Según el Banco de España, la deuda pública española es de algo más de un billón de euros. El 97,1% del PIB. Es decir, de toda la riqueza nacional. La deuda se ha triplicado desde que empezó la crisis; en 2007 era un 36% del PIB y hoy es casi el 100%. Una deuda que es impagable, una deuda que es imprescindible auditar y reestructurar.
En el Reino de España, los intereses de la deuda a pagar en 2015 sobrepasan los 35.000 millones de euros. Casi una quinta parte de lo que se ingresará por impuestos. De reducirse los intereses de la deuda pública, los países de la eurozona, España incluida, tendrían presupuestos con superávit. O, dicho de otro modo, si los gobiernos hubieran sido financiados por el Banco Central Europeo al interés con el que generosamente financia a la banca privada, la deuda pública europea sería mínima. Y es que la utilización de la deuda no es técnica, inocente, neutral ni imparcial. Los bancos han destinado el dinero barato del BCE para pagar los créditos con los que alimentaron la burbuja inmobiliaria y para comprar deuda pública con la que obtienen beneficios a costa del erario público.
Que la deuda sea impagable hace imprescindibles moratorias, reestructuraciones, suspensiones y quitas. Medidas normales en el capitalismo, como lo fueron en el feudalismo y antes. En la Babilonia de Hammurabí, hace cuatro mil años, hubo una treintena de reestructuraciones de deuda, incluidas cuatro anulaciones.
Pero no hay que ir tan lejos para comprobar que reestructuraciones y quitas de deuda son actuaciones frecuentes. Por el Acuerdo de Londres de 1953, 25 países acreedores aceptaron anular un 62% de la deuda externa alemana. Reducción que fue clave para la rápida recuperación y posterior desarrollo de la República Federal Alemana. Reinhart y Trebesch nos ofrecen algunos datos históricos sobre otras reestructuraciones de deuda cercanas; las amplias reducciones de deuda pública de Francia o Italia tras la conflagración mundial del 52% y 36% respectivamente respecto a su PIB de 1934. La deuda fue condonada en su mayor parte, olvidada y, tras la reestructuración, mejoraron las condiciones económicas y ambos países crecieron.
La reestructuración o anulación de deuda pública es voluntad política, no cuestión técnica. Como también es voluntad política decidir a quién beneficia una reestructuración de la deuda. ¿A la ciudadanía? ¿A la minoría que detenta el poder económico? La deuda pública se utilizó en los noventa para obligar a América Latina a aplicar políticas neoliberales. El mecanismo era sencillo: para lograr préstamos del Banco Mundial, había que cumplir las condiciones que imponía el FMI. Que eran ajustes estructurales (despidos masivos y patente de corso para el capital), privatizar todo lo público y rebajar salarios. Chantaje puro y duro.
Desde hace tres décadas, es política neoliberal aumentar el endeudamiento de la mayoría de países para controlarlos o incidir en sus políticas. En la vieja Europa la deuda ha aumentado extraordinariamente por los tratados de Maastrich y Lisboa que prohíben al Banco Central Europeo prestar directamente a los gobiernos, pero no a los bancos privados. Con la caída de ingresos del Estado, por las rebajas de impuestos a los que más poseen y más ganan, los gobiernos recurren a la banca privada que compra sus bonos de deuda a interés más alto. Es el mecanismo de aumento de la deuda pública en Europa y de control que cierra así el círculo del uso torticero de la deuda.
Puesto que el modo clásico de producción flaquea desde hace décadas para obtener los beneficios que pretendía la clase dominante, la deuda pública se ha convertido en manos del poder económico y de sus gendarmes (FMI, BCE, CE…) no solo en mecanismo de control político sino también en medio para conseguir esos anhelados beneficios. En modo de acumulación de capital. Como también lo son la austeridad fiscal por trasvase de rentas de las clases populares a las élites, la corrupción (apropiación ilegal directa del contenido de las arcas públicas) y la especulación financiera desaforada. Si la deuda pública es hoy medio de acumulación, es un modo de explotación y de dominio.
Por todo ello, hacer frente a la deuda, auditarla, reestructurarla y reducirla, pensando sobre todo en la gente, es obligatorio para defender los derechos de la mayoría, para empezar a cambiar las cosas y construir otro mundo posible más decente.
Xavier Caño es Periodista y escritor
Crónica agadece al autor, por medio del Colectivo Attac poder compartir este artículo con nuestros lectores
No se ha informado nada ni se comenta públicamente, pero los gobiernos de la Unión Europea y de Estados Unidos negocian en absoluto secreto desde hace más de un año un tratado de libre comercio e inversiones. Lo de libre comercio es una entelequia porque los aranceles de exportación-importación ya son bastante reducidos. La clave está en las inversiones. Casi inexistente para prensa, radio y televisión, sólo las grandes empresas multinacionales y los lobbies saben con detalle lo que se cuece en la oscuridad.
