Comer o medicarse. Algunos pacientes españoles –como sucede en Grecia o Portugal – están  dejando de medicarse porque no pueden costearse el re-pago farmacéutico. Incluso con patologías graves como el infarto de miocardio. Lo ha denunciado un cardiólogo del Hospital Universitario de Salamanca, el doctor Maximiliano Diego. Un paciente suyo ha sufrido un segundo infarto porque no pudo pagarse el tratamiento que le prescribieron tras sufrir el primero.

El paciente –cuenta la Cadena SER-  tuvo un infarto hace un año, le pusieron un ‘stend’, un pequeño muelle en el corazón, y salió del hospital sano, pero con un cóctel de medicamentos que debía tomar obligatoriamente y del que tenía que pagar el 40% del precio, unos 100 euros al mes. El enfermo está en paro y sobrevive con 400 euros de subsidio.

Añadiría que carece de sobresueldos como la vicepresidenta del gobierno y el resto de la cúpula del PP. En su “puta vida” los ha cobrado este señor, ni nadie por un mismo trabajo. 400 euros de subsidio ahora, mientras le duren. No puede distraer 100 para la medicación. Como él muchos otros pacientes, según cuentan bastante afectados profesionales de la sanidad pública en España.

Insistiré una vez más en que todos los recortes no han servido para nada (hacia la sociedad, se entiende, algunos sí se benefician). Nadie ha endeudado a España más que Rajoy que tiene la deuda pública cerca del 100% del PIB cuando la cogió en el 68,5%.

Mientras tanto, varios juzgados han encontrado fundados indicios de pagos con dinero negro en el PP en cinco comunidades autónomas: Valencia, Baleares, Galicia, Castilla-La Mancha y La Rioja, tal y como afirmó Bárcenas. Se sumarían a la gran caja B del PP nacional. Allí donde investiga la justicia encuentra esa mugre.

Depositar una papeleta en la urna tiene consecuencias como es lógico. Se avalan actuaciones políticas. En el caso de las delictivas o desalmadas, se actúa de cómplice.  La corrupción que nos rodea requeriría que para votar se exigiera, además del DNI, un certificado de ética, siquiera de decencia.

No hay español ni española que no sepa a estas alturas que donde se construye algo (viviendas, equipamientos, carreteras o trenes) hay gente que se hace inmensamente rica y mucha otra gente que se hace más pobre (nosotros y nosotras). No hay nadie que no sepa que donde el constructor dice que aquello va a costar mil termina costando un millón y que donde dicen que se trata de un equipamiento muy útil y que traerá riqueza lo que trae es despilfarro, bolsillos llenos de algunos, destrucción del medio ambiente y, finalmente, desastre.

Ese 95% de creyentes españoles en la corrupción, por la misma razón, no creen en ninguna otra cosa. Si se cree que la corrupción está generalizada no se puede creer en la democracia, el sistema, los partidos, la honradez de los políticos, no se cree en nada, sólo en la corrupción. Porque la corrupción es como una marea de alquitrán que se va extendiendo y manchando cualquier cosa que toca. No sólo mancha, sino que ocluye, impide respirar y ahoga. Y eso está ocurriendo con esta democracia. Si la tierra está contaminada, todo lo que crezca sobre ella lo estará. A estas alturas es casi superfluo insistir en que hay políticos honrados. Los hay, y hay muchos. Pero lo cierto es que por muy honrados que sean muchos políticos, aquí todos son culpables de no haberse preocupado lo suficiente en detener o en poner barreras a esta inmensa podredumbre que nos inunda.

Aquí nadie se ha plantado y se lo ha tomado en serio. Esta semana la publicación de estas cifras no ha provocado ningún revuelo en el mundo político, no ha generado declaraciones, y mucho menos acciones, que nos demuestren que de verdad le dan a este asunto alguna importancia. Ellos siguen a lo suyo. La corrupción puede ser solo un problema ético en tiempos de abundancia; cuando a la gente no le importa que el empresario/alcalde/político de turno se enriquezca porque se tiene la impresión de que hay para todos. Pero cuando ya hay gente pasando hambre, cuando las vidas de la mayoría de las personas se estrechan hasta límites insoportables, la corrupción es una bomba en el vientre del sistema y una bomba contra ellos mismos.

