Los defensores del CETA repiten una y otra vez los mismos argumentos
sin presentar ninguna evidencia que los avale. Son simples consignas
faltas de rigor al no estar refrendados por la realidad del texto del
tratado. O no lo conocen o son cínicos sin ningún tipo de pudor.
Machacan con el argumento de los valores compartidos entre la UE y
Canadá. ¿Cuáles son esos valores? En Canadá están autorizados los
transgénicos sin etiquetar en la alimentación humana, en la UE, no. En
Canadá, la agricultura industrial con utilización masiva de pesticidas,
muchos de ellos prohibidos en la UE, es la norma, frente al modelo
europeo basado fundamentalmente en pequeñas y medianas explotaciones
familiares o de cooperativas. En Europa funciona el “principio de
precaución”. En Canadá la “gestión del riesgo”…
El 70% de mineras mundiales son canadienses, y no hay más que fijarse
en el ejemplo de Corcoesto para adivinar la oleada de demandas ante los
famosos tribunales de arbitraje del ICS (Investment Court System) que
nos caerían cuando el gobierno central, los gobiernos autonómicos o
municipales quisieran poner trabas de algún tipo a la actividad de
dichas empresas. Además, la mayoría de empresas canadienses son filiales
de transnacionales de EEUU, por lo que el CETA sería de hecho la puerta
trasera que utilizarían las mismas para beneficiarse del ICS.
Cuando dicen que es un tratado progresista, ¿a qué se refieren? El
capítulo de empleo y desarrollo sostenible no cita en ningún momento el
principio de precaución consagrado en el Tratado de Lisboa de la Unión
Europea. Los derechos laborales no son vinculantes y por tanto
ejecutables de forma efectiva ante ningún tribunal. La resolución de los
posibles incumplimientos se deja a la buena voluntad de las partes, sin
obligaciones concretas
¿Es progresista la lista negativa de compromisos mediante la cual
todos los servicios (incluidos los públicos) están abiertos a la
liberalización (privatización) si no se meten en dicha lista? ¿Qué pasa
con las necesidades futuras que no se prevén en el momento de su
elaboración?
¿Es progresista la cláusula standstill que establece la
congelación del nivel de liberalización (privatización) de todos los
sectores económicos en el momento de la entrada en vigor del CETA?
¿Es progresista la cláusula ratchet que impone a los gobiernos
el avance en una sola dirección (la de liberalizar y desregular) e
impide la vuelta atrás en el sentido de revertir en aras del bien
público decisiones que gobiernos anteriores hayan tomado?
¿Es progresista que en el capítulo de medioambiente del CETA no
aparezca ni una sola referencia a los objetivos a los que la UE se
comprometió en el tratado de París de 2015, mientras se fomenta la
importación de arenas bituminosas o gas de fracking de Canadá?
Cuando en el instrumento interpretativo del CETA se menciona el
“derecho a regular” de los gobiernos, solo se dice una media verdad. La
cara oculta de esta afirmación es el “derecho” de los inversores
extranjeros a hacer uso del Sistema de Tribunales de Inversión (ICS)
para elevar demandas contra dichos gobiernos cuando al regular
interfieran de alguna manera en sus beneficios presentes o futuros. Es
decir, nadie te impide regular, pero tendrás que pagar un alto precio
por ello. Ejemplos los tenemos a cientos en otros tratados de inversión a
lo largo de los últimos 20 años. ¿Es esto progresista?
¿Es progresista que bajo la “cooperación reguladora” establecida en
el CETA, cualquier iniciativa legislativa de una parte (UE) tenga que
ser consultada con la otra parte (Canadá) antes de ser llevada a los
propios parlamentos? ¿Y que las empresas transnacionales tengan el
derecho de “opinar” sobre la idoneidad de cualquier proyecto de
normativa, ley o regulación que pueda “afectar al comercio”?
La campaña NO al TTIP/CETA/TISA tenemos argumentos basados en
numerosos estudios, análisis e investigaciones sobre las tripas del
CETA. No nos inventamos nada, no somos demagogos, no hablamos por
hablar. Y en cuanto a la acusación de proteccionistas…, pues sí, no lo
ocultamos, reconocemos con orgullo que lo somos.
Somos proteccionistas de los derechos laborales conseguidos con tanto
esfuerzo, con tanto sacrificio y a través de tanto tiempo. Queremos
proteger el planeta en el que vivimos, una alimentación sana, nuestros
datos personales, la sanidad y la educación públicas, el derecho al
agua, el derecho a una energía no contaminante y asequible, el derecho a
la democracia y a ser consultados, el derecho a un “trato justo y
equitativo” para todas las personas, y no para que unas élites utilicen
ese concepto de forma fraudulenta en su propio beneficio.
Y, que se sepa, no estamos en contra del comercio. Estamos en contra
de “este comercio” representado por el CETA y sus hermanos gemelos, como
el TTIP, el TISA u otros que la Unión Europea está actualmente
negociando o en vías de negociar. Parafraseando a Ortega: no es eso, no
es eso.
Miembro de la campaña NO al TTIP/CETA/TISA
Alberto Martinez forma parte de ATTAC Acordem y es de Camp de Túria
Las declaraciones de alemanes y franceses sobre la muerte del tratado son una maniobra electoral y una cortina de humo para ocultar la posición de los socialdemócratas en el acuerdo con Canadá.
El pasado domingo a mediodía el presidente del SPD y vicecanciller Sigmar Gabriel declaraba que después de 14 rondas de negociación el acuerdo de comercio e inversión (TTIP) que está negociándose entre EEUU y la Unión Europea “ha fallado”. Estas palabras han levantado una polvareda de opiniones, artículos e incluso felicitaciones por una supuesta “buena noticia” de la mano del SPD. ¿Hemos ganado la partida frente al TTIP y no nos hemos dado cuenta? ¿Va a conseguir el SPD un cambio de posición del grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo capaz de mover a la Eurocámara hacia el rechazo del TTIP? ¿Acaso Merkel (que en el mes de junio recibía a Obama y se conjuraban juntos para impulsar el acuerdo) ha cambiado de opinión? Sin dejarnos tiempo para contestar estas preguntas, a las declaraciones de Sigmar se han añadido las manifestaciones del secretario de Comercio Exterior del Gobierno francés, Matthias Fekl, que anuncia la demanda de suspensión ante las autoridades europeas para este mes de septiembre. ¿Realmente estamos en manos de los socialistas franceses y alemanes, esperando que a estas alturas del debate den el toque de gracia al TTIP?
No, no vamos a dar las gracias a los socialistas europeos por una victoria que, creemos, sería en todo caso una cortina de humo. Y mantenemos esta postura porque consideramos que el problema no es solo ni mucho menos el TTIP. El acuerdo con Estados Unidos es la punta del iceberg de una amplia red de tratados comerciales mediante los cuales la UE, en partenariado implícito con EEUU, está tejiendo e imponiendo lo que ya podemos denominar claramente como Lex Mercatoria.
Pero empecemos poniendo en contexto las declaraciones del socio de gobierno de Angela Merkel y su repentino ataque de sinceridad. El pasado julio tuvo lugar la ronda de negociación número 14. Ya indicábamos desde estas páginas que la negociación aparecía plagada de dificultades pero que, aun así, García Bercero, el jefe del equipo de la UE, había realizado una valoración positiva de los avances y de los acuerdos adoptados con EEUU. Mientras, el apoyo de Obama al tratado parecía inquebrantable, aunque es evidente que las americanas han pospuesto las decisiones importantes hasta la esperada elección de Hillary Clinton.
En este escenario, y sin que medie otra ronda de negociaciones, se han producido las declaraciones del ministro alemán. Las razones de las mismas debemos buscarlas por tanto fuera de la evolución del TTIP y atender a lo que ha estado ocurriendo en el escenario político alemán y europeo respecto de otro tratado, el CETA (UE-Canadá), cuya fase de ratificación está a punto de comenzar. Frente a lo que se preveía por elestablishment de la UE como una ratificación tranquila, el proceso para aprobar este acuerdo está generando muchas más dificultades de lo esperado y provocando más de un dolor de cabeza a los socialdemócratas europeos.
Así, debemos tener en cuenta que este verano en la usualmente poco progresista Baviera se han recogido suficientes firmas para obligar a su Parlamento a votar por referéndum el acuerdo con Canadá y esto está abriendo el debate sobre la posible no ratificación, ¡incluso en Alemania!! (en Bélgica esta posibilidad parece más que plausible). En Francia la situación no es muy halagüeña con asambleas como la de Córcega también votando contra TTIP y CETA.
En este escenario la maniobra de Sigmar, que en las horas siguientes a sus declaraciones ha recibido un rapapolvo de la canciller alemana y la Comisión Europea, es un intento de prestidigitación política en clave interna. La posición del Parlamento Europeo sobre el CETA depende de los socialdemócratas y el SPD es un actor clave sometido a muchas presiones. De hecho, Sigmar, afiliado al sindicato más grande del mundo, IG-Metal, está atrapado entre dos posturas y si el SPD se convierte en la llave para la aprobación del tratado con Canadá la factura política puede ser considerable de cara a las elecciones futuras. Lo mismo se puede decir de sus colegas galos, el clamor popular respecto del TTIP es cada vez más potente, la Asamblea Nacional ha elevado informes críticos y los socialdemócratas franceses temen la posible repercusión electoral de su apoyo al tratado.
En este escenario, las declaraciones sobre el TTIP no se basan en una deriva reciente de las negociaciones sino, en nuestra opinión, son una cortina de humo para opacar la posición de los socialdemócratas sobre el tema que realmente importa en este momento y que no es otro que la aprobación del CETA. Los socialdemócratas en Europa pretenden, y hasta ahora no han dicho lo contrario, dar su completo apoyo a la entrada en vigor de este tratado incluso antes de que se produzca la aprobación por los parlamentos estatales (la llamada aprobación provisional) y para ello necesitan una maniobra de distracción para sortear la crítica social que empieza a elevarse de manera cada vez más potente también respecto del CETA.
Merece la pena remarcar que el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA, por sus siglas en inglés) es un macroacuerdo negociado entre la Unión Europea y Canadá muy similar al TTIP, una antesala del mismo o incluso un preacuerdo con EEUU.
Como ocurre con el TTIP, el objetivo fundamental del CETA no es la reducción arancelaria, como ocurre en los tratados de comercio convencionales, sino la incidencia en las normativas de ambas partes. Así, sus efectos de mayor impacto no están en las fronteras, sino tras ellas. Además, como hemos repetido en numerosas ocasiones, la protección de las inversiones extranjeras y sus mecanismos cobran una importancia central en el tratado. Ambos aspectos tienen una amplia repercusión en la capacidad de legislar de las dos partes del acuerdo y en los niveles de protección de los derechos de la ciudadanía de los territorios afectados. Por añadidura, no podemos olvidar que el 81% de las empresas canadienses están vinculadas como filiales a empresas de los Estados Unidos, y en su mercado operan 42.000 empresas de los EEUU. Por este motivo el CETA no modifica únicamente las relaciones entre Canadá y la UE sino que abre las puertas a una realidad económica (la que integran EEUU y Canadá) mucho más amplia. Y para colmo ya sabemos, el texto del CETA, en el caso de aprobarse, se comportaría como un organismo en evolución permanente o un living agreement, porque el tratado introduce una elevada cantidad de vías para el desarrollo posterior (autónomo) de sus contenidos.
