Recientemente el Gobierno Alemán ha anunciado la elaboración de unas medidas legislativas que han tenido gran repercusión en los medios españoles, pues como afirma un diario español de gran difusión: un ciudadano de la UE que no haya encontrado empleo en seis meses deberá dejar el país. A diferencia de lo que habría sucedido en otro momento, los datos de la emigración española a Alemania provocan que esta noticia tenga una repercusión y transcendencia impensable hace cinco años, cuando este país era un país de inmigración y todavía no había vuelto a ser un país de emigración.
El problema de estas medidas, que no son únicas, pues en otros estados se han adoptado medidas semejantes en fechas recientes, Bélgica, Francia, Reino Unido y, muy posiblemente, en breve nos encontremos con la adopción de normas similares en Holanda, es que no son ilegales y que lo que hacen es aplicar una norma vigente en la UE, la Directiva 2004/38/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, que fue objeto de trasposición al derecho estatal español por el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Es decir que nos encontramos con que se trata de la aplicación de derecho vigente, en la UE y por ello, en España.
En esta reactivación de las medidas restrictivas para las que están habilitados por la normativa europea se pueden encontrar los elementos que son propios de la gestión ordoliberal de la crisis según el modelo que impone la dirección alemana de la UE: una eficaz combinación entre el poder público y el privado en el mantenimiento de un esquema de dominación de clase. Este tipo de esquemas se repite sistemáticamente en todo el ámbito europeo. En el caso español, no debemos olvidar como la terrorífica cadena de ataques contra el sistema de sanidad pública del actual gobierno comienza adoptando una medida de una trascendencia económica dudosa y de un nivel ético ínfimo: la supresión de la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares. Este tipo de ataques a grupos sociales que tienen la consideración de inferiores en derechos, implica la adhesión de ciertos sectores de la población, posiblemente los próximos a verse afectados en las siguientes medidas a adoptar, en políticas que van incluso en contra sus directos intereses, es algo que se podría definir como la activación de mecanismos de complicidad en la ruindad.
En Alemania, la adopción de estas medidas se ha presentado como la lucha contra lo que se ha llamado “turismo social”, planteando como un grave problema la afluencia de población de otros países más pobres de la UE, fundamentalmente Bulgaria y Rumanía, a la llamada del mejor sistema de protección social del estado alemán. Sin embargo, la propia Ministra de Trabajo reconocía a la prensa que no sabía exactamente cuáles eran las cifras de fraude relacionadas con residentes de otros estados de la UE. Es decir, que al mismo tiempo que se introduce una medida que se afirma basada en la necesidad de una racionalización económica, se desconocen los datos que sostienen la racionalidad de la medida. Obviamente la medida tiene un componente propagandístico y represivo, en la habitual línea de los gobernantes que despliegan con los grupos más desfavorecidos su mayor rigor. En relación a los ciudadanos españoles que podrían verse afectados se estima que la cifra podría ser superior a las diez mil personas.
Más allá de las dramáticas consecuencias personales que este tipo de medidas pueden tener en las vidas de las personas afectadas, truncando legítimos proyectos e ilusiones, debemos hacer una lectura de largo recorrido del problema de base que hay detrás de la legitimación de los estados a la adopción de este tipo de medidas: la ciudadanía europea no existe. Definitivamente, no tenemos una verdadera condición de ciudadano en el sentido pleno que lo entiende la tradición jurídica a que pertenecemos. Los derechos de libre circulación y residencia reconocidos por el Derecho Comunitario no son verdaderos derechos de ciudadanía sino que un su concreción son elementos armonizadores de proyecto del mercado único que es la Unión Europea.
La configuración del derecho de residencia por un período superior a seis meses se condiciona a la situación de hacerlo como trabajador, por cuenta ajena o propia, como consumidor o como estudiante. Es decir, no nos hallamos ante el mismo tipo de libertad de circulación y residencia que esperamos que confiera un derecho estatal moderno a sus ciudadanos. Si no como la máxima libertad que es capaz de soportar la lex mercatoriaregional que es el derecho europeo. Esto hay que repetirlo, una y otra vez: la Unión Europea no responde a un esquema de creación de un estado social y democrático supranacional sino que es un modelo de integración económico regional, con el euro como principal instrumento, y que a este proyecto se supedita todo su funcionamiento. Un modelo que ha propiciado que un estado como el alemán imponga su supremacía económica al resto de integrantes, debilitando la posición comercial de los países del sur y el este de la Unión Europea, con el apoyo de sus clases dirigentes, para las que las dinámicas europeas sirven de excusa e instrumento en sus objetivos de dominación.
No debemos pues caer en la fantasía de que un proceso de integración mayor a nivel europeo es posible, deseable y que allí está la solución a los males que están devastando los países del sur y el este de Europa. La UE y la zona euro es el restringido campo de juego en el que Alemania, en colaboración con un reducido grupo de estados, está imponiendo su dominio económico, obligando a competir al resto en una evidente inferioridad de condiciones. Debemos desvanecer el espejismo del europeísmo: la historia no ha firmado todavía, ni creemos que lo haga en breve, el acta de defunción de los estados y los pueblos. Si no somos las personas que estamos por el cambio social, la libertad y la democracia, social y económica, no sólo política, los que nos reapropiamos de estos conceptos, que no nos quepa duda que fuerzas terribles que ya impusieron su dominio de terror en nuestro país y en el resto de Europa están al acecho de nuestra inacción.
José Antonio Benzal
Miembro del FCSM del País Valencià
Miembro del FCSM del País Valencià
* Crónica agradece al autor, por medio de FCSM poder compartir sus opiniones con nuestros lectores
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