La rabia está creciendo hasta límites insospechados. Cuando el otro día mis compañeros de oficina, personas sociológicamente conservadoras, votantes del PP/PSOE en su mayoría, me llamaron la atención porque, sin darme cuenta, saqué una lata de Coca Cola de la máquina, olvidando que los trabajadores de la planta de Fuenlabrada están en huelga, me di cuenta de que las cosas han cambiado de una manera muy significativa. Una certeza del 95% de que la corrupción está generalizada, significa la misma cifra de personas que tienen la certeza de que nos roban y engañan. Significa un 95% de personas que no creen nada de lo que los partidos les dicen, que no confían en los políticos y eso al final siempre estalla, para bien o para mal, pero estalla.

Beatriz Gimeno es escritora y expresidenta de la FELGT (Federación Española de Lesbianas, Gays y Transexuales)

* Crónica agradece a la autora que comparta sus artículos de opinión con nuestros lectores

No asusta mucho la infección de un cuerpo si lo que se pretende es su muerte. Se puede contaminar sin escrúpulos un río cuando la opción última es su desaparición después de un periodo extremo de sequía. Importa poco degradar una realidad que tiene como fin su propia borradura.

Tenemos ejemplos concretos. A los partidarios de la liquidación de los servicios públicos, les viene bien propiciar el naufragio de la educación, la sanidad o la información ofrecida por el Estado. Son dos etapas distintas del mismo negocio. Aquellos que han saqueado los contenidos de la radio y la televisión pública valenciana pueden ahora participar del festín que facilita la muerte de una entidad manchada e insostenible. Oficio de buitres.

Ocurre lo mismo con la política. El espectáculo de una corrupción constante, los correos electrónicos llenos de pus, las mentiras servidas en bandejas parlamentarias, la falta de explicaciones sobre cuentas, áticos o tramas, no importan demasiado para los que viven bien bajo el descrédito general de la política, esa irritación popular que inutiliza cualquier alternativa. Si no se cruza una pelea interna en un partido, los escándalos suelen diluirse sin consecuencias para el afectado.

En España hay abierta una Causa General contra la realidad. Se infecta de forma cotidiana una realidad que tiene como destino calculado su desaparición. El primer paso, desde luego, es la mentira, la borradura de las huellas con el pañuelo de las afirmaciones falsas: la reforma laboral ha creado empleo, los españoles estamos saliendo de la crisis, cambiamos el sistema de pensiones con el fin de hacerlo sostenible, el PP es la fuerza más interesada en combatir la corrupción.

Después viene el control político de la vigilancia pública. Los funcionarios encargados de cuidar y asegurar el cumplimiento de las normas (inspectores de hacienda, jueces, periodistas de medios públicos) son manipulados y hacen su carrera bajo la amenaza del cese, el castigo o la falta de promoción.

Finalmente se suprimen los derechos de los ciudadanos y se convierte la protesta social en un asunto de orden público con la dureza de las penas, los uniformes y las multas. El envenenamiento del lenguaje —que es otro de los mecanismos imprescindibles—, permite confundir la seguridad con la represión en una sociedad amordazada.

Todo esto resulta más efectivo cuando existen procedimientos previos que alteran y limitan el valor de la participación incluso en las urnas. La ley electoral española es otro sistema de defensa del poder ante la protesta democrática de los ciudadanos. Los partidos mayoritarios limitan mucho la factura parlamentaria de su descrédito. Puede darse el caso, como ocurrió en las últimas elecciones gallegas, que el PP pierda casi un 20% de sus votos y consiga vender al mismo tiempo una gran victoria en el reparto de escaños.

Hay algo más, algo decisivo. El deterioro de la política abre una brecha, ahora un abismo, entre la España real y la España oficial, que poco a poco convierte el mundo de las elecciones en un espacio virtual. La opinión en una casa o en un bar se produce a muchos kilómetros de distancia ideológica del videojuego del poder. Del mismo modo que una anoréxica se mira en el espejo y se ve gorda, un ciudadano mediatizado puede criticar con pasión a un partido  y convertirse luego en su votante. Y es que el voto deja de tener conexión con la realidad para situarse en el terreno de la superstición virtual.