El tratado con Canadá constituye en realidad una pieza en el engranaje de tratados de libre comercio interconectados. Junto con el TTIP, se convierten en un eje entre Norteamérica y la Unión Europea; mientras que dentro del continente americano interactúa con el NAFTA (Tratado de libre comercio de América del Norte, firmado en 1991) y con el CUSFTA (Tratado de libre comercio entre Canadá y Estados Unidos, firmado en 1987); y por último, con el TPP (Tratado Transpacífico) que crea un área de libre comercio en el Pacífico que incluye países de América, Asia y Oceanía, pero excluye a China. Sin olvidar evidentemente el TiSA (Trade in Services Agreement).
Pero, más allá de lo que ocurra con estos megaacuerdos queremos remarcar que los mismos son solo la punta más reciente de un enorme iceberg compuesto por un entramado cada vez más extenso y complejo de acuerdos comerciales y tratados bilaterales de inversión o de asociación económica, en vigor o en vías de negociación. Se trata de un conjunto de tratados que llevan décadas tejiéndose en dirección norte-sur y que no son sólo instrumentos de regulación comercial, sino elementos ya imprescindibles de la política exterior de la Unión Europea. En este sentido, es importante recordar que la UE ha negociado y está negociando de forma intensa tratados comerciales de diverso tipo con el resto del mundo, como con Corea o Japón, e intenta otros desde hace tiempo como con Mercosur, una negociación que parece que el golpista Temer pretende abrir.
Y frente a toda esta barbarie en forma de tratado comercial, ¿es cierto que este mes de septiembre vamos a ver a la socialdemocracia europea mover sus palancas de poder en Bruselas para “dar un parón” al acuerdo con los EEUU? ¿Y con el resto?
Sólo el tiempo [un mes] nos lo dirá, pero está claro que la lucha de poder en el seno de Europa muestra todo su esplendor. Las luchas entre centro y periferia (Bruselas versus Estados miembros) y la lucha entre las familias europeístas (socialdemócratas versus liberal-conservadores) se exprimen en todos los campos: en el Consejo Europeo, en las negociaciones del TTIP, en las reformas del mercado de trabajo o incluso en luchas entre grupos de Estados (nuevos Estados versus la vieja Europa). En esas fricciones es importante que los movientes sociales que luchan contra la lógica de estos tratados, y de su desregulación, sepan leer las maniobras políticas de distracción y de cálculo electoral que son en gran medida meros posicionamientos partidistas de cara a las próximas elecciones en Francia y Alemania.
Por todo lo anterior, la receta sigue siendo la misma. Hay que mantener la movilización y seguir repitiendo que no queremos ni CETA, ni TTIP, ni TiSA, pero tampoco los tratados que someten a los países de América Latina, Asia o África a la tiranía impuesta por la vía de la política comercial de la UE y de EEUU. Nos espera un otoño de acción que ya no es europeo, es global y es imprescindible.
El pasado domingo a mediodía el presidente del SPD y vicecanciller Sigmar Gabriel declaraba que después de 14 rondas de negociación el acuerdo de comercio e inversión (TTIP) que está negociándose entre EEUU y la Unión Europea “ha fallado”. Estas palabras han levantado una polvareda de opiniones, artículos e incluso felicitaciones por una supuesta “buena noticia” de la mano del SPD. ¿Hemos ganado la partida frente al TTIP y no nos hemos dado cuenta? ¿Va a conseguir el SPD un cambio de posición del grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo capaz de mover a la Eurocámara hacia el rechazo del TTIP? ¿Acaso Merkel (que en el mes de junio recibía a Obama y se conjuraban juntos para impulsar el acuerdo) ha cambiado de opinión? Sin dejarnos tiempo para contestar estas preguntas, a las declaraciones de Sigmar se han añadido las manifestaciones del secretario de Comercio Exterior del Gobierno francés, Matthias Fekl, que anuncia la demanda de suspensión ante las autoridades europeas para este mes de septiembre. ¿Realmente estamos en manos de los socialistas franceses y alemanes, esperando que a estas alturas del debate den el toque de gracia al TTIP?
No, no vamos a dar las gracias a los socialistas europeos por una victoria que, creemos, sería en todo caso una cortina de humo. Y mantenemos esta postura porque consideramos que el problema no es solo ni mucho menos el TTIP. El acuerdo con Estados Unidos es la punta del iceberg de una amplia red de tratados comerciales mediante los cuales la UE, en partenariado implícito con EEUU, está tejiendo e imponiendo lo que ya podemos denominar claramente como Lex Mercatoria.
Pero empecemos poniendo en contexto las declaraciones del socio de gobierno de Angela Merkel y su repentino ataque de sinceridad. El pasado julio tuvo lugar la ronda de negociación número 14. Ya indicábamos desde estas páginas que la negociación aparecía plagada de dificultades pero que, aun así, García Bercero, el jefe del equipo de la UE, había realizado una valoración positiva de los avances y de los acuerdos adoptados con EEUU. Mientras, el apoyo de Obama al tratado parecía inquebrantable, aunque es evidente que las americanas han pospuesto las decisiones importantes hasta la esperada elección de Hillary Clinton.
En este escenario, y sin que medie otra ronda de negociaciones, se han producido las declaraciones del ministro alemán. Las razones de las mismas debemos buscarlas por tanto fuera de la evolución del TTIP y atender a lo que ha estado ocurriendo en el escenario político alemán y europeo respecto de otro tratado, el CETA (UE-Canadá), cuya fase de ratificación está a punto de comenzar. Frente a lo que se preveía por elestablishment de la UE como una ratificación tranquila, el proceso para aprobar este acuerdo está generando muchas más dificultades de lo esperado y provocando más de un dolor de cabeza a los socialdemócratas europeos.
Así, debemos tener en cuenta que este verano en la usualmente poco progresista Baviera se han recogido suficientes firmas para obligar a su Parlamento a votar por referéndum el acuerdo con Canadá y esto está abriendo el debate sobre la posible no ratificación, ¡incluso en Alemania!! (en Bélgica esta posibilidad parece más que plausible). En Francia la situación no es muy halagüeña con asambleas como la de Córcega también votando contra TTIP y CETA.
En este escenario la maniobra de Sigmar, que en las horas siguientes a sus declaraciones ha recibido un rapapolvo de la canciller alemana y la Comisión Europea, es un intento de prestidigitación política en clave interna. La posición del Parlamento Europeo sobre el CETA depende de los socialdemócratas y el SPD es un actor clave sometido a muchas presiones. De hecho, Sigmar, afiliado al sindicato más grande del mundo, IG-Metal, está atrapado entre dos posturas y si el SPD se convierte en la llave para la aprobación del tratado con Canadá la factura política puede ser considerable de cara a las elecciones futuras. Lo mismo se puede decir de sus colegas galos, el clamor popular respecto del TTIP es cada vez más potente, la Asamblea Nacional ha elevado informes críticos y los socialdemócratas franceses temen la posible repercusión electoral de su apoyo al tratado.
En este escenario, las declaraciones sobre el TTIP no se basan en una deriva reciente de las negociaciones sino, en nuestra opinión, son una cortina de humo para opacar la posición de los socialdemócratas sobre el tema que realmente importa en este momento y que no es otro que la aprobación del CETA. Los socialdemócratas en Europa pretenden, y hasta ahora no han dicho lo contrario, dar su completo apoyo a la entrada en vigor de este tratado incluso antes de que se produzca la aprobación por los parlamentos estatales (la llamada aprobación provisional) y para ello necesitan una maniobra de distracción para sortear la crítica social que empieza a elevarse de manera cada vez más potente también respecto del CETA.
Merece la pena remarcar que el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA, por sus siglas en inglés) es un macroacuerdo negociado entre la Unión Europea y Canadá muy similar al TTIP, una antesala del mismo o incluso un preacuerdo con EEUU.
Como ocurre con el TTIP, el objetivo fundamental del CETA no es la reducción arancelaria, como ocurre en los tratados de comercio convencionales, sino la incidencia en las normativas de ambas partes. Así, sus efectos de mayor impacto no están en las fronteras, sino tras ellas. Además, como hemos repetido en numerosas ocasiones, la protección de las inversiones extranjeras y sus mecanismos cobran una importancia central en el tratado. Ambos aspectos tienen una amplia repercusión en la capacidad de legislar de las dos partes del acuerdo y en los niveles de protección de los derechos de la ciudadanía de los territorios afectados. Por añadidura, no podemos olvidar que el 81% de las empresas canadienses están vinculadas como filiales a empresas de los Estados Unidos, y en su mercado operan 42.000 empresas de los EEUU. Por este motivo el CETA no modifica únicamente las relaciones entre Canadá y la UE sino que abre las puertas a una realidad económica (la que integran EEUU y Canadá) mucho más amplia. Y para colmo ya sabemos, el texto del CETA, en el caso de aprobarse, se comportaría como un organismo en evolución permanente o un living agreement, porque el tratado introduce una elevada cantidad de vías para el desarrollo posterior (autónomo) de sus contenidos.
El tratado con Canadá constituye en realidad una pieza en el engranaje de tratados de libre comercio interconectados. Junto con el TTIP, se convierten en un eje entre Norteamérica y la Unión Europea; mientras que dentro del continente americano interactúa con el NAFTA (Tratado de libre comercio de América del Norte, firmado en 1991) y con el CUSFTA (Tratado de libre comercio entre Canadá y Estados Unidos, firmado en 1987); y por último, con el TPP (Tratado Transpacífico) que crea un área de libre comercio en el Pacífico que incluye países de América, Asia y Oceanía, pero excluye a China. Sin olvidar evidentemente el TiSA (Trade in Services Agreement).
Pero, más allá de lo que ocurra con estos megaacuerdos queremos remarcar que los mismos son solo la punta más reciente de un enorme iceberg compuesto por un entramado cada vez más extenso y complejo de acuerdos comerciales y tratados bilaterales de inversión o de asociación económica, en vigor o en vías de negociación. Se trata de un conjunto de tratados que llevan décadas tejiéndose en dirección norte-sur y que no son sólo instrumentos de regulación comercial, sino elementos ya imprescindibles de la política exterior de la Unión Europea. En este sentido, es importante recordar que la UE ha negociado y está negociando de forma intensa tratados comerciales de diverso tipo con el resto del mundo, como con Corea o Japón, e intenta otros desde hace tiempo como con Mercosur, una negociación que parece que el golpista Temer pretende abrir.
