La Constitución de 1978 contiene en su articulado tanto la creación del Estado autonómico, como los principios por los que éste debe regirse: interés general, solidaridad e igualdad entre todos los habitantes de tales territorios. Su noble objetivo es doble: contribuir a potenciar la pluralidad cultural de sus gentes, dentro del ámbito más elevado del conjunto de la cultura española e impulsar una descentralización institucional y administrativa que permita el máximo desarrollo social y económico del país, sacándolo de su histórico retraso.
Así hemos llegado al actual frenesí reivindicativo autonómico, en que cada barón territorial, con olvido del interés general, tira para casa de manera irresponsable, pidiendo deudas históricas imposibles, con omisión flagrante de los principios básicos constitucionales, sin cuya rigurosa aplicación se frustra cualquier estado o nación que se precie. Todo esto acompañado por las más variopintas proclamas de los dirigentes de los partidos, tanto de ámbito estatal como autonómico. Contradiciéndose torpemente entre lo que se dice en las instituciones de ámbito nacional y autonómico, en un desafío constante al más elemental sentido común. Algunos, incluso, chocando frontalmente con sus reiterados principios de internacionalismo solidario. Y ello en el contexto de un Gobierno central y de un presidente a la deriva, incapaz de reconducir la situación.
A la hora del reparto interno de la tarta, todos quieren recibir más que aportan, sin rubor ni vergüenza alguna. O todos quieren recibir por igual, como dice el presidente Fabra, ante lo que cabe preguntarse: ¿entonces, cómo obtenemos lo necesario para reducir la desigualdad real entre los habitantes de los diferentes territorios del Estado?
El camino inexcusable hacia la igualdad tiene que ir dirigido a que los que se hallen por debajo de la renta media per capita nacional, resultante para 2012, en 22.772 euros, doce autonomías en total, y en la proporción debida, tienen que ser receptores netos de las arcas del Estado, al menos hasta que alcancen esta media. Entre ellas, sin duda, hoy, la Comunitat Valenciana. Y el resto, que se hallan por encima de esa media nacional, sin exclusión alguna, deberán ser pagadores netos. Lo exigen la ley y la equidad.
* Jesús León es abogado y exdipiutado provincial de Esquerra Unida
* Crónica agradece al autor que comparta siempre sus opiniones con nuestros lectores
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