La gran estafa en Catalunya (Parte I) por el prof Vicenç Navarro

Catalunya es uno de los poquísimos países de la Eurozona en el que el Gobierno, a pesar de ser uno de los gobiernos que han llevado a cabo con mayor intensidad la política de recortes de gasto público, incluyendo gasto público social, y haber apoyado reformas laborales orientadas a facilitar el despido de los trabajadores y empleados, no ha perdido sustancialmente el apoyo popular que determinó su victoria electoral -hace casi dos años-, victoria basada en parte en un programa electoral que excluía el desarrollo de tales políticas, tal como también, por cierto, hizo el Partido Popular que gobierna actualmente en España (que sí ha sufrido una pérdida de apoyo electoral). ¿Cómo es que la política de recortes ha tenido un coste electoral al partido gobernante en España y a la gran mayoría de los partidos gobernantes en la UE, y no la ha tenido en Catalunya?

Las causas de esta situación, claramente excepcional, es que tal Gobierno de la Generalitat de Catalunya, que tiene pleno control de los mayores medios públicos de información públicos, tales como Catalunya Ràdio y la Televisió de Catalunya (TV3, C33, 3/24, etc.), y que goza del apoyo de la mayoría de medios de información privados, ha sido exitoso en promover el mensaje de que “no hay alternativas” a tales políticas, debido al enorme déficit público que había dejado el Gobierno tripartito anterior (y que se encontró “inesperadamente” cuando llegó al Gobierno) y también al “expolio de Catalunya por parte de España” que había creado un enorme agujero en las arcas de la Generalitat de Catalunya. El término un tanto belicista de “expolio” se refiere al déficit fiscal de Catalunya versus el Estado español, es decir, la diferencia entre lo que los ciudadanos que viven en Catalunya contribuyen con sus impuestos y lo que reciben del mismo Estado a través del gasto público.

De esta lectura de las causas del problema financiero de tal Gobierno, la coalición gobernante CiU (una coalición de un partido liberal, Convergència Democràtica de Catalunya, perteneciente a la Internacional Liberal, y un partido cristianodemócrata, Unió Democràtica de Catalunya, perteneciente al grupo del Partido Popular Europeo, el mismo, por cierto, al que pertenece el Partido Popular) ha propuesto (además de recortar el gasto público para reducir el déficit y así corregir los supuestos excesos de gasto incurridos por la coalición de partidos de izquierdas que constituyeron el Gobierno anterior), una redefinición de la relación financiera entre el Estado central español y la Generalitat de Catalunya, proponiendo un pacto fiscal encaminado a desarrollar un concierto económico semejante al existente en el País Vasco y en Navarra. Esta petición, a partir de la manifestación del 11-S (que exigía un Estado propio para Catalunya) que reunió a un millón y medio de personas en las calles de Barcelona, se convirtió, en manos del Gobierno Mas, en un mero eslabón en el camino hacia la independencia de Catalunya, objetivo que no estaba en el programa electoral de CiU ni tampoco era un objetivo deseado por el Gobierno de la Generalitat para tal manifestación del 11-S que, según CiU, debería haberse centrado en la demanda por un pacto fiscal entre Catalunya y el Estado español. Es obvio que el Gobierno Mas quedó desbordado por la propia manifestación y que intenta ahora canalizar esta protesta (que en otros países hubiera sido en contra del propio Gobierno) hacia el Estado  español. El enorme enfado popular hacia los recortes, entre muchos otros agravios, se intenta canalizar, no en contra de la Generalitat y su partido, CiU, sino hacia el Gobierno de España gobernado por el mayor aliado que CiU ha tenido en el desarrollo de sus políticas.

En la línea argumentativa de CiU hay varios hechos que se ignoran y/o ocultan. Veamos los datos. La deuda de la Generalitat pasó de ser el 7% del PIB catalán en 2003 (cuando inició su mandato el primer tripartito) al 17% en 2010 (cuando terminó el mandato del 2º Gobierno tripartito). Durante este periodo, el gasto público social en los servicios públicos del Estado del bienestar subieron como nunca antes habían subido: en esos cuatro años se aumentó el gasto en protección social en 1.025 euros por habitante, pasando de 3.781 euros a 4.806 euros, mientras que en los cuatro años anteriores el aumento había sido de 768 euros, es decir 257 euros por habitante menos.