Y frente a toda esta barbarie en forma de tratado comercial, ¿es cierto que este mes de septiembre vamos a ver a la socialdemocracia europea mover sus palancas de poder en Bruselas para “dar un parón” al acuerdo con los EEUU? ¿Y con el resto?
Sólo el tiempo [un mes] nos lo dirá, pero está claro que la lucha de poder en el seno de Europa muestra todo su esplendor. Las luchas entre centro y periferia (Bruselas versus Estados miembros) y la lucha entre las familias europeístas (socialdemócratas versus liberal-conservadores) se exprimen en todos los campos: en el Consejo Europeo, en las negociaciones del TTIP, en las reformas del mercado de trabajo o incluso en luchas entre grupos de Estados (nuevos Estados versus la vieja Europa). En esas fricciones es importante que los movientes sociales que luchan contra la lógica de estos tratados, y de su desregulación, sepan leer las maniobras políticas de distracción y de cálculo electoral que son en gran medida meros posicionamientos partidistas de cara a las próximas elecciones en Francia y Alemania.
Por todo lo anterior, la receta sigue siendo la misma. Hay que mantener la movilización y seguir repitiendo que no queremos ni CETA, ni TTIP, ni TiSA, pero tampoco los tratados que someten a los países de América Latina, Asia o África a la tiranía impuesta por la vía de la política comercial de la UE y de EEUU. Nos espera un otoño de acción que ya no es europeo, es global y es imprescindible.
Adoración Guamán es Profesora titular de Derecho del Trabajo en
la Universitat de València. Autora de “TTIP, el asalto de las
multinacionales a la democracia”, publicado en la editorial Akal en
2015.
Pablo Sánchez Centellas Co-coordinador de Iniciativa Ciudadana Europea
Primero en CTXT
* Crónica agradece a la autora poder compartir su opinión con nuestros lectores, por medio de ATTAC
Primero en CTXT
* Crónica agradece a la autora poder compartir su opinión con nuestros lectores, por medio de ATTAC
El Gobierno español y la Comisión Europea nos han engañado, nos engañan y nos engañaran y, de ahí, la necesidad, su necesidad, del secretismo en torno a las negociaciones del Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) con Estados Unidos o del CETA con Canadá.
Si la Europa de los recortes ya no es garantía de calidad de vida para sus ciudadanos, si la Europa que pacta con Turquía deshacerse de refugiados ya no es garantía de la defensa de los Derechos Humanos, ahora, solo conociendo el contenido de 13 de los 17 capítulos que se cree que han llegado a la fase de consolidación durante las negociaciones -y que Greenpeace acaba de hacer públicos- nos queda claro que Europa ya no será garante ni de un desarrollo sostenible, ni de lucha contra el cambio climático, ni de protección del consumidor.
Cuando desaparece el Principio de Precaución incumpliendo el propio Tratado de la Unión Europea y se destruye la capacidad de acción ante sustancias tóxicas, cuando no aparece el compromiso de evitar que la temperatura del planeta suba por encima de los 1,5 grados centígrados -y que ha sido el principal objetivo alcanzado en la COP21– y cuando, en cambio, aparecen los lobbies que representan a las grandes corporaciones con un papel privilegiado en la toma de decisiones, nos queda un poco más claro que el TTIP no es ni será bueno para la ciudadanía de esta Europa Estafa en manos de gobernantes mentirosos. Por lo que respecta a nuestra parte de culpa, el próximo 26 de junio, podemos corregirlo.
#TTIPLeaks
Por Toni Roderic, Presidente de Los Verdes.
* Crónica agradece al autor que comparta sus opiniones con nuestros lectores
* Vinculado desde muy joven a la CNT y a diversos movimientos de izquierda, es militante de Los Verdes desde finales del siglo pasado. Ha sido concejal en Dénia, Presidente de Los Verdes del País Valenciano y, actualmente, Presidente de la Federación de Los Verdes.
Filólogo y escritor, ha ejercido su magisterio en diversas escuelas e institutos del País Valenciano y de Cataluña, así como también en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y en el Instituto de Ciencias de la Educación de las Universidades de València y Alacant. Ha sido Inspector Educativo y Director Territorial de Cultura en Alacant.
Premio XXV d’Abril en Benissa con un libro de cuentos, Premio Educación y Sociedad del Ministerio de Educación por su libro de texto A debat, ha publicado una treintena larga de libros de texto para la enseñanza del valenciano, libros de cocina tradicional valenciana e innumerables colaboraciones periodísticas.
'Cada vez queda menos tiempo para el debate sobre las consecuencias que estos tratados pueden tener sobre los sistemas democráticos y los modelos sociales que existen entre los Estados miembros de la UE'.
Aun así, e incluso a pesar del drama diario al que las decisiones de los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE condenan a los miles de personas que buscan refugio legítimo, el Eurobarómetro sigue mostrando que las y los europeos mantenemos una opinión mayoritariamente neutra al respecto de la UE. Es cierto que, tomando como muestra el conjunto de los 28 Estados miembros, vemos cómo en los últimos meses del año pasado la percepción positiva con respecto de la Unión bajó 4 puntos, hasta quedarse en un 37%, mientras que el porcentaje de ciudadanía con percepción negativa de la UE aumentó otro 4% (23%). Pero el 38% de la población sigue manteniendo una opinión neutra o una “no opinión”, reflejo del amplio desconocimiento de las acciones y políticas de la UE y de su impacto para nuestras vidas diarias.
En el Estado español la paradoja es todavía más acusada. A pesar de que el impacto de la aplicación de las medidas de austeridad recomendadas por la UE sobre el empleo y el bienestar ha sido gravísimo y aun cuando el modelo de relaciones de trabajo y de protección social ha transitado hacia la precariedad y la desregulación siguiendo las líneas establecidas por las medidas de gobernanza económica de la UE, aceptadas con entusiasmo por el Partido Popular, un 46% de la población sigue manifestando una “neutralidad” respecto de la Unión y una amplia mayoría de personas afirman que la pertenencia a la UE es, en conjunto, una buena cosa para su vida diaria.
Muy posiblemente, la deficiente información respecto de las políticas de la Unión sea una de las variables que explican la lenta evolución del posicionamiento crítico respecto de la UE en el Estado español. Buena prueba de ello, quizá el tema más llamativo en los últimos tiempos, es el poco relieve mediático-informativo que ha suscitado la negociación y firma de extensos acuerdos de comercio e inversión con terceros países y muy en concreto la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión con Estados Unidos (TTIP por sus siglas en inglés). Ausente en los grandes debates de política nacional y sin ser objeto de los titulares de los grandes media, el tratado en ciernes está suscitando una respuesta creciente entre los movimientos sociales y activistas que, aunque todavía lejos de la movilización existente en países como Alemania, empieza a dar frutos interesantes. Así, son ya 5 Comunidades Autónomas y 140 municipios los que han aprobado una moción contra el acuerdo, entre los que se encuentran Barcelona, Sevilla, Valladolid o Lleida, y los actos contra el TTIP se suceden. En sentido contrario, la Comisión Europea, y del Ministerio de Economía español, están respondiendo con una contundente campaña a favor de la firma del acuerdo, con abundantes actos, documentos, panfletos y páginas web destinadas a promocionar las supuestas ventajas del acuerdo. Tanto es así que la propia Comisión Europea ha enviado una carta a los ayuntamientos “rebeldes”, insistiendo en los beneficios del tratado para pymes y consumidores.
Existe por tanto una clara polarización de las posiciones del debate entre detractores y defensores del acuerdo, pero el tema sigue sin ser objeto de un debate público amplio, que permita que la ciudadanía conozca las razones y el contenido de este acuerdo y, todavía más importante, de los tratados que siendo muy similares al TTIP ya se han aprobado o están en la fase ya final de su proceso de elaboración. Con el objetivo de animar este debate, van a apuntarse a continuación algunas de las posibles consecuencias de estos acuerdos sobre nuestro entorno más cercano.
Un largo proceso de negociación
Como es bien sabido, la negociación del TTIP comenzó oficialmente el 17 de julio de 2013, día en el que el Consejo de la Unión Europea aprobó un documento, las directrices de negociación, que no se desclasificó hasta el 9 de octubre de 2014 y que contiene los objetivos y contenidos fundamentales del tratado, cuya finalidad primordial es, al menos sobre el papel, conseguir maximizar el comercio y la inversión entre la UE y Estados Unidos. Para ello, el documento enmarca los contenidos del tratado en tres grandes pilares: el acceso al mercado; la cooperación reguladora y el establecimiento de normas comunes de obligado cumplimiento entre ambas Partes, incluyendo la protección a los inversores extranjeros y un mecanismo de solución de controversias inversor-Estado. Este amplio contenido ha justificado que el TTIP, al igual que el CETA (EU-CanadáComprehensive Economic and Trade Agreement), sea bautizado como un «Tratado de Nueva Generación» dado que estos tratados sobrepasan la finalidad típica de los acuerdos de comercio e inversión para enfocarse en un objetivo mayor, como es el control o la incidencia en los procesos de formación de las normas a ambos lados del Atlántico.
Es muy importante remarcar que el 26 de septiembre de 2014 terminaron las negociaciones del CETA y que su firma oficial está ya prevista para el mes de octubre de este año. Ambos tratados, CETA y TTIP, tienen una fisonomía similar y objetivos comunes, con distinto ámbito geográfico, lo que nos permite mediante la lectura del primero conocer una buena parte del contenido del segundo, que sigue manteniéndose en condiciones de semi-opacidad y que está en plena negociación. De hecho, hasta el momento se han realizado 12 rondas de negociación en las que ambas partes han ido fijando posiciones y desarrollando el futuro contenido del acuerdo, pero no se ha hecho público el contenido concreto de lo negociado, tan solo las ofertas con las que la UE ha acudido a estos encuentros con la otra Parte. La voluntad de impulsar la firma del tratado, que ya casi nadie confía que pueda estar listo antes del final de la Presidencia de Obama, ha acelerado las negociaciones y se prevé que antes del verano tengan lugar dos rondas más donde se vayan cerrando ya diferentes partes del acuerdo.