La campaña electoral es así un videojuego con su propio argumento. Cumple un papel especial y espacial el rencor, que se cultiva como puente propicio para cruzar al duelo virtual de los escaños. Por ejemplo, se pide el voto a Rajoy por odio a Zapatero, o se pide el voto a Rubalcaba por miedo y odio a Rajoy. Los no creyentes se abstienen y dejan de ser peligrosos. Los creyentes se limitan a participar en un guion marcado: el duelo entre guerreros. El incumplimiento de las promesas electorales se da por hecho, es la condición de esta estrategia virtual que separa el sentido de los votos de la realidad.

La criminalización de las víctimas, la ley mordaza y el furor represivo del PP no tienen sólo el fin inmediato de silenciar la protesta. Pretenden también borrar la realidad para que no interfiera en su videojuego. Las plazas se han llenado tanto de dolor, angustia, necesidad y rebeldía que la experiencia de carne y hueso está entrando de nuevo en la política. Es un peligro para la estrategia virtual. La gente puede negarse a la infección periódica del Estado si no está dispuesta a convivir con su cadáver. Una realidad que no se borra es un problema para los ilusionistas de la infección. Por eso estamos asistiendo a esta Causa General contra la realidad.

Estos días he estado viendo a Matas declarando ante el tribunal que le ha condenado finalmente por cohecho (uno de los muchos que la ha condenado… y los que le quedan). Hace unos años era un presidente todopoderoso y, como tal, todo lo que decía o hacía parecía importante. Iba y venía sin bajarse de su coche oficial, se reunía con políticos, con miembros de la casa real, con actores y actrices, con ricos en general y él mismo vivía en un palacete. Le veíamos en la televisión y quizá no nos dábamos cuenta de lo pobre tipo que es.  Ahora, al verle declarando incoherencias, mentiras e indignidades ante un tribunal; ahora, al verle despojado de cualquier signo de poder, incluido el respeto que ya nadie le guarda, me ha parecido un personaje patético, pequeño moralmente, un personajillo ridículo.

Los políticos corruptos no tienen la más mínima dignidad. Tienen tal codicia, tal falta de perspectiva de la realidad, tal ausencia de sentido del propio honor que mientras cobran cientos de miles de euros de manera legal e ilegal, mientras reciben todo tipo de prebendas materiales, mientras viven en un palacete, son al mismo tiempo capaces de presionar a quien sea para que su mujer, en el caso de Matas, cobre 2000 euros al mes en un hotel haciendo nada o para que les inviten a sushi. Si hiciéramos un seguimiento del comportamiento- tipo del corrupto veríamos que son absolutamente previsibles, que reaccionan siempre de la misma manera. Primero lo niegan todo de manera enfática y soberbia, porque la soberbia forma parte del revestimiento con el que el corrupto se viste; después demandan a quienes les acusan de corruptos en nombre de su honor; finalmente, a veces, no siempre, terminan ante un tribunal. Entonces se repite lo mismo. Primero dicen que están contentos de poder probar su inocencia y de colaborar con la justicia; durante el juicio mienten lo que haya que mentir y se siguen mostrando tan soberbios como antes: hacen muecas, se ríen, hacen gestos despreciativos, se sientan o caminan con el cuerpo muy tieso, como Urdangarían cuando hacía el paseíllo hacia la sala. La chulería corporal,  gestual, es la manera en la que quien no tiene honor ni dignidad pretende simularla. Es una especie de performance de dignidad, pero en esa sobreactuación se ve a la legua que se trata de un disfraz.

Y luego,  según el juicio avanza y las cosas van a peor, estas personas empiezan a desinflarse como un globo pinchado, el cuerpo se empequeñece, se encorva, va perdiendo consistencia; es el momento en el que los atributos del poder se les van retirando  y en el que empieza a aparecer la persona tal cual es. Los antiguos compañeros ya no les llaman, les visitan o siquiera les mencionan; los fiscales o los acusadores dicen en voz alta lo que durante años todo el mundo ha pensado pero no se ha atrevido a decir por miedo a represalias, ya no infunden miedo a nadie, nadie les respeta. Y en ese momento en lugar de reconocer sus corruptelas, pedir perdón, explicar que perdieron la cabeza, que les cegó la codicia, en lugar de comportarse siquiera ahora decentemente, que sería la única manera de recuperar cierto sentido de la dignidad, se convierten en alfeñiques patéticos que farfullan más mentiras y más indecencias. Y finalmente todos, ellos y ellas, tras varios meses o años sentados en el banquillo, escuchando en voz alta sus delitos, sus miserias, parecen siempre mucho más pequeños de talla de lo que parecían al principio. Casi podríamos pensar que la talla moral, una vez desvelada, fija también la imagen que nos hacemos de su talla corporal. Matas, Munar, Fabra, Camps…todos, todas, entraron en los tribunales pareciendo más grandes de lo que eran; eran minúsculos en realidad.

