Cuando, ayer domingo, en un acto con alcaldes del PP en Murcia, Mariano Rajoy manifestaba que “la corrupción es poca” no sabemos si estaban presentes los alcaldes del PP de la Comunidad de Madrid y el Presidente de la Diputación de León que, presuntamente, estaban “trincando pasta gansa” y que, hoy, han sido detenidos e imputados. Le faltó decir al hombre este, a Don Mariano, que todo el mérito de que se destapen casos de corrupción es suyo –de él, de Rajoy y del PP- porque sin corruptos no se podrían destapar casos de corrupción. Y la contribución del PP a la existencia de corruptos y de corrupción es determinante.
La trama corrupta, de la que, presuntamente, formaba parte el exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados, -aquel que daba patentes de honestidad en las tertulias televisivas- alcanza, según fuentes jurídicas, a 51 personas entre los que se encuentran el presidente de la Diputación de León y alcalde de Cuadros Marcos Martínez, así como los alcaldes de seis municipios madrileños: Valdemoro, José Carlos Boza (PP); Parla, José María Fraile (PSOE); Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP); Casarrubuelos, David Rodríguez (PP); Collado Villalba, Agustín Juárez (PP) y Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández (UDMA). Junto a ellos, dos conseguidores: los empresarios David Marjaliza, amigo de la infancia del Granados -el ‘exnúmero 2′ de Aguirre- y Alejandro de Pedro Llorca que estaban en el centro de una red que buscaba el lucro de los políticos.
Las pesquisas contra la red se iniciaron en diciembre de 2013 cuando la Fiscalía de Laussanne informó a Anticorrupción de que investigaba a Granados y Marjaliza por un delito de blanqueo de capitales agravado.
Según ha informado la Fiscalía Anticorrupción en un comunicado, solo en los dos últimos años esta trama de corrupción municipal y regional se habría adjudicado contrataciones por valor de 250 millones de euros. Según fuentes jurídicas, los políticos implicados cobraban comisiones de hasta el 2 y el 3% de cada contrato, por lo que se calcula que podrían haber obtenido unos beneficios que oscilarían entre los 5 y los 7 millones de euros.
A los detenidos se les imputan los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraude contra la administración y organización criminal.
No deja de ser significativo que un agente de la Guardia Civil había avisado a Granados de que estaba siendo investigado en relación a la cuenta que tenía abierta en Suiza repitiendo los casos que ya conocemos en los que esta gentuza se creen impunes.
La podredumbre de esta democracia y de este país es de tal calibre, todo lo que estamos conociendo en las últimas semanas y meses es de tal magnitud, que parece evidente que ya no es suficiente con que este gobierno de un partido corrupto dimita urgentemente. Es que da la sensación, podemos considerar, parece evidente que el Partido Popular es una organización montada para trincar “toda la pasta”, para liquidar todas las posesiones del estado, para delinquir. Y siempre a costa de los ciudadanos y, principalmente, de los más desfavorecidos. Por tanto, habrá que plantearse si este es un partido constitucionalmente apto para concurrir a las elecciones o ha de ser prohibido y borrado del registro de partidos políticos democráticos antes de que la repugnancia, la repulsión, el asco, el hastío, la náusea y el vómito nos impidan votar.
*Toni Roderic, Área de Presidencia de Los Verdes.
* Crónica agradece al autor que comparta su opinión con nuestros lectores
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