Desde el principio de las negociaciones la Comisión Europea dejaba clara su línea discursiva, que parte de la afirmación de que la política comercial es la principal fuerza estabilizadora en el momento de crisis y que para potenciarlo deben realizarse tratados bilaterales con países en todos los continentes, en particular con EEUU. En esta línea, la Comisión se empeñó en promover el acuerdo afirmando los beneficios económicos que de su firma podrían derivarse, publicando una serie de estudios donde se resaltan las consecuencias positivas para el crecimiento económico y para el empleo que han sido muy criticados. Según el informe más optimista (elaborado por el CEPR), la liberalización del comercio y el impulso de la inversión extranjera van a suponer un crecimiento de la economía de la Unión Europea de aproximadamente 120.000 millones de euros (un 0.5% de su PIB). En términos laborales, el informe afirma que los salarios para los trabajadores, cualificados y no cualificados, tenderían a aumentar un 5% y que el número de puestos de trabajo dependiente del comercio podría aumentarse en la UE en “varios millones”. Un tiempo después, la propia Comisión corrigió las expectativas en una nota explicativa, donde reconoció la falta de fundamento del excesivo optimismo. Sin embargo, y aun a pesar de la corrección, el pasado año se publicó un informe sobre el impacto del TTIP en la economía española, financiado por la Cámara de Comercio, la CEOE y el Instituto de Estudios Económicos, que, siguiendo la misma metodología, llegóa afirmar que “el efecto acumulado durante los cinco primeros años tras la toma del acuerdo supondría un incremento total del PIB de 36.743,3 millones de euros y una creación de 334.836 nuevos empleos, como fruto exclusivo del acuerdo”. Curiosamente, en ninguno de los dos informes se mencionan las posibles consecuencias negativas de la desviación de comercio o la deslocalización de empresas sobre el empleo ni el impacto en el plano cuantitativo, cuestiones que la propia Comisión había reconocido y que han sido resaltadas en diversosestudios académicos que pronostican tanto una caída del PIB en los países más ricos dela UE como una afectación importante sobre el nivel de empleo.
¿Cuáles pueden ser las consecuencias de la firma de estos Tratados?
Pero, más allá de estas posibles y muy debatidas repercusiones económicas ¿cuáles pueden ser los efectos directos de la aprobación de estos tratados, CETA y TTIP sobre el día a día? La pregunta no es fácil y está siendo el objeto de largos enfrentamientos cruzados entre detractores y defensores pero podemos apuntar aquí los puntos de fricción más importantes, con el objetivo de promover el debate público sobre los mismos. Para ello vamos a utilizar la habitual división del contenido de estos tratados en tres grandes pilares, señalando una o dos consecuencias que de cada uno de ellos pueden derivarse.
El primer pilar tiene el objetivo tradicional de todo tratado de libre comercio, es decir, facilitar el comercio de bienes entre las partes y equiparar los niveles de libertad que tienen las empresas para prestar los servicios en el territorio de las dos partes a los niveles máximos de liberalización que existen en otros acuerdos de libre comercio. Los principales beneficios derivados de este pilar serían, según la Comisión, fundamentalmente dos: el impulso del comercio de las pymes con Estados Unidos y el acceso de las mismas al mercado de contratación pública de este país. Ambas cuestiones han sido muy criticadas. En primer lugar porque sólo 70.000 de las pymes españolas, de entre los 3.178.408 de pymes existentes, exportan actualmente con EEUU. La posibilidad de aumentar este número de empresas exportadoras por la reducción de aranceles, teniendo en cuenta que el 95.9% del total de empresas españolas son micro-pymes, sigue siendo una cuestión debatida y sumamente cuestionada. En segundo lugar, la promesa de la apertura del mercado de contratación pública estadounidense a las empresas españolas, y europeas, tampoco es un tema pacífico y el resultado de la Ronda 12 deja claro que no ha habido avances respecto de la postura conservadora de EEUU, reacio a abrir su mercado. Por añadidura, no puede olvidarse que la libre circulación de servicios conlleva cada vez más a menudo el traslado de trabajadores para la prestación de los mismos. Una vez liberalizado un servicio prestado de esta manera, un Estado no puede utilizar su normativa interna sobre entrada o estancia temporal de trabajadores para menoscabar los compromisos asumidos en el acuerdo de libre comercio, como el acceso al mercado o el trato nacional. Todo ello puede implicar la aplicación de las normas laborales del país de origen, por ejemplo de Estados Unidos, a trabajadores que estén prestando sus servicios laborales en España, con el consiguiente impacto sobre nuestro sistema de relaciones laborales ya per se considerablemente “americanizado”
El segundo gran pilar del tratado es la llamada «cooperación reguladora». Hay unanimidad entre los comentarios tanto académicos como políticos y activistas respecto del TTIP y del CETA al señalar que el principal elemento de distinción entre este acuerdo y otros tratados comerciales anteriores, incluidos los realizados en el ámbito de la OMC, es la inclusión con carácter obligatorio de una serie de mecanismos de Cooperación Reguladora. Se afirma, en este sentido, que un 80% de las ganancias que supuestamente implicará el acuerdo resultarán tanto de la liberalización del comercio de servicios y de la contratación pública como (fundamentalmente) de la reducción de los costes impuestos por la burocracia y las regulaciones. Las críticas por las repercusiones que la voluntad de aproximar legislaciones puede tener son muy abundantes y tocan diversos planos. Uno de los más controvertidos es la cuestión de las denominaciones de origen. La UE mantiene, y así publicita en sus documentos, que el TTIP va a conseguir una ampliación de la lista de denominaciones de origen protegidas. Lo cierto es que no ha habido, según los resultados de la Ronda 12, ningún avance en la materia, derivándose a la siguiente negociación la discusión del tema. No obstante, es bien sabido que la normativa estadounidense, con algunas excepciones, protege las denominaciones bajo la legislación relativa a las marcas pero no de manera específica porque su objetivo no es proteger una determinada producción sino evitar la confusión del consumidor. Así, la normativa estadounidense, a diferencia de la europea, no permite la protección de las denominaciones de origen y, de hecho, Estados Unidos ha sido uno de los oponentes más serios frente a las pretensiones del establecimiento de la protección de las denominaciones de origen a nivel internacional. Nada hace esperar que esta postura cambie, cuando, por ejemplo, en el Tratado Trans-Pacífico firmado por doce países, entre ellos EEUU, el 4 de febrero en Nueva Zelanda, se prohíbe la protección de las denominaciones de origen. No cabe duda de que se trata de una de las cuestiones que más deben preocupar a los productores europeos y en particular a los de zonas como Francia o España.
El otro punto controvertido es la voluntad de aproximar legislaciones laborales utilizando para ello como referente los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, cuando ni Canadá ni Estados Unidos se acercan al nivel de ratificaciones y de protección de estos derechos que se mantiene, a trancas y barrancas, en países europeos como los anteriormente mencionados. De hecho, Canadá no ha ratificado dos de los ocho convenios fundamentales (el derecho de sindicación y de negociación colectiva y el 138, sobre la edad mínima de admisión al empleo) mientras que EEUU solo ha ratificado dos de los ocho Convenios y 13 del resto, mientras que España ha ratificado 55. Cualquier intento de homogenización con estas bases no puede ir sino en sentido contrario a la protección de los derechos de las y los trabajadores.
Nos quedan por tratar los posibles efectos del tercer pilar, cuyo objetivo es el establecimiento de reglas de obligado cumplimiento para ambas partes sobre materias concretas, entre las que destaca la protección de la inversión y los mecanismos de solución de controversias inversor-Estado. Las protestas por las consecuencias que podría provocar un mecanismo de arbitraje (el conocido como ISDS) han conseguido un cambio de táctico de posición de la Comisión Europea que ha propuesto una modificación del mecanismo de resolución de controversias, un “nuevo y transparente sistema para resolver disputas entre inversores y Estados” que pasa a llamarse ICS (Investment Court System). Las principales modificaciones son las siguientes: sustitución, al menos nominal, de los árbitros por jueces “totalmente cualificados”; introducción de mecanismos para asegurar la transparencia en las decisiones e inclusión de una doble instancia que permita la apelación de las resoluciones de manera que el mecanismo de resolución quedaría conformado por el “Tribunal de Primera Instancia” y el “Tribunal de Apelación”. A pesar de estos cambios en denominaciones y la introducción de una doble instancia, el ICS sigue orientándose al establecimiento de una vía paralela y privilegiada para que los inversores extranjeros protejan sus inversiones, eludiendo la normativa estatal y los tribunales nacionales. Las consecuencias potenciales seguirán siendo, por tanto, las que ya se vienen derivando de la aplicación de los 2.278 tratados bilaterales de inversión vigentes que permiten a las empresas inversoras demandar a los Estados cuando vean mermado o amenazado su beneficio. Esto ha tenido una repercusión directa sobre actuaciones político/normativas de control del fracking, las moratorias nucleares, la protección medioambiental, sanitaria, etc., con un último y sonado caso en Galicia respecto de la mina Corcoesto y la empresa canadiense Edgewater.
A pesar de todo lo antedicho, de que el tratado sigue negociándose y de que no hay un calado mediático suficiente, según el Eurobarómetro de 2015, un 63% de personas se han manifestado en España de manera favorable al TTIP, situándonos por encima de la media de la Unión (53%) en cuanto al apoyo a este acuerdo. De hecho, gracias en buena parte a la acción de las campañas, el porcentaje de ciudadanía que en la UE se muestra crítica con el TTIP ha crecido en 4 puntos en el último año, con Austria, Alemania y Luxemburgo a la cabeza, siendo Lituania y Rumanía los más convencidos.
Cada vez queda menos tiempo para el debate sobre las consecuencias que estos tratados pueden tener sobre los sistemas democráticos y los modelos sociales que existen entre los Estados miembros de la UE. La aprobación del CETA, respecto del cual la Comisión Europea pretende evitar que se pronuncien los Estados, está a la vuelta de la esquina y de producirse será, sin duda, la antesala para la entrada del TTIP. La publicidad institucional no es, de ninguna manera, la vía idónea para informar a las mayorías sociales sobre estos acuerdos y sus repercusiones, al contrario, lo que se requiere con urgencia son espacios, y disposición, para el debate abierto y público sobre los mismos.
Adoración Guamán es Profesora titular de Derecho del Trabajo en la Universitat de València. Autora de “TTIP, el asalto de las multinacionales a la democracia”, publicado en la editorial Akal en 2015.
Primero en diario
* Crónica agradece a la autora poder compartir su opinión con nuestros lectores, por medio de ATTAC
Este artículo presenta una dimensión del Tratado de Libre Comercio entre EEUU y la UE que ha pasado desapercibida y que puede tener unos resultados y consecuencias muy negativos para el bienestar y calidad de vida de las clases populares, debilitando los derechos laborales, ambientales y de defensa del consumidor.