En 2010, el Gobierno Mas comenzó su gobierno con el intento de bajar tal deuda pública. Pero a pesar de los enormes recortes, cuya intensidad no tenía precedentes ni en Catalunya ni en España, la deuda pública se disparó pasando del 17% del PIB en Catalunya al 22% en 2012, uno de los mayores incrementos de la deuda pública ocurridos en los países de la Eurozona. Las causas de ello eran previsibles, tal como indicamos unas pocas voces, marginadas cuando no insultadas en tales medios públicos de la Generalitat (ver ”Comentario del profesor Navarro a los hechos vergonzosos que ocurrieron en la entrevista que le hizo Manel Fuentes en Catalunya Ràdio” en www.vnavarro.org).

Los recortes del Gobierno Mas, junto con los del Gobierno del PP (aprobados en las Cortes Españolas con el apoyo del partido gobernante en la Generalitat de Catalunya, CiU), acentuaron de una manera muy marcada la recesión económica, con la consecuente bajada de actividad económica y disminución de los ingresos al Estado. Se ha mostrado una vez más que las políticas de austeridad han sido un suicidio económico, tal como incluso el Fondo Monetario Internacional (que ha sido una de las instituciones que más ha presionado a los gobiernos para que se hagan tales recortes de gasto público, incluyendo el social) ha tenido que reconocer en un reciente informe (ver mi artículo “Los neoliberales deberían pedir perdón al pueblo al pueblo español, incluido el catalán”, El Plural, 22.10.12).

Pero la otra causa del descenso de los ingresos al Estado era la bajada de impuestos que el Gobierno español, con el apoyo de CiU había llevado a cabo durante el periodo de expansión económica. Tal bajada de impuestos creó un crecimiento del déficit público estructural del Estado (y de la Generalitat), dato silenciado en la mayoría de medios de la Generalitat de Catalunya. En realidad, según los datos del Ministerio de Hacienda, la aplicación de la reforma fiscal del 2006 (aprobada con el apoyo de CiU) a nivel del estado español (y que naturalmente afectó a los ingresos de la Generalitat) significó una bajada de ingresos (equivalente a 19.540 millones de euros) en 2007, bajada de impuestos que fue muy acentuada en el impuesto de Sociedades y en las rentas superiores. El impacto de tal bajada de impuestos en los ingresos al Estado, que también afectaba a la Generalitat, ha sido una de las noticias menos visibles en los medios de mayor difusión en Catalunya. Tal bajada de impuestos causó, como he indicado, un aumento del déficit público estructural, tanto del Estado como de la Generalitat de Catalunya, déficit que apareció con toda claridad cuando el crecimiento económico se frenó y finalmente se colapsó, resultado del estallido de la burbuja inmobiliaria.

Cuando el déficit público se incrementó, la respuesta de CiU fue apoyar medidas de recortes de gasto público llevadas a cabo por los gobiernos españoles y más tarde, cuando gobernó la Generalitat de Catalunya, realizarlas con gran intensidad con la intención –según declaraciones de los portavoces del Gobierno CiU- de impresionar a Bruselas de la “seriedad y compromiso del Gobierno de la Generalitat”, homologando seriedad con la voluntad de tomar medidas impopulares (tal como también ha dicho y hecho el portavoz del Gobierno del PP en España). Estos recortes se hicieron con el argumento de que “no había otra alternativa”, mensaje promovido activamente por los medios de información, tanto públicos como privados, ocultando que sí que había alternativas. Veámoslas.

CiU aprobó en las Cortes Españolas la propuesta del Gobierno Zapatero de congelar las pensiones, incluyendo, naturalmente, las pensiones catalanas (con el fin de ahorrar 1.200 millones de euros, dedicados a reducir el déficit público). Podría haber tomado, sin embargo, otras medidas que hubieran conseguido incluso más fondos. Así, CiU podría haber apoyado el mantenimiento del impuesto de patrimonio (con lo cual se habrían conseguido 2.100 millones de euros) en lugar de eliminarlo, como hizo. O podría haber apoyado la eliminación de las rebajas (que respaldó) en el impuesto de sucesiones (por valor de 2.552 millones de euros), o podría haber apoyado revertir la bajada de impuestos (que había aprobado) de las personas que ingresaban más de 120.000 euros al año, consiguiendo 2.500 millones.

