Cuando decimos que en este ciclo electoral nos jugamos las próximas generaciones estamos diciendo, en suma, que en los próximos años se definirán las instituciones que regularán nuestras vidas para las próximas décadas. En ese sentido, el bipartidismo y el régimen tienen ya una hoja de ruta que pivota sobre una futura reforma constitucional.
Sin duda, ingredientes seguros de esa reforma serán la ley electoral –menos proporcional, más regresiva- y la reforma del modelo de Estado –incluyendo el apuntalamiento de la monarquía. Pero más grave es que será una forma de consolidar legalmente un nuevo orden social basado en la precariedad y la crisis permanente. En realidad, una forma de adaptar las instituciones jurídico-políticas a las necesidades de este capitalismo en crisis. Al fin y al cabo, lo que sucede es que nuestros gobernantes decidieron en su momento, y reafirman ahora, mantener nuestra economía con un rol periférico y dependiente. Y ahora han optado por dar otra vuelta de tuerca, empobreciéndonos aún más con la esperanza de que podamos ser más competitivos frente a economías de trabajo basura. Menos Estado Social y más ley de la selva, en definitiva.
Eso es lo que nos jugamos, el carácter del cambio. Porque cambio habrá, por supuesto. Nuestras instituciones no serán ya por más tiempo las mismas; se modificarán, habrá unas nuevas. La duda es si ese proceso constituyente –que diseña nuevas instituciones- estará dirigido por la oligarquía o si por el contrario estará dirigido por el pueblo. La diferencia será total. ¿Aceptaremos ser un país de trabajo y vida basura? ¿Aceptaremos la privatización de nuestras conquistas? ¿Aceptaremos el socavo total del Derecho del Trabajo y otros Derechos arrancados al poder? O, por el contrario, ¿asistiremos a la reconquista de lo saqueado en los últimos años y a la puesta en marcha de procesos de reconstrucción económica para nuestro país? ¿construiremos instituciones democráticas que recuperen la soberanía para lo popular y sirvan para reintroducir en esclavitud al poder salvaje de los mercados y otros poderes ajenos a lo democrático?
La disputa es enorme. Y de ahí que hayamos insistido una y otra vez en la Unidad Popular -electoral y no electoral. Las distintas fuerzas políticas que abogamos por un cambio dirigido desde abajo tenemos diferencias entre nosotras. Es normal, sano y democrático. Ni proponemos exactamente las mismas cosas ni tenemos las mismas tradiciones políticas; a veces incluso ni idioma ni lenguaje coinciden. Pero sí compartimos la convicción de que un orden social más justo y democrático es ahora una necesidad para nuestra sociedad, de la misma forma que sabemos que tenemos la obligación de evitar que la Europa de los mercaderes haga de España un país de indignidad laboral, social y política.
Las próximas elecciones generales no deben verse como una simple oportunidad para sumar más diputados con los que llevar a cabo tareas institucionales. Sin capacidad de transformación ningún diputado será suficiente. Es momento, más bien, de entender la profundidad de la disputa política; de estar a la altura del momento histórico.
De ahí que haya que felicitarse de que en determinados territorios se hayan alcanzado ya acuerdos que van por esa línea. Catalunya es el primero; un lugar donde las fuerzas rupturistas (Podemos, ICV, EUiA, entre otras) caminan juntas y que, tras haber aceptado sus diferencias, tienen claro lo que les une. Es un ejemplo a seguir. Y ojalá en el resto de territorios del Estado también los procesos de Unidad Popular –conformados mediante procesos participativos, abiertos y desde abajo- se vayan abriendo camino para garantizar que, al final, en todas partes haya una única candidatura en la que nos sintamos referenciados quienes defendemos una ruptura con el régimen del 78. Es sumamente importante que en el próximo Congreso quede reflejado de forma amplia el deseo de gran parte de la población de iniciar un proceso constituyente al servicio de la mayoría social.
Las palabras de Pablo Iglesias en el día de hoy alimentan esa posibilidad y, a mi juicio, devuelven el optimismo al panorama actual. Si finalmente se consigue que los procesos de unidad popular, en los que participamos las gentes de IU y de otras formaciones a lo largo de todo el Estado, se encuentren con las gentes de Podemos, estaremos ante la posibilidad real de cambio en este país. Porque llegados a ese caso habremos puesto los intereses de nuestro país y de las generaciones futuras por encima de las disputas partidistas y los matices que nos separan a unos y otros. Será entonces cuando podamos hacer causa común de la defensa de un programa de cambio, nítido y honesto, con el que defender las conquistas que nuestros padres, madres, abuelos y abuelas lograron con sumo esfuerzo.
Alberto Garzón es economista, actualmente diputado en las Cortes poir Izquierda Unida y candidato a la Presidencia del Gobierno por la misma orhanización
* Crónica agradece al autor su generosidad compartiendo sus opiniones con nuestros lectores
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