En varios artículos anteriores he alertado del peligro que supone el nuevo Tratado mal llamado de Libre Comercio entre EEUU y la Unión Europea (UE) para los derechos laborales, derechos civiles y derechos del consumidor a los dos lados del Atlántico Norte, que se verán negativamente afectados por tal tratado (“¿Qué se intenta con los tratados mal llamados de libre comercio?”, Público, 23.07.15; “Las consecuencias negativas de los anteriores tratados de libre comercio”, Público, 15.06.15; “La farsa de los tratados de libre comercio”, Público, 21.05.15). Como subrayé en tales artículos, el objetivo de este tratado no es facilitar el comercio entre EEUU y los países de la UE (objetivo con el cual no tengo ninguna reserva), sino eliminar lo que el tratado define como “barreras para el comercio y para la inversión”, que es el término utilizado para referirse a las normas de protección del trabajador, del consumidor y del ambiente que los países han desarrollado en respuesta a las demandas populares. Y esta eliminación tendría lugar mediante el establecimiento de un tribunal supranacional (que no sería elegido y cuya composición sería principalmente de “expertos” en comercio próximos a las grandes empresas transnacionales) que tendría la autoridad para forzar a un país a que desmantelara tales protecciones al considerarlas “barreras al comercio y a la inversión”.
Parece que la gran protesta que ha habido sobre este elemento del Tratado ha hecho que se esté ahora discutiendo entre los bastidores del poder (en los comités secretos donde se está preparando tal tratado) cómo diluir esta protesta popular haciendo cambios en la naturaleza de dicho tribunal. No me fío, y el secreto que domina el proceso, con una enorme opacidad y falta de transparencia, explica la falta de credibilidad de tales comités. De ahí que sea vital que la oposición a este tratado continúe, pues estas negociaciones son claramente antidemocráticas (no hay otra manera de definirlas), ya que ni el Parlamento Europeo ni los parlamentos nacionales están siendo invitados ni consultados en estas negociaciones.
Una dimensión del tratado desconocida
Pero existe otra dimensión del TTIP que casi ha pasado desapercibida y que puede causar tanto daño como el Tribunal Internacional. Me refiero a los comités llamados Consejos de Cooperación Reguladora (Regulatory Cooperation Council) que se constituirán de manera bilateral entre EEUU y los países miembros de la UE (o entre estos mismos), y que tendrán como objetivo analizar los obstáculos al comercio y a la inversión. Tales consejos estarán compuestos por “expertos en comercio”, pero no por expertos en temas laborales, ambientales o de defensa del consumidor. Las funciones de estos consejos se están definiendo, pero no tienen buena pinta. ¿Quién proveerá la información? ¿Quién la evaluará? ¿Qué poder normativo tendrán? ¿Qué poder sancionador?
Ya hay algo en la narrativa que es alarmante. Todo el lenguaje es económico y se habla de aplicar medidas utilizando criterios de evaluación de intervenciones tales como el coste-beneficio, que es el código que se utiliza en econometría para aplicar primordialmente criterios economicistas para evaluar una intervención. Desde este punto de vista, parecería que el único criterio para evaluar cualquier intervención o eliminación de protección laboral, ambiental o de defensa del consumidor sería la rentabilidad de dicha intervención. Esta ideología, presentada como ciencias económicas, es enormemente peligrosa y nos ha llevado al desastre actual del austericidio. Es el pensamiento (mejor dicho, dogma) neoliberal aplicado al comercio internacional.
De ahí la urgente necesidad de que la población se movilice y exija cambios tanto en la composición como en las funciones de dichos consejos, subrayando que el tema prioritario del criterio de evaluación sea el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones sujetas a tal tratado, exigiendo además que haya expertos laborales y ambientales, entre otros, sensibles a las necesidades de los trabajadores y usuarios, en lugar de tomar siempre como criterio la rentabilidad para el empresario de tal comercio o inversión. E, incluso más importante, subrayar que tales consejos deben estar bajo la responsabilidad política de los representantes de la población, una responsabilidad que en el clima neoliberal mercantil dominante en las instituciones que están preparando este tratado ni se considera. La arrogancia del poder llega hasta el punto de que propuestas de una enorme insensibilidad social y de claro perjuicio a las clases populares se presentan como las únicas lógicas y razonables según el criterio de las “ciencias económicas”.
* Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
* Crónica agradece al autor poder compartir sus artículos de opinión con nuestros lectores
El fracaso de Syriza explica una realidad: toda lucha que quiera someter la financiarización de los mercados y del sector bancario a criterios sociales y democráticos chocará con las fuerzas, instituciones, los Tratados de la UE, que defienden la lógica inversa. No se puede "reformar" esta lógica mediante la "negociación" sin una relación de fuerzas. ¿Pero el fracaso de Syriza significa que era o se hizo ilusorio querer combatir esa lógica en la UE y en la zona euro? El debate estratégico europeo indispensable solo debe excluir las respuestas xenófobas, sin "esencializar" (positivamente o negativamente) el euro. Es la guerra social planteada desde lo local a lo planetario, pasando por la UE, la que hay que hacer fracasar en todas partes donde se toman las decisiones estratégicas; con una mayor apuesta europea, articulándose a la vez en las luchas nacionales e internacionales/1.
Contra todos los TINA/2
"No puede haber opción democrática contra los Tratados europeos" declaró honestamente Jean Claude Juncker, presidente de la Comunidad Europea. El fracaso de la estrategia de Syriza es, de entrada, el resultado de este crudo hecho: no hubo "negociación" por parte del eurogrupo en la que el TINA fuera imprevisto para A. Tsipras, y para una parte de la izquierda europea. El referéndum que expresaba democráticamente su "OXI" radicalizó y no suavizó la posición contraria.
Solo que este TINA no era ni el primero, ni el más estratégico (global) que revelaba la misma lógica. Fue Margaret Thatcher quien imprimió el "sentido" de lo que iba a marcar la nueva fase del capitalismo desde el inicio de la década de 1980. Su objetivo, así como el del Eurogrupo, era desmantelar todas las resistencias y la protección social salidas del periodo de crecimiento anterior para imponer una lógica de la competencia pasando por las privatizaciones generalizadas.
Ese fue el inicio de una guerra social, detrás del discurso neoliberal, en respuesta a la crisis estructural del beneficio y del orden mundial que se manifestaba en la década de 1970. Esta respuesta se radicalizó por el cambio de 1989/1991 que puso fin al "mundo bipolar" (¿el fin de la Historia?). La seudo democracia pluralista se traduce cada vez más en el mundo, y en particular en Europa, por alternancias sin alternativas, con todos los partidos llamados de izquierda incorporándose a ese TINA fundamental: el de las privatizaciones y del mercado generalizado. Las corrientes neoliberales pudieron optar por el euro u oponerse, como en Gran Bretaña donde fustigaron las "ingerencias" de las instituciones bruselenses y europeas en el funcionamiento de los mercados. En la correlación de fuerzas actual, la salida de Gran Bretaña de la UE se haría sin ninguna resistencia a las políticas de austeridad.
Esto no significa que el euro sea "neutro"; ninguna moneda o institución en el capitalismo está fuera de las relaciones de clase. Y no hay ninguna duda de que hay que pensar y prepararse para un "después de la Unión económica y monetaria (UEM)" modificando radicalmente las funciones y la arquitectura de las monedas. Pero eso no significa que sea eficaz centrar el frente de resistencia en el euro, independientemente del contexto y de las fuerzas presentes; aún menos que las luchas progresistas sean más eficaces dejando la UE. El yugo tiene contradicciones y puntos débiles que se pueden aprovechar.
La UE, de la esperanza a la realidad
Para los países de la Europa del Sur que salían de dictaduras y más pobres que la media de la CEE a la que se unieron en un mundo de guerra fría, más tarde para los de la Europa del Este después de la terrible caída del nivel de vida de la década de 1990, la CEE o la UE aparecía como el "centro" europeo portador de conquistas sociales y democráticas de las luchas pasadas. Integrarse en la Unión/3 podía significar la esperanza de salir de "periferialización absoluta", ganar derechos democráticos, beneficiarse del acceso a los fondos estructurales del presupuesto europeo supuestamente para todos los países más pobres alcanzaran el nivel de vida de la media europea/3. Para luchar contra un abstencionismo masivo en las cuestiones europeas y obtener el certificado de ahesión a la UE, son las supuestas ventajas las que se pusieron por delante y no, ciertamente. un proyecto de competencia "libre y no falseada"; aún menos un estatus "periférico" o semicolonial interno, bajo dominación de un Eurogrupo sin estatus legal. En las negociaciones, los derechos de representación del país no debían depender de la ley del país más rico.
Esto no hacía de la UE un marco democrático y próximo a la gente, ni suprimía las características a la vez capitalistas y tecnocráticas de toda la historia de esta institución. Esta estaba llena de conflictos, contradicciones, evolución con continuidades y discontinuidades -de la CEE a la UE- que no podían comprenderse con la única lectura de los Tratados. El conjunto ha dejado sus "marcas" institucionales y socioeconómicas ( así como percepciones evolutivas y grandes decepciones) a la vez muy alejadas de las imágenes de Épinal de los "valores de Europa" y de las visiones simplistas que la asimilan a una forma de integración basada en el libre intercambio
Los Acuerdos de Maastricht que instituían la UE son el resultado enormemente frágil de negociaciones que tenían varios objetivos imbricados: responder a la crisis especulativa que golpeaba a las monedas nacionales en 1991/1992, haciendo saltar por los aires el Sistema Monetario europeo (SME) basado en la moneda oficial común, el ECU; apoyarse en esta crisis para convencer a la Alemania ya reunificada de renunciar al marco como moneda e integrarse en la futura UME basada en el Euro; haciéndolo, tender hacia un sistema monetario mundial que redujera el dominio absoluto del dólar; camuflar bajo el label "europeísta" el cambio programático radical de la socialdemocracia hacia el liberalismo; dificultar la resistencia a este giro alejando el centro de decisión del marco nacional.
En la actualidad estamos en el centro de una nueva fase, marcada desde 2009 por la explosión neoliberal de la crisis que, en la eurozona, desembocó en Grecia, convertida en una seudo "crisis de las deudas soberanas": toda la dimensión antisocial y antidemocrática de la UE se radicalizó aunque se presentasen como un "progreso hacia más solidaridad" y federalismo. En esencia, las fuerzas dominantes de la UE han elegido esta crisis para que las frágiles dimensiones políticas y sociales de la UE sean destruidas. Mientras que las deudas han aumentado enormemente para salvar a los bancos privados y públicos que a lo largo de la fase neoliberal fueron el resultado no del aumento de los gastos públicos sino, principalmente, de una reducción de los impuestos sobre las grandes fortunas y las empresas, la "disciplina" presupuestaria tiene dos objetivos esenciales: la privatización de bienes, pensiones y servicios públicos que resistieron los asaltos anteriores y la flexibilidad del mercado laboral para generar "ventajas competitivas" a la exportación.
Los Tratados europeos se modificaron o bien se establecieron nuevos "Pactos" para obligar a los parlamentos a inscribir en "normas de oro" indiscutibles la elección de la política económica que deberían remplazar los debates políticos poniendo a estos mismos parlamentos bajo vigilancia de la Comisión Europea.
Los bancos "sistémicos" ("too big to fail") salvaron los seudo-controles. Por el contrario, el establecimiento del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MES) (equivalente a un FMI interno) permite poner al país "ayudado" bajo tutela/4. El ejemplo griego es sintomático de una apuesta global.