Un tanto idéntico podría haber hecho con los recortes, incluso más intentos, realizados por el Gobierno del PP, presidido por el Sr. Rajoy. Así, en lugar de apoyar los recortes del Gobierno Rajoy (que han impuesto una reducción de 6.000 millones de euros en la sanidad pública, que tendrá como consecuencia el desmantelamiento de tal servicio público), CiU podría haber apoyado la anulación de la bajada de impuestos de sociedades (que CiU había aprobado) de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (que representan un 0,12% de todas las empresas de España), consiguiendo con ello 5.300 millones de euros para el erario público (incluyendo a la Generalitat de Catalunya).

O CiU podría haber apoyado en las Cortes Españolas la reducción del subsidio que el Estado da a la Iglesia Católica para impartir docencia de religión católica en las escuelas públicas (incluidas las catalanas) a fin de ahorrar 600 millones de euros, permitiendo evitar los recortes a los servicios domiciliarios a las personas con discapacidades y dependientes. Y aquí, en Catalunya, el Gobierno CiU podría haber reducido su déficit a base de aumentar los ingresos a la Generalitat de Catalunya en lugar de centrarse tanto en los recortes. Incluso el Gobierno Cameron de Gran Bretaña, con afinidades políticas a las del Gobierno Mas, intentó reducir el déficit público, no sólo recortando el gasto público, sino también aumentando los impuestos. El Gobierno Obama de EEUU  intentó una reducción del déficit a base de un equilibrio 50%/50%. Y el Gobierno socialista francés acaba de aprobar un presupuesto en el que el 80% de la reducción del déficit público se ha hecho a costa de aumentar los impuestos del capital y de las grandes fortunas, y sólo un 20% a base de más recortes del gasto público. No así el Gobierno Mas. El 98% de la reducción del déficit se ha hecho a base de recortes.

El Gobierno Mas podría haber evitado muchos de sus recortes si hubiera recogido fondos ya existentes en Catalunya. Catalunya no es pobre. Su PIB per capita es el 110% del promedio de la UE-15. Su gasto público social, sin embargo, es sólo el 73% del promedio de la UE-5. Si fuera el 110%, Catalunya se gastaría casi 20.000 millones más que no se gastan, porque la Generalitat no los recoge. La Generalitat podría haber recogido, por ejemplo, 2.788 millones de euros mediante las siguientes medidas: 1.000 millones de euros a través de un impuesto finalista progresista que fuera a la sanidad pública, tal como ha hecho el Gobierno canadiense; 600 millones de euros a base de gravar los beneficios exuberantes del capital financiero (tal como ha sugerido, paradójicamente, el Fondo Monetario Internacional); 400 millones de euros manteniendo el impuesto de sucesiones; 538 millones de euros a base de recuperar el impuesto de patrimonio, modificándolo para centrarse en las grandes fortunas; 150 millones modificando las multas y sanciones para hacerlas progresivas (es decir, que una multa sancionadora sea mayor en la medida en que los ingresos de la persona o institución sancionada sean mayores, tal como ocurre en los países nórdicos); 150 millones de euros en impuestos verdes, haciendo pagar 5 euros por cada vuelo que despegue de aeropuertos catalanes, y así un largo etcétera.

Ninguna de estas medidas, por cierto, hubiera afectado a la mayoría de la ciudadanía a la que sí, en cambio, le afectan los recortes en sanidad, educación y otros servicios públicos de la Generalitat. Y, naturalmente, podría también reducirse, camino de eliminarse, el enorme fraude fiscal, muy acentuado entre las rentas superiores de Catalunya y en las grandes empresas. Aplicando a Catalunya la metodología utilizada por los técnicos de Hacienda para calcular el tamaño del fraude, éste es en Catalunya de 18.000 millones de euros (cifra que los propios técnicos consideran muy conservadora). CiU no se ha distinguido, ni en las Cortes Españolas ni en el Parlament de Catalunya, por haber iniciado o apoyado medidas correctoras de tal fraude.

