Con los últimos datos conocidos en torno al "caso Bárcenas", los 22 millones de euros depositados en Suiza mediante una cuenta opaca, el lavado de, al menos, diez millones de euros acogiéndose a la reciente amnistía fiscal perpetrada por el ministro Montoro, el despacho en Génova a disposición hasta la fecha de Bárcenas, oficialmente fuera del PP, los sobresueldos de 5.000 a 15.000 euros entregados mensualmente a la cúpula y aaltos cargos del PP, el silencio de Rajoy y los sucesivos secretarios generales del PP, etc. no solo están en entredicho unos determinados políticos y personajes varios, sino el sistema mismo de la Administración del Estado, de los órganos de representación del pueblo (del que supuestamente proviene el poder) o de la simple independencia del sistema judicial, sino principalmente está sobre el tapete el sistema judicial mismo.
Puede fallar el poder legislativo, pero el problema resultaría subsanable, por ejemplo, a través de unas elecciones. Puede fallar el poder ejecutivo, pero se puede salir del atolladero igualmente mediante las urnas o incluso con un simple cambio de gobierno. Si falla, en cambio, el poder judicial, el sistema político y social corre el riesgo de desmoronarse.
En el caso Urdangarín, su consorte Cristina y los gobiernos autonómicos balear y valenciano, son ya de segundo orden las penas y sentencias que los imputados en el caso recibieren, pues a la ciudadanía le interesa espera ante todo el talante y la actuación consiguiente de la judicatura misma. Un trato de favor, pasar por alto elementos esenciales del caso, un sobreseimiento mediante un brindis mágico al sol o la prescripción del delito, llevaría ipso facto a dejar de mirar a los encausados, para centrar la mirada en el sistema judicial mismo.
No otra cosa puede decirse del caso Gürtel, con sus derivaciones actuales sobre el caso Bárcenas y el Partido Popular. De momento, aparte de unas simplezas y unas vaguedades pronunciadas por algunos de sus dirigentes, el Partido Popular aún no ha dicho esta boca es mía: o no les consta o se remiten a la investigación judicial, como si no estuviésemos aún suficientemente escaldados con otras investigaciones judiciales sobre las actuaciones de no pocos miembros del Partido Popular.
Al parecer, los examinados pertenecen al Partido Popular, pero quien va a recibir la calificación final del examen es el propio poder judicial.
(¿Copiarán los jueces en el examen?)
* Crónica agradece al autor su decisión de compartir siempre su opinión con nuestros lectores
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