El debate no es el diagnóstico, sino que está en la respuesta: ¿cómo resistir? En lo inmediato, el tercer memorándum infligido a Grecia es peor que los precedentes, especialmente porque la dirección de Syriza asumió aplicarlo.
Del "mal menor" a los compromisos comprometedores, ¿quién decide?
¿Por que firmar este "mal" acuerdo y haberse prestado voluntariamente para aplicarlo, lo que implicaba amordazar a toda la oposición de izquierdas y apoyarse en una nueva mayoría con las fuerzas, antes rechazadas, de la derecha? Todo esto se legitimó en nombre de un supuesto "mal menor" (hemos luchado, hemos perdido pero hemos evitado "lo peor"; el Grexit o incluso otro memorándum con peores condiciones: es un "mal acuerdo" pero negociaremos sobre los márgenes de su aplicación. Este fue en gran medida el discurso de A. Tsipras)
Se esté o no de acuerdo con este discurso (personalmente, creo que lo peor es aplicar semejante Memorándum) debemos tomarnos en serio los verdaderos dilemas en una correlación de fuerzas desfavorable: el argumento del "mal menor" es el que todas las izquierdas en el poder (honestamente o no) han puesto por delante para aceptar mayores concesiones de sus programas. Sería absurdo rechazar las negociaciones (los huelguistas son habitualmente forzados a ellas) o excluir los compromisos. Los que representan batallas parciales y dan confianza para ir más lejos, los que mejoran la existencia cotidiana de la mayoría de la población, evidentemente, forman parte de los compromisos aceptables. El problema está en la desmovilización y desmoralización que acompañan a los acuerdos que comprometen la esperanza de otra política posible.
En un contexto difícil, el proceso de la toma de decisión es más importante que la decisión misma, especialmente, frente a un posible fracaso. Hay que aplaudir la iniciativa de A. Tsipras, de llamar a un referéndum que interrumpía las negociaciones. Este hecho fue percibido como un acto notorio de democracia despertando en toda Europa esperanza y entusiasmo. La forma de no salir vencido, incluso cuando se pierde una batalla, es haber decidido conjuntamente la orientación de cada etapa, para poder también conservar la fuerza colectiva para otras batallas. Hacer pública la ausencia de negociaciones y hacer frente a los diktat; permitir la expresión clara de la pluralidad de opciones con sus ventajas e incertidumbres, eso era lo que se podía esperar después del OXI griego. Pero un nuevo TINA se impuso sin debate; el de aceptar la responsabilidad (gubernamental) de aplicar un "mal" memorándum, en nombre de otro TINA: no hay otra opción que permanecer en el eurosistema, que consolida a su vez un último TINA, no hay otra opción que la salida/5. Entonces se abandonan todas las medidas que tenían como objetivo romper con la "austeridad", romper la dependencia del BCE y el mercado internacional contestando la legitimidad del Eurogrupo y de sus políticas: suspensión del pago de la deuda en defensa de los derechos sociales fundamentales, batalla para dar a conocer la verdad de las causas de la deuda griega y exigir una conferencia europea; control de los bancos y de los movimientos de capitales; apoyo a la producción autogenerada de bienes y servicios, moneda fiscal...
No a la "esencialización" sino desafío estratégico europeo que incluya todos los medios de financiación de las necesidades
El debate estratégico europeo no tiene precedente histórico pues está marcado por un contexto que ha cambiado profundamente frente a las crisis imprevistas por los primeros impulsores del Tratado de Roma: el SME (1979) basado sobre la moneda común Ecu respondía a la crisis del SMI de Bretton Woods; así mismo, el UEME era la respuesta a otros grandes imprevistos: el cambio neoliberal de los años 80 del siglo pasado, el fin del mundo bipolar y la crisis del SME europeo de 1991/1992.
El carácter débil y explosivo socialmente de una moneda única en un espacio heterogéneo y sin cohesión orgánica fue destacado mucho después. Pero algunos pensaban (una parte de Los Verdes o de la izquierda) que la experiencia empujaría a introducir "lo que faltaba" para consolidar esta construcción: más aspectos sociales, más democracia, más presupuesto y solidaridad federal... Otros anunciaban la explosión del sistema a los quince años. Y nadie podía decir con antelación cuál sería la reacción de las fuerzas sociales y de los partidos dominantes frente a la primera crisis de la eurozona con los choques asimétricos de los que los mercados especulativos no podían más que aprovecharse. La evolución ha sido distinta: tanto de las visiones "eurooptimistas" como de la explosión anunciada. Nada está asegurado para el futuro frente a la combinación de la crisis de las personas "migrantes", la incertidumbre del crecimiento y del monto de "capital ficticio" acumulado, especialmente durante la enorme especulación financiera mundializada, la mayor parte del cual está anclado en Europa.
Los defensores de las políticas de devaluación (llevada a cabo mediante el exit), a menudo, toman como ejemplo a Argentina y Rusia. Permanecen en el terreno de la competencia mundial cuando hay que romper con esta lógica. Pero también es situarse fuera del tiempo y del espacio en el que debemos reaccionar: por una parte, la UE y la moneda única creadas después de 1989 modificaron profundamente los flujos de bienes y de capitales en el continente: la mayor parte de los intercambios de los IDE (Inversión Directa Extranjera.NT) de los financiamientos se volvieron intraeuropeos/6. La interdependencia e Rusia y la mayor parte de la UE (especialmente, Alemania, Italia, Francia y los países de la Europa del Este) son, más allá de los discursos de la guerra fría, realidades dominantes del fondo de las negociaciones sobre la crisis ucraniana.
Además, la UE juega un papel importante en la negociación de los tratados de libre cambio internacionales que defienden a la vez los intereses de los FMN en detrimento de los derechos sociales y de un control de la crisis climática. A partir de ahora, es imposible medir tales desafíos globales únicamente a escala nacional. Preservar a toda costa y utilizar el veto del Parlamento europeo sobre los tratados son objetivos estratégicos que implican no desertar de este escenario -sin hundirse en las instituciones burocráticas: se pueden articular resistencias extraparlamentarias y parlamentarias, contrapoderes a nivel nacional, europeo y global.
En fin, la UE impone mecanismos y pactos a escala europea. La deuda pública debe estar en el centro de las respuestas estratégicas porque es el vector de las ofensivas antisociales europeas apoyadas por el FMI (fuera de la UEM) o sobre el MES. Es necesario un enfoque que denuncia las mentiras dominantes sobre las deudas que se dice son debidas a demasiados gastos sociales. Tratar es problema solo país a país es encerrarse a solas con las instituciones europeas. Sería esencial una campaña para una conferencia europea sobre la deuda con el fin de legitimar una moratoria inmediata en defensa de los derechos sociales. Esta exigencia sería más fácil de defender en un país significativamente más grande que Grecia -el Estado español- o como iniciativa popular de masas (1 millón de firmas) que salga de los países miembros más debilitados por la deuda.
Eliminar los falsos/malos debates y las seudo-opciones binarias
No hay que estar en contra de la salida del euro porque la extrema derecha esté a favor. Y la salida no obliga a preconizar una alianza con los nacionalistas xenófobos/7. Pero que los noes se junten en las urnas no tiene nada que ver con una campaña común y de alianzas con las corrientes nacionalistas de derechas o de extrema derecha/8.Las tesis de la extrema derecha deben ser combatidas, sea cual sea la solución monetaria preconizada. Hay que defender los derechos nacionales (políticos, culturales, democráticos) rechazando el nacionalismo como ideología xenófoba de defensa de una "nación" étnicamente pura. Los éxitos de Marine Le Pen se deben mucho menos a su discurso antieuropeo que a la xenofobia que denuncia la invasión de Francia por el Islam que amenazaría la nación , la laicidad, a las mujeres, a los judíos y a los homosexuales. La "nación francesa" que Marine Le Pen defiende no es la nuestra.
Así pues, discutamos de forma autónoma qué sociedad queremos, de lo nacional a lo global pasando por las relaciones europeas, sin aislar la cuestión monetaria más allá de las dinámicas políticas y sociales concretas. Incluso de la "soberanía" que se debe analizar en el contexto de los poderes de decisión de "los de arriba" imbricados y poderosos a diferentes escalas. Esto implica también una reflexión del principio de la "subsidiariedad" subordinada a opciones sociales y medioambientales de "los de abajo" que permita tratar a qué nivel territorial y político se puede decidir mejor y controlar las opciones según los temas y el contexto.
El hecho de que no existe "un pueblo europeo" no es un argumento que impida la emergencia de comunidades políticas de lucha, y de una perspectiva estratégica europea en el plano político e institucional, que no sea reducible a una simple yuxtaposición o coordinación de luchas sociales. Hay que reflexionar sobre proyectos que combinen diferentes niveles de decisión, de financiamiento y de control democrático de las opciones establecidas por los pueblos soberanos, especialmente a nivel europeo/9.
Construir el espacio europeo para la formación de un "bloque hegemónico alternativo"
Se decida o no, en un contexto nacional determinado, pertenecer a la UE y la UEM, las fuerzas progresista debemos esforzarnos en construir una perspectiva que cuestione democráticamente los tratados y las políticas dominantes en nombre de los derechos y de los objetivos ecológicos y sociales fundamentales: el nivel europeo debe apoyar y ampliar las conquistas nacionales y no la inversa; debe sopesar las políticas internacionales en el sentido de una nueva arquitectura de los derechos que se impongan a los FMI y a los mercados financieros, y no a la inversa. ¿No se puede esperar una reagrupación socio-política capaz de defender -especialmente en las elecciones europeas- un manifiesto común?
Bernard Cassen nos propone "sacar a la izquierda del callejón sin salida" impulsando un plan B. El debate avanza porque afirma: "conviene que esta ruptura se inscriba en una perspectiva europea previamente debatida y aprobada." ¿ Por qué no decir que lejos de aceptar como una fatalidad la ausencia de un espacio público europeo, es vital construirlo? Principalmente, se podría debatir el plan B propuesto por B. Cassen y otros: "la sustitución de la moneda única, el euro, por una moneda común articulada con las monedas nacionales"/10. ¿Por qué limitar de esta forma la reflexión estratégica hacia la moneda y no hacia proyectos comunes y campañas "estratégicas" (que no impliquen una salida previa): conferencia europea sobre las deudas soberanas y contra los memorándum en defensa de los derechos sociales fundamentales; iniciativas populares contra le financiarización de los mercados y por la subordinación de la banca al control social y político; mutualización de las experiencias de resistencia nacionales a las políticas dominantes en una página web en diversas lenguas que favorezca las campañas cooperativas...? Por otra parte, ¿por qué la moneda única no podría ser el euro? Frédéric Lordon lo sugirió en algunos artículos a pesar de su desprecio por las ilusiones respecto a un "euro bueno". Hay que trabajar sobre distintas arquitecturas posibles de las monedas (incluyendo las internacionales); e incluir en estas reflexiones los proyectos de monedas fiscales ( "euronacionales" ) asociadas a programas de producción y distribución de bienes y servicios rompiendo a la vez con las privatizaciones y las lógicas xenófobas.
