El 14 de noviembre de 2012 los sindicatos mayoritarios del país, Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, convocaron una Huelga General para expresar nuestro rechazo a las medidas antisociales y de recorte de derechos que había adoptado el Gobierno Central en materia laboral y que suponían un fuerte retroceso de los derechos de las trabajadoras y trabajadores.
El derecho de huelga es un derecho Constitucional, que debe ser protegido especialmente cuando decide ejercerse.
El día de la huelga general fueron miles de trabajadoras y trabajadores que desde primeras horas de la mañana se concentraron en las entradas de los centros de trabajo y en los polígonos industriales para informar al conjunto de ciudadanos y ciudadanas de cuales eran los motivos por los que se había convocado la Huelga, así como, para pedirles su adhesión a la misma.
El ejercicio de huelga y su expresión pública no puede considerarse “per se” como un comportamiento sospechoso de incurrir en prácticas delictivas.
La desproporcionada presencia de unidades policiales antidisturbios en las puertas de los centros de trabajo y en los polígonos industriales y su actitud en muchos de los casos intimidatoria, creó un clima de tensión innecesario.
Las posteriores denuncias presentadas por la policía y las acusaciones formuladas por el Ministerio Fiscal para los más de 260 encausados, de los que 29 son del P.V., en las que solicita más de 120 años de cárcel, sin identificar las conductas individuales de cada uno de los acusados, además de poner en evidencia la inconsistencia de la acusación, sitúa a estos en una clara indefensión jurídica.
Ante las deficiencias puestas de manifiesto en todo el proceso sería aconsejable, que el Ministerio Fiscal retirase las acusaciones contra las trabajadoras y trabajadores, para despejar cualquier duda de que se encuentren ante un juicio político que lo que intenta es criminalizar el ejercicio del derecho de huelga y la libertad sindical.
Porque la huelga es un derecho que quieren arrebatarnos, por la vía de meter miedo utilizando el Código Penal, es por lo que el próximo día 9 de Julio nos vamos a manifestar para rechazar el intento de criminalizar la protesta sindical.
Luis Poveda Amores
Coordinador Local de EUPV-Bétera
* Crónica agradece al autor que comparta sus artículos de opinión con nuestros lectores
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