A propósito del debate de la nación y de la frase pronunciada por Cayo Lara sobre la irreconocibilidad de la Constitución, es conveniente efectuar algunas aclaraciones que permitan sopesar el valor intrínseco del texto que rige el ordenamiento jurídico. El coordinador general de IU dijo literalmente: «A esta Constitución ya no la reconoce ni la madre que la parió: solo protege los derechos de la Iglesia y de la Corona». Se trata de una afirmación que suele ser compartida por alguna otra parte de la izquierda, que sostiene la ineficacia del texto, personificando en el mismo lo que solo puede y debe ser achacado a quienes verdaderamente son los responsables de su inaplicación o de su aplicación solo parcial e interesada. El texto tiene la virtud, que no el defecto, de que puede ser interpretado con cierta flexibilidad por los partidos políticos de turno que ostentan el poder.
Pero seguidamente hay que decir que la Constitución no impide al acceso al poder ni discrimina a ninguna fuerza política para que pueda alcanzarlo y, por consiguiente, para interpretar el texto en función de la ideología que lo sustente. Esto es así, objetivamente. Otra cosa es la ley electoral, que si bien no discrimina a nadie en concreto, sí fue creada para que imperara el bipartidismo durante estos 35 años de democracia. Pero esta ley es modificable o sustituible con solo disponer de la mayoría legislativa necesaria, no requiere modificar la Constitución. Y por tanto, lo único que requiere es la necesidad de ganar unas elecciones con la suficiente holgura para promulgar la ley adecuada. Por tanto, sin discutir lo cierto de que las instituciones citadas por Cayo Lara estén siendo favorecidas por el sistema democrático y no otros estamentos o sectores sociales más necesitados desde un punto de vista progresista y de izquierdas; depende de la actitud y actividad de las fuerzas que se reconocen de esta tendencia y no de la Constitución, que no impide a nadie ganar o perder las elecciones. Esta conclusión que parece de Perogrullo, sin embargo, no ha calado en ciertas formaciones políticas que, en la práctica, les supone un bloqueo difícil de digerir y superar para obtener un mejor desarrollo electoral, y con ello, alcanzar el suficiente poder político que les permita aplicar los derechos sociales constitucionales aprobados por la gran mayoría del pueblo en 1978.
Este autobloqueo político es aprovechado por fuerzas más conservadoras y pragmáticas, capaces de confundirse con el sentir social mayoritario para lograr el poder y controlar, así, los derechos más progresistas y e incluso «subversivos» (Iñaki Gabilondo dixit), contenidos en la Constitución. La pregunta es: ¿por qué esta falta de adaptación a la realidad social de este tiempo, que permite a quienes nos han llevado hasta este pozo sin fondo seguir gobernando?
* Jesús León es abogado y ex Diputado Provincia de Esquerra Unida
* Crónica agradece al autor su decisión de compartir sus artículos de opinión con nuestros lectores
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