Los escenarios futuros son imprevisibles. Por primera vez, Syriza ha puesto en el orden del día la reivindicación de otra política económica en la UE, respetuosa de los derechos sociales y democráticos fundamentales. No hay que renunciar a esta batalla dentro/contra la UE y contra la cristalización de un Eurogrupo muy poderoso que empujaría hacia una salida "voluntaria" de los pueblos molestos para consolidar sus plenos poderes sobre una Europa cada vez más desigual.
Catherine Samary
*Economista. Especialista de los Balcanes y Europa Oriental. Doctorada (tesis sobre las reformas de Iito Yugoslavia, publicado bajo el título el mercado contra la autogestión: la experiencia Yugoslava - Ed.) Publisud / La Brèche 1988). Profesora titular, jubilada desde marzo de 2003, Universidad de París Dauphine y el Instituto de estudios europeos de la Universidad París 8; Miembro de la Zac (CNRS/Delfina) - Instituto para la investigación interdisciplinaria en Ciencias de la Sociales.Collaboradora de ILRI (Instituto de educación e investigación internacional), Amsterdam.Collaboradora de le Monde Diplomatique.
* Publicado por Crónica por nuestra Licencia Creative Commons y la de Attac.
Notas:
1/ Esta contribución se inscribe en la línea de la recopilación de Attac/Copernic Que faire de l'Europe? Désobéir pour refonder. Y sintetiza la que yo expuse en agosto de 2015: "Contre la consolidation néo-coloniale de l'eurogroupe..."http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article35629
2/ "TINA" = There Is No Alternative, No hay alternativa, eslogan de Margaret Thatcher.
3/ Explicito las razones de por qué esos fondos no respondieron a estas esperanzas en "Construire l'Espace politique européen, dans/hors/contre l'Union européenne (UE) - En défense de "Communs" pour l'ouvrage Europe, l'expérience grecque..;. Le débat stratégique Editions le Croquant, publicado en diciembre de 2015.
5/ Comparto ampliamente el balance expuesto especialmente por Pierre Khalfa et Thomas Coutrot en s Europe, l'expérience grecque..;. Le débat stratégique,(note 4), o Eric Toussaint http://cadtm.org/Grece-pourquoi-la-capitulation-Une,12143
6/ Cédric Durand en su introducción en "En finir avec l'Europe", reconoce esta realidad cf. http://www.contretemps.eu/lectures/lire-lintroduction-en-finir-leurope-coordonn%C3%A9-par-c%C3%A9dric-durand Ver mi critica a este texto "En finir avec l'UE pas avec l'Europe" en http://www.anti-k.org/2015/08/04/texte-gauche-anti-capitaliste-catherine-samary-en-finir-avec-lue-pas-avec-leurope/
7/ F. Lordon critica a Jacques Sapir sobre este tema: http://blog.mondediplo.net/2015-08-26-Clarte?debut_forums=100 Jean-Marie-Harribey discute estos dos enfoques: "Cette obscure clarté qui tombe des étoiles, difficile d'y voir clair..." http://alternatives-economiques.fr/blogs/harribey/2015/08/30/
8/ Desgraciadamente no es el punto de vista de Jacques Sapir (http://www.liberation.fr/politiques/2015/08/24/jacques-sapir-on-ne-peut-plus-nier-que-le-fn-ait-change_1368833 ) ni del ex diputado italiano Fassina, que participaba en la tribuna para un "Plan B europeo" (http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/110915/pour-un-plan-b-en-europe.
9/ En un texto escrito en 2003 y republicado en 2012 "Peser sur l'émergence d'une autre Europe". Antoine Artous, Dominique Mezzi y yo misma proponíamos algunas pistas sobre la cuestión de las diferentes representaciones a tener en cuenta.
10/ http://www.medelu.org/Pour-sortir-la-gauche-radicale; pero también hay que debatir de la llamada a a un "AustérExit" europeo en http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article35786 e incluir los trabajos de l'Altersummit http://www.altersummit.eu/?lang=fr con su "Manifeste des peuples", así como las iniciativas de euroMarches, las campañas sobre la salud o contra la privatización del agua, las de la red Blocupy, los desafíos sindicales y las experiencias de huelgas transnacionales http://www.humanite.fr/attac/le-reseau-des-attac-d-europe-solidaire-de-la-greve-generale-transnationale-du-14-novembre-5085.
El 23 de octubre concluyó en Miami la undécima ronda de negociaciones sobre la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP, en sus siglas en inglés). La negociación abarcó temas tan amplios como los servicios, la agricultura, las compras del sector público y el tratamiento de las inversiones. El objetivo final del acuerdo es el incremento de la integración de ambas economías mediante la intensificación de los flujos comerciales, de servicios y de inversión.
Como la agenda deja en evidencia, el TTIP no es exclusivamente un pacto comercial centrado en la supresión de las barreras arancelarias, sino que busca la armonización de todas aquellas leyes, medidas y regulaciones que restringen el comercio de bienes y servicios, es decir, lo que se denomina las barreras no arancelarias. Estas barreras son las que garantizan que los productos y servicios de terceros países que acceden al mercado doméstico cumplan las garantías alimentarias, de calidad, de salubridad pública, así como las normas medioambientales y de protección de la competencia válidas en el territorio.
De hecho, mientras que las barreras arancelarias entre Europa y EEUU son casi inexistentes en todos los sectores, las diferencias entre ambas legislaciones y regulaciones son múltiples y profundas. Baste recordar, por ejemplo, las disparidades en la legislación laboral, la medioambiental o en las normas relativas a productos alimentarios.
Por tanto, si el objetivo es armonizar las leyes y regulaciones para facilitar el comercio, la legislación tanto en Europa como en EEUU debería ser modificada. Y, dado que el TTIP abarca múltiples sectores, incluyendo los regulados, la transformación que supondría su puesta en marcha en Europa sería, como reconoce la propia Comisión Europea, de una magnitud sin precedentes.
Pero, ¿transformación, en qué sentido? Ahí es donde, efectivamente, identificamos el contenido altamente político del acuerdo. Si el objetivo declarado del TTIP es la liberalización progresiva del comercio de bienes y servicios, el riesgo de que, en aras de esa liberalización, se desregule el mercado o se regule a la baja es muy elevado. Este riesgo es tanto más crítico si tenemos en cuenta que el ámbito del TTIP también incluye aspectos tan sensibles para el desarrollo equilibrado y equitativo de la sociedad como son la sanidad y la educación.
Sectores y servicios excluidos del TTIP
Hay algunos sectores, como el audiovisual o, más recientemente anunciado, la protección de datos, que han sido eliminados de la negociación del TTIP por las profundas implicaciones que tendría la apertura del mercado europeo. Adicionalmente, el TTIP contempla la posibilidad de que bien la UE o bien cada Estado miembro puedan especificar qué servicios y/o sectores serán excluidos del acuerdo o verán su aplicación restringida o sujeta a determinadas condiciones. Es decir, qué servicios van a ser liberalizados y cuáles no. De este modo, la UE trata de proteger los servicios públicos, dando un instrumento a los gobiernos para que puedan evitar que corporaciones extranjeras suministren o inviertan en sectores regulados como la sanidad, la educación, los servicios sociales o los servicios relacionados con el suministro de agua.
La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmstrom, lo explicaba de este modo en enero de este año: "Las exclusiones (del TTIP) se utilizan para asegurar que los Estados miembros (a todos los niveles, desde el gobierno central a las autoridades locales) puedan continuar administrando sus servicios públicos de la manera que consideren conveniente. (…) Nosotros nos aseguramos de que los gobiernos no tengan que abrir sus servicios públicos (...) a los inversores privados si ellos no lo desean y que, en el caso de que si lo deseen, no haya nada que les impida revertir su decisión en un futuro. Los Estados miembros tienen la posibilidad de adaptar las exclusiones de acuerdo con sus necesidades como parte de las negociaciones comerciales de la UE". Malmstrom se dirigía de este modo a Lord Livingston, ministro de Comercio e Inversiones del Reino Unido, con motivo de las críticas generadas por la exposición del sistema de sanidad pública británico (NHS por sus siglas en inglés) al TTIP.
El TTIP no es el único acuerdo que contempla la posibilidad de excluir determinados servicios públicos de su ámbito de aplicación. De hecho, el recientemente concluido Acuerdo Integral de Economía y Comercio entre Europa y Canadá (CETA, en sus siglas en inglés) de características similares al TTIP, también contiene anexa una lista de servicios excluidos. En ella hallamos, por ejemplo, la emisión de licencias de taxi en determinadas regiones belgas.
Por tanto, si un Estado miembro quiere preservar un sector o un servicio de su liberalización, tiene la posibilidad de excluirlo total o parcialmente del TTIP.
La posición de España
El análisis de los sectores excluidos del TTIP por parte de los Estados miembros de la UE deja en evidencia diferencias significativas. Si nos centramos en el caso de España, observamos que son pocas las exclusiones y las limitaciones de acceso al mercado interno. Tampoco en los sectores que pueden resultar más atractivos para el capital extranjero y que por tanto están más expuestos a las grandes corporaciones americanas.
En el sector agrícola, por ejemplo, España no establece ninguna restricción a la apertura del mercado doméstico, mientras que Francia, con una industria vinícola también importante, determina que tanto la constitución de empresas agrícolas por parte de ciudadanos de EEUU como la compra de viñedos por parte de inversores de ese país estará sujeto a autorización.
España tampoco define ninguna restricción de entrada en el sector de los servicios médicos, aspecto cuanto menos sorprendente si tenemos en cuenta el elevado índice de desocupación en el sector. En cambio, Alemania establece que sólo podrán acceder a su mercado las personas físicas y previa confirmación de necesidad económica. Francia estipula que es necesario poseer la nacionalidad francesa, aunque se fijará un sistema de cupos para extranjeros.
En cuanto a la producciones de bienes, en general, no existe ninguna restricción por parte ni de la UE ni de casi ningún Estado miembro, tampoco de España. Lo mismo ocurre con el sector turístico, tan crítico para la economía española.
El siguiente paso
Los próximos meses van a ser cruciales para la negociación del TTIP. Por un lado, vamos a ver cómo la negociación se acelera, ya que tanto Estados Unidos como la Comisión Europea desean que concluya antes de que finalice el mandato del Presidente de los EEUU, a comienzos del 2017. Obama se ha manifestado abiertamente favorable al acuerdo, mientras que los republicanos han mostrado públicamente sus reticencias. Además, la reciente firma por parte de EEUU de la Asociación Económica Transpacífica (TPP en sus siglas en inglés) otorga al TTIP la primera prioridad en la agenda comercial de EEUU. Podemos anticipar, por tanto, que los escollos que han aparecido en la negociación, como los mecanismos de arbitraje (ISDS, en sus siglas en inglés) o los relativos al sector financiero, se dirimirán en los próximos meses.