Otras fuentes de ingreso para la Generalitat de Catalunya, que hubieran evitado los recortes, hubieran sido apoyar el aumento de impuestos al tabaco y al alcohol que hubieran podido recoger 200 millones, fondos que hubieran repercutido en mayores ingresos para Catalunya, o exigir a las mutuas patronales de accidentes y enfermedades laborales que paguen al sistema sanitario público catalán los gastos de atender a los pacientes accidentados o enfermos por causas laborales, y que hoy no pagan (representando un déficit de la sanidad pública de 230 millones de euros).

Todas estas son medidas que CiU y su Gobierno podría haber apoyado en las Cortes españolas, y aprobado y/o llevado a cabo en su gobierno, y que no hicieron. Y el que no lo hicieran responde a causas políticas. Es decir, hubieran afectado a los grupos sociales o intereses financieros y económicos que CiU representa o a los que no se atreve a enfrentarse. Como dijo recientemente un dirigente de Cáritas en Catalunya, ¿cómo los políticos pueden dar tanto dinero a la banca (CiU ha sido el partido que más ha apoyado al PP en el rescate bancario), y tan poco dinero a las poblaciones vulnerables que hoy están sufriendo enormemente? La respuesta del Gobierno CiU al incremento de la pobreza fue hacer la Maratón Antipobreza de la televisión pública TV3, que recogió 4 millones de euros. Si CiU y su aliado en las Cortes y en el Parlament (el PP) hubieran aprobado un impuesto sobre las transacciones bancarias de corto plazo (la mayoría de clara orientación especulativa) la Generalitat habría obtenido 300 millones de euros. Todas estas son medidas que CiU podría haber llevado a cabo en su Gobierno que hubiera podido hacerse como alternativas a los recortes. Ahora bien, ¿cómo es que, con la evidencia existente, y que presento en este artículo, el Gobierno CiU no sólo no está perdiendo popularidad, sino que puede ganar por mayoría? La respuesta es el argumento del “expolio”.

En cuanto al “expolio”, hay que indicar que, detrás de tal término belicista existe una realidad que le cuesta mucho al Estado español reconocer. Y es que la contribución de los impuestos derivados de Catalunya es excesiva (según los parámetros comparativos de transferencias interregionales en la mayoría de países de la Eurozona), en relación a los fondos que recibe del Estado. Esta es una realidad, cuya falta de reconocimiento por parte del Estado Central es un indicador más de un problema mayor, que es el gran desequilibrio que existe en la relación Estado Central-versus Catalunya a favor del primero y a costa del segundo (ver mi artículo “El nacionalismo españolista”. Sistema, 05.10.12). La constante oposición del establishment español, centrado en Madrid, al reconocimiento de la plurinacionalidad de España, ha sido la mayor fuente de frustración en grandes sectores de la población catalana, una falta de reconocimiento que aparece también en la decisión del Tribunal Constitucional de vetar puntos clave del Estatuto de Catalunya aprobado por referéndum por la población catalana.

Complementando esta decepción hubo la falta de respuesta y protesta por parte del establishment español (cuyas Cortes Españolas habían aprobado previamente tal Estatuto), después del “cepillazo” -término ofensivo que incluso causó gracia en el establishment madrileño- a la propuesta aprobada por el Parlamento Catalán. La falta de protesta del Gobierno Zapatero a tal hecho por parte de aquel establishment fue un factor contribuyente a la generalización del enfado en Catalunya hacia el Gobierno central.

Pero el punto final que ha rebosado el vaso ha sido la victoria del PP, que fue el partido que había llevado el Estatuto al Tribunal Constitucional, y cuya postura hostil hacia las reivindicaciones en Catalunya se ha traducido en sus declaraciones y comportamientos. El Gobierno no ha tomado ninguna medida sancionadora, por ejemplo, contra el militar que amenazó con una intervención militar ocupando Catalunya, de nuevo un caso que demuestra no solo la enorme insensibilidad democrática del Gobierno PP sino también su hostilidad hacia Catalunya.