El Acuerdo Trasatlántico de Libre Comercio e Inversiones, TTIP por sus siglas en inglés, es un acuerdo de gran alcance, el mayor hasta la fecha en tales acuerdos. Es así porque EEUU necesita a la vieja Europa para hacer frente a China y aislar a Rusia. Para crear el mercado más grande del mundo, un mercado de más de 800 millones de consumidores. Y las élites de Europa creen que en ese tratado, en el TTIP, está el camino de salvación del crecimiento.
¿Que pretende el TTIP? En realidad, lo que busca con desespero es eliminar las normas reguladoras, las barreras reglamentarias, las normas, cautelas y precauciones en beneficio de la ciudadanía y sus derechos, porque las élites entienden que todo eso reduce sus beneficios posibles. Lo que pretenden es que nada se oponga a sus inversiones y como quieran hacerlas.
En América Latina, en los noventa, EEUU quiso crear un área de libre comercio con Centroamérica y Sudamérica. Con el señuelo del libre comercio que todo lo enriquece, ese multilateral tratado era simplemente imponer el credo neoliberal del Consenso de Washington que hoy, tras más de veinte años de sufrirlo, sabemos que conduce al desastre de una gran mayoría ciudadana y de la clase trabajadora. Porque lo que pretendía y pretende EEUU, y también la muy neoliberal Unión Europea, es aplicar rígidamente las políticas neoliberales de desregulación, ausencia de control, rebajas fiscales y privatización de todo lo público en beneficio de la élite económica y financiera.
Cuando EEUU renunció al tratado multilateral con Sudamérica y Centro América, por las protestas, la movilización de activistas y posturas de algunos gobiernos, EEUU negoció y firmó tratados bilaterales con Colombia, Perú, Chile y con México y Canadá, el NAFTA. Como dan fe las hemerotecas y archivos, este último tratado tuvo devastadoras consecuencias para agricultura e industria mexicanas, se destruyeron millones de empleos en México y Estados Unidos y ese tratado solo benefició de verdad a grandes empresas de ambos lados, al tiempo que provocaba una intensa y abundante migración hacia EEUU y limitaba las posibilidades de desarrollo de México.
Según un estudio de Thirlwall y Penelope Pacheco-López "no hay evidencia alguna de que los tratados comerciales hayan mejorado la vida de los ciudadanos de los países firmantes". Pero sí de lo contrario.
La razón de ser de los tratados, aunque los maquillen o disfracen, es apoyar sin fisuras a las empresas en los países receptores de las inversiones frente a las actuaciones de sus gobiernos. Porque, en realidad, los tratados son sistemas jurídicos paralelos para que las multinacionales incumplan las leyes nacionales. Y, por supuesto, para imponer al país receptor la política económica que convenga a los inversores, es decir, a las corporaciones transnacionales.
Si se aprueba el Tratado se violarán sistemáticamente derechos humanos universales e inalienables desde la alimentación adecuada, agua, salud, derechos sexuales y reproductivos, integridad física y psíquica, ropa, vivienda, educación, protección social, movilidad, cultura, ocio y un medio ambiente limpio, trabajo decente, que permita a la gente tener una vida digna, incluyendo una renta adecuada y derechos laborales… Lo que busca el TTIP es además una amenaza para el empleo y los derechos de los trabajadores. Incluso la Comisión Europea reconoce que muchos puestos de trabajo se verán amenazados por la competencia estadounidense, además de que las normativas laborales en EEUU son menos exigentes, débiles o no existen contagiarán a las europeas.
La regulación europea de salud pública y medio ambiente, que hasta hoy es más garantista que la que hay en Estado Unidos, se verá afectada por el TTIP. Hoy el 70% de los productos alimenticios que se venden en los supermercados estadounidenses contienen ingredientes genéticamente modificados; en Europa, no. Por contra, en Europa funciona el principio de cautela: antes de poner un producto en el mercado hay que probar más allá de dudas razonables que no es perjudicial. En Estados Unidos ocurre lo contrario: para que un producto sea retirado por su peligro potencial, hay que demostrarlo de tal manera que supone en trabajo descomunal.
Pesticidas, sustancias químicas que afectan al sistema hormonal humano, pollos y pavos de consumo humano lavados con cloro camparán a su aire según el modo y práctica estadounidenses.
Y, por supuesto, se verán afectados el derecho a la educación pública, a la sanidad, a la vivienda, al agua, a la energía… Todos estos servicios y bienes podrán ser privatizados en beneficio de empresas privadas.