Ahora probad a poner a algunos dirigentes del PP, a algunos empresarios o famosos,  con todos susVictor Tormo, dirigente de Izquierda Unida en Castellón, que terminó en un banquillo por llamar corrupto a Carlos Fabra. Creo que ya se puede decir que Fabra es un corrupto, que Matas lo es, que Munar lo es. De todos los demás pringados en los chanchullos del PP, de los pringados hasta el fondo en la Gürtel, en los sueldos en b, la evasión fiscal, las comisiones, habrá que esperar y decir que son presuntos corruptos por ahora, pero la verdad es que a muchos de ellos les estamos viendo empequeñecer por momentos, les estamos viendo esa sobreactuación enfática y ridícula en la defensa de un honor hace mucho que no tienen.

Hallábase investigando el Juez Castro la causa relacionada con Iñaki Urdangarín y su ex socio Diego Torres, respecto a sus manejos desde el Instituto Noos para recabar fondos públicos de forma ilícita, cuando se topó con la presunta actividad de la infanta Cristina en dichos negocios.

Comenzó a investigar el patrimonio de la hija del Rey (con permiso de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca) y se encontró con una transferencia realizada por el monarca, a favor de la infanta y de su marido, por importe de 1,2 millones de euros. Evidentemente, como D. Juan Carlos de Borbón y Borbón tiene asignada una cantidad anual a cargo de los Presupuestos Generales claramente inferior a dicho importe, el juez decidió investigar el origen de aquel dinero, que tan generosamente prestaba el padre a su hija y a su yerno.

Paralelamente, el juez Castro dio con la presunta implicación de dos altos cargos, Rita Barberá y Francisco Camps, en la realización de acuerdos verbales para que el Instituto Noos se hiciera cargo de varios eventos: Valencia Summit y Juegos Europeos en la ciudad de Valencia. Dichos acuerdos, más tarde se materializaron en contratos públicos ocultos bajo la forma de “convenios” y remunerados en la partida de “subvenciones”.

Ante la existencia de aforados, en cumplimiento de la ley, el Juez Castro elevó Exposición Razonada al TSJ de Valencia, para que investigara los hechos presuntamente ocurridos en Valencia, en los que habían intervenido estos dos altos cargos.

En respuesta a este escrito del juez y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, la Fiscalía Anticorrupción propone que la investigación en el TSJ de Valencia no se limite a los hechos ocurridos en Valencia sino que incluya también los cometidos en Baleares. Traducido al lenguaje común significa que el juez Castro deje de investigar todo lo concerniente al Instituto Noos; que deje de indagar sobre otras sociedades, como Aizon, instrumento creado para, siempre presuntamente, blanquear capital y eludir el pago al fisco por sus dos socios, Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina. Cómo no, también tendría que cesar en la investigación sobre el préstamo del Rey a su hija, de 1,2 millones de euros.

El informe de la Fiscalía es técnicamente insuperable: describe las conductas de los principales imputados en los hechos cometidos en Valencia, detalla los delitos presuntamente cometidos y deslinda la responsabilidad de cada interviniente, incluidos Camps y Barberá.

Sin embargo, en el apartado VI.A) de su informe, éste comienza a perder ritmo (digamos, se tambalea), defendiendo lo indefendible, que el TSJ de Valencia, también debiera investigar los hechos presuntamente cometidos en territorio de Baleares, en relación con otros “negocios” llevados a cabo entre el Instituto Noos y otras corporaciones públicas de allí.

Invoca implícitamente, para ello, el criterio de conexidad subjetiva, ante el imaginado peligro de que la causa entera se rompa y se divida. Este criterio, recordemos, ya fue empleado para que el juez Pablo Ruz se quedara con la causa denominada ‘papeles Bárcenas’, pues había que investigar en un solo juzgado todo lo concerniente a Luis Bárcenas; a fecha actual nos encontramos, incluso, con pruebas destruidas.

En esta investigación sobre los hechos presuntamente cometidos por Iñaki Urdangarín, su ex socio y otros imputados, entiende la Fiscalía que el TSJ de Valencia debiera investigar todo lo relacionado con el Instituto Noos y los dos principales imputados, es decir, de nuevo la conexidad subjetiva.