Ahora bien, dicho todo lo que he dicho, varias realidades necesitan añadirse. Una de ellas es que la mayor fuerza política que ha apoyado las políticas neoliberales que ha estado aprobando el PP y que están causando unos enormes daños a las clases populares catalanas ha sido precisamente CiU. Y la otra vertiente es que, en reciprocidad, la fuerza política que ha apoyado constantemente las políticas neoliberales y regresivas en Catalunya ha sido el PP. Tales políticas están desmantelando el Estado del bienestar en Catalunya convirtiendo un Estado universal (con derechos universales que se aplican a toda la ciudadanía) en un Estado asistencial (para las personas sin recursos o especialmente vulnerables) con un gran debilitamiento de la fuerza del trabajo y una disminución de los derechos laborales, todo ello acompañado con una disminución de los derechos civiles y aumento de la represión.

Esto ha sido ocultado en los medios de comunicación de la Generalitat de Catalunya que han jugado un papel clave con su silencio ensordecedor sobre la naturaleza de estos hechos. TV3 ha alcanzado unos niveles de instrumentalización desconocidos desde la era pujolista, enfatizando la inevitabilidad de esta reforma y el “expolio” de Catalunya por parte de España. Tal expolio, sin embargo, no puede explicar el enorme déficit social de Catalunya. Explica parte pero no todo. De hecho, los datos de gasto en protección social de 2007 para Catalunya, que son los últimos disponibles, muestran que si se destinaran los recursos que configuran el déficit fiscal (que la Generalitat considera que es el 8% del PIB catalán) a gasto social según la asignación actual del presupuesto de la Generalitat, el gasto social por habitante en Catalunya todavía estaría lejos de alcanzar la cifra que le correspondería por el nivel de riqueza que tiene. En realidad, pasaría de 5.475 unidades de poder de compra (upc, unidades monetarias que tienen idéntica capacidad de compra, estandarizando el poder adquisitivo de países con diferente nivel de riqueza) a 6.236 upc, una cantidad todavía muy lejos de los 8.210 upc que se debería gastar por el nivel de riqueza que tiene. La mayor causa del retraso social de Catalunya es la misma causa del subdesarrollo social de España (como documenté en mi libro El subdesarrollo Social de España), es decir, el enorme dominio de las fuerzas conservadoras sobre el Estado español (incluido el catalán) a lo largo de su historia, y que se ha cristalizado durante estos dos años en la alianza PP-CiU en las Cortes Españolas, y CiU-PP en el Parlament. Y ahora ambas formaciones políticas están agitando las banderas con fines electorales.

Esta es la gran estafa y el fraude existente hoy en Catalunya y en España. La coalición gobernante de Catalunya, que tiene gran responsabilidad en el retraso social de las clases populares de Catalunya, se presenta ahora como la gran defensora del pueblo catalán, convirtiendo a su máximo aliado, el PP, en su máximo adversario, enarbolando la bandera catalana para mantenerse en el poder y continuar siguiendo las políticas neoliberales que han hecho tanto daño.

Ahora bien, los enfadados que marcharon en las calles de Barcelona el 11-S pidiendo autogobierno y el derecho a decidir (lo cual comparto), deben ser conscientes de que en la medida que voten a tal partido y a tal Gobierno, el motivo de su enfado no se resolverá, pues una futura Catalunya bajo el Gobierno CiU será muy semejante a la Catalunya de hoy, con los mismos recortes, las mismas políticas fiscales regresivas, la misma instrumentalización de los medios públicos, el mismo retraso social de Catalunya y la misma inmunidad frente a la corrupción que ha salpicado tan extensamente a este partido y a este Gobierno. ¿Es esta la Catalunya que desean? No es la Catalunya por la que la generación de mis padres, mi generación y generaciones posteriores lucharon durante la dictadura para que nuestros hijos y nietos pudieran vivir libremente en una Catalunya con democracia, pluralidad y justicia social. Esta Catalunya no existe y tampoco existirá si las fuerzas conservadoras dominan la transición de esta Catalunya a la otra Catalunya.

* Crónica agradece al autor su deferencia, enviándonos los artículos.