Mención especial merece que, según se ha sabido, la Unión Europea está presionando a la Administración Obama para que expanda el llamado fracking, es decir la fracturación hidráulica, las perforaciones de petróleo mar adentro y las extracciones de gas, lo que representa un gravísimo atentado contra el medio ambiente y contra los seres vivos.
La normativa estadounidense sobre propiedad intelectual favorece los intereses de las grandes corporaciones frente a los derechos del consumidor, lo que supone una violación de la privacidad de los datos personales, porque las grandes compañías podrán acceder a esos datos de los consumidores…
Pero tal vez lo peor sea que el TTIP espera acordar una protección a ultranza de las inversiones para lo que se propone un mecanismo de Solución de Diferencias entre el Estado y el Inversor (ISDS). El ISDS permitiría a las corporaciones y grandes empresas demandar a los Estados cuando consideren que alguna decisión democrática de gobierno en aras del interés general puede afectar a sus ganancias presentes o futuras.
El ISDS estaría formado por unos presuntos tribunales que no son tales sino tres abogados privados sin mandato alguno de institución democrática alguna nacional o global. Y esos tribunales de pizarrín, por encima de los Estados, fallarían ante las demandas de menores beneficios de las élites y exigirán multimillonarias indemnizaciones. Es decir, las grandes corporaciones se asegurarían los beneficios sin mover un dedo, solo por temor de que tal o cual ley en defensa de los intereses ciudadanos pudieran mermar los beneficios de esta o aquella corporación. Las empresas podrán cuestionar las leyes, proponer restricciones y exigir indemnizaciones.
No es ficción. Hay precedentes por aplicación de mecanismos similares de otros tratados bilaterales. Philip Morris, Vattenfall, Chevron y Occidental Petroleum demandaron por cantidades multimillonarias a Uruguay, Ecuador, Argentina, Alemania…
Esos tribunales de arbitraje han sido cuestionados por profesionales del derecho y del mundo académico, pero se pasan por el arco de triunfo los sistemas legales de las naciones y la soberanía democrática de los países.
A tales tribunales especiales, que no son tribunales y que actúan al margen de cualquier tribunal legítimo estatal o internacional, solo podrán recurrir los inversores, no los estados ni los grupos de la sociedad civil. Con la agravante aberración de que sus fallos serán inapelables contra todo principio básico de buen derecho.
Para el dislate, el TTIP pretende crear un Consejo de Cooperación Regulatoria para que las corporaciones puedan cuestionar todas las decisiones parlamentarias o gubernamentales que pudieran reducir sus beneficios. Tal consejo será en verdad una cueva de lobbies que, presionarán de modo constante, buscarán rebajar o aguar las normas, incluso poder escoger otras normativas, recibir notificación de las nuevas propuestas de normas antes de su resolución y eliminar las restricciones que piensen que les perjudican.
Es decir, con el TTIP y sus mecanismo y órganos de regulación, los parlamentos nacionales y el propio Parlamento Europeo cada vez podrán legislar menos, porque todo puede afectar a o los beneficios de las corporaciones como IBM, Deutsche Bank, Vodafone, Telefónica… para oponerse frontalmente a cualquier acuerdo o medida que suponga proteger derechos humanos y laborales. En resumen: lo que pretende el tratado del libre comercio e inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea es que los beneficios de las grandes empresas prevalezcan sobre los derechos de la ciudadanía y sobre la preservación integral del medio ambiente o la seguridad alimentaria.
La oportuna y legítima filtración de estos obscenos planes de la negociación del TTIP entre la Unión Europea y EEUU, ha promovido una amplia oposición en Europa y Estados Unidos y, por fortuna, han comenzado a celebrarse actos, protestas, movilizaciones… contra el TTIP. Además, se escriben miles de artículos y se organizan cientos de debates para informar a la ciudadanía de lo que se nos viene encima si no le ponemos remedio.
Las élites quieren aprobar el TTIP el año 2015. A pesar de sus secretos y oscuridades, el tratado ha de ser aprobado por el Parlamento Europeo y ratificado por los Parlamentos de los países miembro cuyas Constituciones así lo establezcan. Esa circunstancia abre una brecha por la que la ciudadanía se puede colar, movilizándose claramente en contra de la aprobación del TTIP. Aún podemos frenar esa aberración obscena contra los derechos de la inmensa mayoría y la limpieza y estabilidad del medio ambiente.
Por ello, nos hemos unido más de 300 organizaciones y movimientos sociales en una campaña de denuncia de este Tratado, tanto difundiendo el peligro que representa en charlas, conferencia, debates, artículos, etc., como con la convocatoria de una jornada internacional contra El TTIP el próximo 11 de octubre.
Ilustración del articulo por cortesía de campact. Fotografía utilizada bajo licencia Creative CommonsXavier Caño / Lourdes Lucía — ATTAC Madrid