Con independencia de las críticas que pudiera merecer el aforamiento, ese anacronismo que no tiene sentido en un Estado de Derecho, lo cierto es que nos encontramos, nuevamente, con la confusión de tomar la parte por el todo.

Si la Gürtel es un donante de los muchos que aparecen en los ‘papeles de Bárcenas’, los hechos presuntamente cometidos en la organización de Valencia Summit y de los Juegos Europeos forman una parte absolutamente deslindable de la trama presuntamente urdida por Iñaki Urdangarín y Diego Torres para enriquecerse ilícitamente con fondos públicos en Palma de Mallorca.

A nadie se le escapa que la preocupación por que determinados jueces investiguen exhaustivamente causas de gran relevancia social y repercusión política e institucional ha llevado al camino de la creación de “macro causas”, de gran complejidad en su tramitación, con el fin de buscar el órgano judicial más conveniente para la ocasión. O dicho de otra forma, me atrevería a decir que el objetivo no sería tanto buscar un destino concreto sino escapar del atolladero que supone la investigación realizada por un juez imparcial, que no se pliega a presiones de ningún tipo, aunque se tome un gin tonic con una de las partes, cosa que en nada afecta a la imparcialidad y que, dudo se hubiese hecho público si se tratase de un abogado en lugar de una abogada.

La corrupción política no es un fenómeno exclusivamente español, a pesar de lo que nos pueda parecer observando los recientes escándalos relacionados con la trama de financiación ilegal del Partido Popular. En todos los países del mundo la corrupción política y empresarial es una lacra que beneficia a ciertos sectores de la población a costa de perjudicar a otros. No obstante, lo que sí parece ser cierto es que en nuestro país la corrupción ni está tan mal vista ni está tan castigada como en otros países del centro y norte de Europa. Y en esto tiene mucho que ver la tradición democrática que existe en cada país, pues en aquellas regiones donde más tiempo llevan rigiéndose por instituciones democráticas, mejores son los mecanismos de detección y penalización de prácticas corruptas; y al revés. Es por ello que no sorprende ver cómo países que han sufrido dictaduras recientes como España, Portugal o Grecia presenten unos índices de corrupción (según la organización Transparencia Internacional) más elevados que otros países con mayor tradición democrática como lo pueden ser Francia, Reino Unido o los Países Bajos. No es muy difícil de imaginar: si durante los regímenes dictatoriales las oligarquías dominantes podían hacer cualquier cosa que se les antojase sin apenas controles ni limitaciones, no nos debería sorprender mucho que a pesar de las transiciones democráticas dichas élites hayan seguido considerando “normales” ciertas prácticas corruptas.

Pero no nos desviemos del tema. ¿En qué consiste exactamente la corrupción política? Muchas veces se utiliza este término sin entender muy bien a qué puede hacer referencia. En realidad, existen muchas formas de corrupción. Entre las más destacadas cabe mencionar el tráfico de influencias, el patrocinio, los sobornos, las extorsiones, la malversación, la prevaricación, el caciquismo, la cooptación, el nepotismo y la impunidad. Todas ellas son formas muy diferentes de utilizar el poder público en aras de un beneficio propio. Pero a la que nos estamos acostumbrando últimamente y la que es en sí posiblemente la más grave es la que tiene que ver con el soborno (o cohecho). El cohecho es un delito por el cual una autoridad pública acepta un donativo o regalo por parte de alguien a cambio de realizar un acto determinado relacionado con su cargo. Es importante tener en cuenta esto porque el hecho de que el extesorero del Partido Popular recibiera “donativos” por parte de determinados grupos empresariales no hace sino evidenciar un delito de cohecho. En este contexto “donativo” suena mejor que “soborno”, pero no deja de ser lo mismo. Las empresas no le hacían regalos al Partido Popular por amor al arte, sino que obviamente lo hacían esperando alguna contraprestación.

