La mayoría de las economías desarrolladas está en recesión. Esto quiere decir que la actividad económica es muy baja: la mayoría de las empresas no invierten sino que desinvierten (expulsan trabajadores, se deshacen de maquinaria y de locales, echan el cierre, etc), la mayoría de las familias no consume sino que ahorra lo poco que gana, y el sector público –a pesar de ser el único que podría impulsar la actividad económica mediante la inversión pública– no hace sino reducir su actividad. En consecuencia, el dinero no circula por la economía y esto en un sistema capitalista supone elevados niveles de desempleo y de pobreza.
Si fluyese el dinero la cosa cambiaría: las familias podrían consumir más, las empresas podrían invertir más (contratando, comprando maquinaria…), el sector público invertiría más, etc (1). Por esto mismo uno de los objetivos declarados de los gobernantes es que el dinero vuelva a fluir por buena parte de los poros de la sociedad. El problema es que hoy día, tal y como están configuradas nuestras instituciones económicas –y concretamente desde que suprimieron la banca pública–, la única forma de que haya más dinero en circulación es contando con la actuación de la banca privada. Como se explicó en este artículo, el banco central hoy día no tiene forma de transferir dinero a los agentes económicos, sino que primero se lo transfiere a los bancos privados, y luego éstos se lo transfieren al resto de agentes (y en el camino multiplican esa cantidad creando dinero bancario). Como ya se sabe, este dinero es transferido en forma de préstamos y con unos intereses añadidos que es al fin y al cabo la forma con la cual los bancos hacen negocio (2). Los bancos centrales disponen de una serie de mecanismos (leer este artículo para conocerlos) mediante los cuales intentan influir en el comportamiento de los bancos privados y lograr que faciliten más o menos préstamos a las familias y empresas. Desgraciadamente desde que estalló la crisis estamos viendo que estos mecanismos no están funcionando: los bancos privados continúan sin conceder créditos a pesar de los intentos por parte del Banco Central Europeo. ¿Por qué ocurre esto?
Podemos clasificar los motivos más importantes de la siguiente forma:
El dinero que están recibiendo los bancos privados (por parte del Banco Central Europeo) está siendo utilizado para tapar sus agujeros. Si los bancos privados estuviesen saneados y no tuviesen problemas de solvencia, tal vez prestarían ese dinero a familias y empresas. Lo que ocurre es que estas entidades de crédito tienen muy maltrechos sus balances (debido a sus excesos durante el boom económico y financiero) y por lo tanto aprovechan el dinero que reciben para sanearlos. Utilizando un ejemplo ilustrativo: carece de todo sentido darle agua a una persona que está a punto de morir de sed para que la ceda a otras personas y confiar en que no se la beberá antes.
A los bancos privados les sale mucho más rentable invertir en actividades como la de deuda pública que prestar a familias y empresas. Desde el traspaso de la crisis bancaria a la crisis de deuda pública y el consiguiente aumento de las primas de riesgo de los países periféricos, se ha originado un negocio muy lucrativo en el mercado de deuda pública. El dinero que el Banco Central Europeo está facilitando a los bancos privados está siendo empleado para comprar títulos de deuda pública de países como España, Portugal o Grecia, que generan una rentabilidad muy elevada, haciendo de esta actividad un plato mucho más goloso que el de conceder préstamos a familias y empresas. A modo de comparación: para que el negocio de prestar dinero a familias y empresas fuese igual de rentable que el de invertir en deuda pública los bancos deberían prestar a familias y empresas a un tipo de interés cercano al 14% (y obviamente no lo van a hacer porque nadie aceptaría esas condiciones tan abusivas).
La legislación bancaria internacional penaliza los créditos a familias y empresas (y beneficia los préstamos a bancos y grandes empresas y las inversiones en deuda pública de países con elevada calificación). Los bancos privados deben por ley guardar una determinada cantidad de dinero de forma preventiva, para poder abordar cualquier imprevisto que pueda surgir. Esto les viene mal a los bancos porque precisamente obtienen beneficios utilizando el dinero, no guardándolo en sus cajas fuertes. Esta cantidad a almacenar será mayor cuanto más dinero utilicen los bancos en actividades arriesgadas. Puesto que la legislación considera “arriesgado” prestar a familias y a pequeñas y medianas empresas, los bancos evitan conceder préstamos a este tipo de agentes (puesto que tendrían que almacenar más dinero conforme otorgasen más créditos). En cambio, como la legislación considera “seguro” prestar a bancos y a grandes empresas, los bancos prefieren conceder préstamos a estas entidades (puesto que el dinero a almacenar no cambiaría –o no cambiaría mucho– si prestasen a agentes “seguros”). Por todo ello, la propia legislación vigente obstaculiza que el dinero fluya a familias y a empresas.
Una vez analizados los principales motivos que impiden que el dinero llegue a familias y empresas puede que nos aborden algunos pensamientos. En primer lugar, es un hecho que los intentos declarados de los gobernantes por reactivar el crédito son un profundo fracaso. Hace ya más de cinco años que el crédito se congeló, y todavía no se perciben señales de recuperación. Los mecanismos que están usando los dirigentes europeos para que fluya el crédito no funcionan. En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, no resulta descabellado pensar que no es éste el verdadero objetivo de los gobernantes europeos. Más bien parece que lo que buscan es rescatar a la banca privada del profundo agujero en el que ella misma se metió a costa de cualquier cosa, sin importarle las nefastas consecuencias que sobre el bienestar de la población se están desencadenando. Y es que… ¡con lo fácil que sería hacer fluir el crédito si hubiese voluntad política! El Banco Central Europeo tiene la capacidad de imprimir dinero sin coste alguno (porque no hay ningún riesgo de inflación en la actualidad), y se podría obligar a la banca privada a hacerlo fluir, o se podría nacionalizar la misma para aprovechar sus infraestructuras y con ello hacerlo por iniciativa propia.
En fin, todo parece indicar que mientras la élite financiera siga teniendo influencia sobre la élite política gobernante y mientras esta última no anteponga el bienestar de la población a los intereses de las finanzas, el crédito a las familias y a las pequeñas y medianas empresas tardará mucho más en llegar (si es que llega algún día).
Notas:
(1) También aumentaría la presión sobre los recursos naturales y sobre el medio ambiente, lo cual nos advierte de que esta respuesta sólo debería ser admisible en el corto plazo.
(2) Debido a ello podemos decir sin miedo que el diseño institucional que abarca las operaciones financieras está pensado para beneficiar claramente a la banca privada.
* Eduardo Garzón es economista y miembro de ATTAC
* Crónica agradece al autor y a ATTAC que compartan este artículo
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