Por otro lado, el papel de los parlamentos de los Estados miembros en la negociación y aprobación de estos acuerdos ya está sobre la mesa. La Comisión Europea ha elevado al Tribunal de Justicia Europeo (TJE) la pregunta sobre su competencia para firmar acuerdos de las características del TTIP o si, en cambio, estos deben ser discutidos y ratificados por parte de los Estados. La pregunta se refiere al Acuerdo de Libre Comercio recientemente concluido con Singapur y se espera que el TJE emita su dictamen próximamente.
La información y la discusión sobre el TTIP son cruciales. Y no sólo para asegurar y fundamentar el debate ciudadano, esencial en democracia, sino también para garantizar, entre otras cosas, que las pequeñas y medianas empresas españolas, vertebradoras del tejido económico, estén debidamente informadas de los riesgos que conlleva la apertura del mercado a las grandes corporaciones estadounidenses.
En España el análisis riguroso y no instrumentalizado del TTIP y de su impacto socioeconómico no está ocupando el espacio que merece en la discusión política, ni en la económica, ni tan siquiera en los medios de comunicación. Y el debate es fundamental. Como afirmaba Paul Krugmann a propósito del TPP: "Queremos estar seguros de que la gente que negocia el acuerdo presta atención a inquietudes que son razonables, y que se preocupa por el interés nacional más que por los intereses de las corporaciones."
Pilar Solà Paños es economista y consejera editorial de CTXT.
* Creative Commons
la protección de las industrias de tabaco frente al derecho a una vida sana
Es ya bien sabido que la Unión Europea está negociando con Estados Unidos un Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) cuya conclusión está considerada como una prioridad política en ambos lados del Atlántico
A pesar de su nombre, la eliminación de barreras arancelarias respecto del comercio de mercancías entre las dos potencias es un objetivo menor
Los principales objetivos del acuerdo son la eliminación de las barreras no arancelarias, la compatibilización de normativas (la convergencia reguladora) y la generación de normas comunes destinadas a facilitar el comercio de bienes y sobre todo de servicios y de inversiones, así como a proteger a los inversores (el temido ISDS o sistema de arbitraje)
Además, este "Tratado de Nueva Generación" pretende configurar un bloque internacional capaz de establecer, e imponer, los estándares comerciales internacionales a otras potencias emergentes
La negociación para conseguir un acuerdo entre ambos bloques respecto de sus contenidos se ha venido realizando en un clima marcado desde sus inicios por la opacidad. A pesar de las reiteradas afirmaciones por parte de la Comisión respecto de su voluntad de transparencia, que incluyen la publicación por parte de la Comisaria de Comercio de un " firme propósito" de total apertura sobre las negociaciones, lo cierto es que se mantienen limitaciones claras respecto del acceso a los documentos. Así lo demuestra una simple lectura de la restrictiva interpretación del Reglamento de 2001 sobre acceso público a los documentos de las Instituciones que mantiene la Dirección General de Comercio de la Comisión cuando se le solicita algún documento relacionado con las negociaciones.
Estas dinámicas opacas y la semejanza del TTIP con otros tratados anteriores como el NAFTA (México, Estados Unidos, Canadá), que está provocando graves consecuencias sociales, han conseguido levantar un rechazo creciente tanto en Europa como en EEUU y una multitud de interrogantes sobre sus posibles consecuencias sobre la ciudadanía de ambas partes del acuerdo. Se expande el temor a las repercusiones que el TTIP pueda tener sobre los servicios públicos, los niveles de protección estatales respecto del medio ambiente, los derechos de las y los trabajadores, el control fitosanitario de los productos de consumo, las PIMES, el derecho a la salud y un largo etcétera. Atendiendo a la experiencia de otros tratados y a los documentos que se han filtrado o desclasificado podemos afirmar que estas preocupaciones están más que justificadas y la última prueba de ello nos la ofrece el asunto del tabaco.
En octubre de 2013, la multinacional British American Tobacco envió una carta a los responsables de comercio de la Comisión Europea informando de su preocupación respecto del tratamiento del tabaco en la política comercial de la UE y solicitando una reunión con los responsables de la Dirección General de Comercio. En octubre del 2014, la multinacional Japan Tobacco Inc envió una carta similar, lamentándose de las restricciones a la comercialización del tabaco que se estaban incluyendo en algunos Estados miembros de la UE y que, a su juicio, se "excedían" del objetivo de protección de la salud al fundamentarse en amenazas "no probadas" para la misma. En la carta, la multinacional señalaba que algunos Estados pretendían excluir el tabaco del ámbito de los tratados de libre comercio (debe recordarse que la UE está negociando un tratado con Japón) e imponerle restricciones a su juicio improcedentes. Para tratar este tema, la empresa solicitaba una reunión con los responsables de la Comisión. También se establecieron contactos en un sentido similar con la multinacional Philip Morris.
La existencia de estos contactos y los resultados de este ejercicio de lobby han sido revelados gracias a la intervención del Corporate Europe Observatory (CEO) , una organización dedicada a la investigación y a la organización de campaña contra los lobbies y su influencia sobre las políticas de la UE. A pesar de que esta organización solicitó la publicación de toda la serie de documentos relativos a estas reuniones y el intercambio de correos entre la Comisión y las industrias tabacaleras, la Comisión sólo permitió el acceso a un 5% del contenido de los documentos, sin nombres de los presentes en las reuniones, sin el contenido de las mismas, sin la información intercambiada... Como justificación, la UE ha indicado que dichos documentos contienen información sobre las negociaciones que se están desarrollando cuya publicación podría perjudicar los intereses que sostiene la Unión en las mismas. Sin embargo, como también alegaba CEO en su solicitud, al mantener estas negociaciones en secreto la Comisión desoye lo indicado en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (en particular, en su artículo 5.3 sobre relaciones con la industria del tabaco) y en sus "directrices de aplicación sobre la protección de las políticas de salud pública relativas al control del tabaco contra los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera". Estas directrices advierten que los Estados deberán asegurarse de que toda interacción con la industria tabacalera respecto será responsable y transparente. La UE como tal no es signataria de este Convenio, pero sí sus Estados miembros.
Más allá de las incorrecciones jurídicas, es interesante destacar que, a pesar de la opacidad mantenida, es evidente que la Comisión ha mantenido reuniones con las tres multinacionales, incluyendo la norteamericana Philip Morris. Estos encuentros han disparado las alarmas acerca de la posible utilización de los mecanismos que va a contener el TTIP por estas multinacionales contra las políticas de protección de la salud frente al tabaco desarrolladas por los Estados miembros de la UE .
No es una preocupación infundada. Al contrario, una prueba de la pertinencia de la misma deriva precisamente de la utilización por Philip Morris de uno de los mecanismos fundamentales que se contienen en el TTIP: el ISDS. Definiéndolo de manera sintética, podemos entender que el ISDS es un sistema que permite a los inversores extranjeros demandar a un Estado ante un tribunal privado de arbitraje y eludir el sistema judicial estatal. El inversor puede hacer uso de este sistema para proteger sus derechos de propiedad o los beneficios reales o previstos de su inversión frente a una amenaza a los mismos derivada bien de la aprobación de una norma estatal -relativa por ejemplo, a la salud, medio ambiente o derechos laborales-, bien de la ejecución de una política social que pueda aminorar los beneficios de la inversión extranjera. Estos mecanismos se contienen o bien en grandes tratados comerciales, como el CETA (tratado UE-Canadá, que ya está listo para su aprobación) o como el TTIP y el resto de tratados en fase de negociación entre la UE y Estados Unidos o entre estos y terceros países; o bien en la mayoría de los 2283 Tratados Bilaterales de Inversión que están vigentes en el mundo en la actualidad.
La utilización de este arbitraje entre inversores y Estados se ha disparado en los últimos años, protagonizado fundamentalmente por empresas norteamericanas contra un amplio conjunto de países, ya no solo latinoamericanos como era habitual, sino también europeos y asiáticos. Uno de los ejemplos más citados al estudiar el funcionamiento del ISDS es el caso de la empresa norteamericana Philip Morris, que presentó dos demandas contra Uruguay y Australia en 2010 y 2011. Ambas se dirigieron contra la imposición de normas respecto del empaquetado de cigarrillos y la inserción de información sobre los efectos nocivos de su consumo para la salud. La empresa norteamericana utilizó como base para las demandas los Tratados Bilaterales de Inversión firmados entre Hong-Kong y Australia y entre Suiza-Uruguay siguiendo la estrategia del llamado treaty-shopping, es decir, ubicar filiales en países que tienen un Tratado de inversión con el Estado al que se quiere demandar. Cabe señalar que Philip Morris ha exigido a Uruguay la suma de 2 billones de dólares, aproximadamente el 4% de su PIB.
De nuevo aparece con claridad el conflicto de intereses que subyace en el trasfondo del TTIP, y del resto de tratados de libre comercio e inversión, con los que Estados Unidos y la UE están efectuando un traslado del poder hacia instancias supranacionales en beneficio de la clase capitalista transnacional y en contra de los derechos de las mayorías sociales de ambos lados del Atlántico. Pero frente a esta estrategia existen límites que hay que establecer como infranqueables y la protección de la salud ha de ser uno de ellos. Ante las alianzas entre la Comisión Europea y las grandes multinacionales, como las tabacaleras mencionadas, debemos recordar que tanto Estados Unidos como los Estados miembros de la UE han ratificado el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. En el Convenio, las partes se comprometieron a elaborar políticas apropiadas para prevenir y reducir el consumo de tabaco y a aplicar políticas públicas en este sentido, protegiendo las mismas contra los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera, de conformidad con la legislación nacional. Si la Comisión Europea desea proteger a las multinacionales tabacaleras y reconocer el libre comercio de tabaco y su inclusión en el sistema de protección de los inversores extranjeros, debería comenzar por afrontar el reto de exigir a los Estados miembros de la UE la denuncia de este tratado de la OMS.
A buen seguro esta no va a ser la línea que seguirá la Comisión, que prefiere las negociaciones con las multinacionales apartadas de la ciudadanía hasta conseguir la aprobación del TTIP sin la participación de las mayorías sociales. Frente a esta dinámica, la campaña ciudadana contra el TTIP sigue y la próxima cita es la Semana de Acción contra el TTIP (y el CETA y el TISA) que se ha convocado entre los días 10 y 17 de octubre. Solo la movilización social frenará la barbarie del libre comercio desbocado.
Doctora en Derecho y Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
* En eldiario.es originariamente
