanza) era peor que el acuerdo para los PGE de 2019. Como bien ha desmontado Nacho Álvarez, en la propuesta del PSOE desaparecen entre otras cosas, el bono social eléctrico, el control fiscal sobre las SICAV y las SOCIMI para evitar la elusión fiscal, el incremento de un 1% en el Impuesto del Patrimonio sobre patrimonios superiores a los 10 millones de euros, la regulación del mercado eléctrico, la limitación de los precios de los alquileres, la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral (modificación sustancial de condiciones de trabajo, no caducidad de los convenios…). Es decir, menos que hace un año.

Pedro Sánchez en la SER , ha jugado perfectamente su papel de “víctima”, intentando cargarse de razón con sus cinco propuestas a UP; reiterando que UP acabará votando con la ultraderecha y que impedirá como en 2016 que sea presidente. Responsabiliza a Pablo Iglesias por convocar una consulta que es una “mascarada”, intentando meter más lío en las bases de Podemos donde ya tienen su ruido. Esta consulta le gustará o no a Sánchez, pero es tan legítima como la que hizo el PSOE en 2016 sobre sus acuerdos con Cs. Y hasta más democrática que la ejecutiva del PSOE decida que el Gobierno sea monocolor. El candidato a presidir España se equivoca si intenta buscar culpables en vez de ofrecer soluciones.

Como dato significativo, Pedro Sánchez ha reconocido en la entrevista que Pablo Iglesias no ha pedido ser vicepresidente: “No, no me ha pedido nunca eso…”. Algo que, de haberlo hecho, sería perfectamente legítimo, pero que demuestra las mentiras en las que se ha desenvuelto el proceso. Porque ¿cuántos dirigentes del PSOE han dicho o han filtrado a los medios esa falsa información para descalificar al “socio preferente”?

En el fondo y en las formas, Pedro Sánchez ha quemado las naves para un acuerdo con la izquierda y para un Gobierno de progreso y permiten desvelar su estrategia real: Unidas Podemos debe de dar su apoyo a la investidura prácticamente gratis y, luego, el Gobierno irá pactando cada ley o medida con la derecha o la izquierda según sea el tema.

Cuando Sánchez da por cerrada la posibilidad de acuerdos con Unidas Podemos y dice: “Yo ya estoy en otro escenario”, parece que se refiere a dar tiempo a que las presiones de las élites hagan su efecto en Ciudadanos. Porque la hipótesis de adelantar elecciones tiene mucho riesgo. Según el CIS, la preocupación por la política llega a un máximo histórico desde 1985. La abstención podría ser inmensa en un electorado cansado de una clase política incapaz de dar solución a los numerosos problemas y embarcada en un teatrillo tan agresivo como aburrido. Lejos de reproducirse el voto útil al PSOE por la inutilidad manifiesta en la gestión del 28-A, unas elecciones donde las fuerzas progresistas fueran divididas con tres candidaturas (PSOE, Unidas Podemos y el partido de Errejón), daría la presidencia del Gobierno a Pablo Casado.

Por lo tanto, la clave es esperar a Rivera. Desde el principio la banca, el Ibex o la CEOE pidieron acuerdos al PSOE y Cs.. El PSOE se ha cansado de pedir su apoyo, pero el problema ha sido Ciudadanos, que ha radicalizado tanto su discurso al competir directamente con el PP y con Vox que ha olvidado sus orígenes. Pero ya se encargará el IBEX de recordarles que la estrategia la marcan ellos, porque quien te crea te puede destruir. No son ajenas a estas presiones, la cadena de dimisiones, la crisis interna abierta en Ciudadanos, la presión de medios de comunicación y futuras convocatorias de sus órganos de dirección de Cs para después de la investidura.

La Casa real quizá está muy interesada en esta estrategia de presión para evitar un Gobierno claramente de izquierdas. Es más, como apunta Juan Carlos Escudier , Felipe VI podría estar detrás de este veto a Unidas Podemos. Y tiene toda su lógica: es un rey profundamente conservador y agresivo en todo lo que sea mantener su estatus, como demostró el 3 de octubre. Explicaría también cómo se ha modificado la actitud inicialmente positiva de Pedro Sánchez a un Gobierno avanzado.

La situación está bloqueada y mientras tanto siguen los problemas. Urge derogar las reformas laborales y de pensiones, la LOMCE, la ley mordaza, apostar por la educación, la sanidad y los servicios públicos, por el empleo digno y con derechos, por la transición energética, por el fortalecimiento del Estado de Bienestar, por el acceso a la vivienda… Y eso, nunca se conseguirá con el apoyo de la derecha y de Ciudadanos, que ha aparecido en la política para que no cambie nada sustancial.

Así las cosas ¿qué hacer? Convencer al electorado y bases del PSOE que sus intereses no son los de sus barones, ni los de la oligarquía financiera y empresarial, que la esperanza de cambio y progreso pasa precisamente por un Gobierno de progreso con un programa avanzado en favor de la mayoría de la población. El CIS apuntaba que había una mayoría que defendía ese Gobierno de coalición . Quizá eso explique el tono de la comparecencia de Sánchez, dirigido a convencer a sus bases de las “enormes discrepancias”, que no aclara, con UP para dar la vuelta al inteligente clamor de la militancia socialista la noche electoral del 28 de abril del “Con Rivera No”. La cuestión es coger el camino de la mayoría social o el de las élites. Lo que no está claro es a qué juega el PSOE.

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1. Tras una Huelga General como la del 29 de marzo de 2012 contra una agresión como la reforma laboral, no se pueden dejar las cosas a los recursos de inconstitucionalidad. Hay que hay que seguir dando continuidad a la movilización. A la luz de los hechos posteriores quien plantee solo la vía de los tribunales para evitar seguir con la lucha, está metiendo la acción sindical en una vía muerta.
2. El descrédito al que están llegando las instituciones, y una tan importante como el TC, es muy preocupante por el control y la manipulación política. Asegurar una mayoría aplastante a su favor de la derecha de jueces conservadores, hace aumentar la percepción ciudadana de escándalo y de juego con las carta marcadas. Es muy grave colocar al frente del TC a un militante del partido, que llegó a ocultar esta circunstancia en el Congreso para que no fuera un obstáculo para su nombramiento; que sea el autor intelectual de esta misma reforma impuesta por el PP del que fue asesor durante muchos años. La pérdida de respeto que puede sufrir el TC, por la pérdida de independencia, puede ser tan grande que sus sentencias pueden ser contestadas política y socialmente en los fallos sobre temas polémicos como la relación con Cataluña u otros.
3. Puede haber leyes progresistas o leyes reaccionarias, perfectamente constitucionales. Esto nos remite a la urgencia de abordar la política como vía para recuperar los derechos robados derogando leyes injustas y sustituyéndolas por otras a favor de la mayoría social ¿Serán capaces los sindicatos de fijar una posición clara ante los procesos electorales de 2015 para ayudar a desalojar al PP del gobierno?

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