Para que exista un gobernante sobornado debe existir también un agente que lo soborne. Y para que pueda sobornar de forma efectiva el agente en cuestión tiene que poseer y controlar muchísimo dinero. Y es aquí donde encontramos el denominador común de todos los países del planeta que sufren este tipo de corrupción. No podemos olvidar que vivimos en sociedades capitalistas donde la riqueza y la renta están distribuidas de una forma muy asimétrica. En estas sociedades siempre hay súper-ricos, y súper-pobres. Y mientras existan los primeros seguirá existiendo el riesgo de que los gobernantes sean sobornados. No es casualidad que los países donde existen niveles bajos de corrupción sean también los que gozan de una distribución de la renta más igualitaria (Dinamarca, Finlandia, Suecia, Países Bajos…).

Mientras existan poderes económicos tan vigorosos, el poder político será más fácilmente sobornable. Esto es algo que no se le escapa a la mayoría de la población. Según una encuesta de la ONG Transparencia Internacional, un 66% de españoles cree que el gobierno actúa “en gran medida” o “totalmente” guiado por los intereses de grupos de presión  y grandes empresas. Al mismo tiempo, según las últimas cifras del Centro de Investigaciones Sociológicas, la gran mayoría de la población indica que los bancos tienen más poder que los gobiernos, mientras que colocan a las grandes empresas casi en el mismo escalón.

Por eso ningún país del planeta se libra de este tipo de corrupción, porque vivimos en un mundo capitalista en el cual 41 de las 100 mayores economías mundiales son empresas (el resto son países). Frente a poderes económicos tan importantes y preponderantes, cualquier esfuerzo por combatir la corrupción se quedará corto. Si se quiere batallar con eficacia la corrupción no queda más remedio que atacar a la raíz del problema, y ello pasa necesariamente por la reducción y debilitamiento de estos desmesurados poderes económicos.

* Eduardo Garzón es economista

* Crónica le da las gracias al autor

Toda esta sospechosa demolición controlada (porque suena demasiado a controlada) del meticulosamente elaborado fortín legal, ejecutivo y financiero en torno a los plutócratas neoliberales del PP y afines, que Bárcenas aparentemente ha ejecutado sin querer, te deja intrigado y mascullando una pregunta que ya varios foros intentan contestar o manipular a su favor: ¿A quién beneficiaría este descalabro sin precedentes del sistema político/democrático español?

¿A la eurocracia neoliberal, liderada por Merkel, que de repente ha empezado a ver signos de resistencia a entregar el estado español y sus arcas o a imponer la austeridad hasta sus últimas consecuencias y busca crear un escenario perfecto para el envío de otro de sus corruptos tecnócratas, a lo Monti, que remate el modelo neoliberal ignorando al moribundo pueblo?

¿A la plutocracia —local y mundial— empeñada en cambiar el modelo económico europeo y español, por tanto, pasar del Estado de Bienestar al Botín para empresarios sin controles democráticos que modulen su asalto al pueblo?

¿A los especuladores de siempre que, aplicando la exquisitamente explicada por Noemi Klein Doctrina del shock quieren hacer en toda la Europa del sur lo que ya están haciendo en Grecia y ven síntomas de contra-organización o alternativas a su shock inicial contra el PSOE y la “fantasía” (eso se empeñan en hacer creer) del Estado de Bienestar?

¿A Esperanza Aguirre que, aislada, derrotada en su pugna con Gallardón y expulsada de la cúpula Rajoy que ya intentó dinamitar en varias ocasiones, ha confabulado con su amigo Bárcenas un peligroso deterioro del modelo democrático que dé paso a figuras mesiánicas o populistas como ella que se ofrece a “regenerar” el PP y la misma democracia?

¿Al propio Partido Popular que blinda así cualquier respuesta a sus ineptas, desalmadas y descaradas medidas de saqueo, estableciendo el concepto de “no somos nosotros, son todos, es el sistema; si queréis democracia este es el precio”?

No sé si hay un pequeño conflicto de carroñeros intentando despiezar al moribundo Estado de Bienestar, pero si queréis entender un poco mejor lo perverso y falso que es este escándalo os recomendaría la lectura de este magnífico artículo titulado ¿Qué se esconde tras el ataque mediático al PP?Maneja mimbres muy plausibles.

Tristemente, este escenario reproduce muchos de los datos clarificados por mi idolatrado Webster Tarpley en su obra Obama: the postmodern coup en la que denunciaba unas sofisticadas estrategias del neofascismo para bloquear cualquier iniciativa de izquierdas y garantizar el reino de las corporaciones oligarquicas.

* Este artículo ha sido publicado en el diario Publico.es 

* Crónica lo ha seleccionado por su interés y contenido