Una postura ampliamente promovida por
portavoces de los partidos pertenecientes a la Internacional Liberal,
como lo es Ciudadanos (así como autores cercanos a ella, como Mario
Vargas Llosa), es presentar a Venezuela como uno de los países en
América Latina que comete mayor número de violaciones de los derechos
humanos, presentándose ellos mismos como los grandes defensores de tales
derechos. Intentan con ello identificar el liberalismo con la defensa
de los derechos de los individuos frente a la opresión del Estado. Y
esta percepción se está generalizando con la ayuda de los mayores medios
de información españoles, la gran mayoría de tendencia conservadora o
liberal, próximos a la Gran Banca, la gran promotora del neoliberalismo
en este país que los financia. De esta manera, esta identificación de
los derechos humanos con el liberalismo (también conocido como
neoliberalismo) se acepta como evidente, asumiendo que tales partidos
liberales ponen la libertad y la demanda de derechos humanos como
principio básico de su posicionamiento ideológico. Siguiendo tal
costumbre (la de atribuirse el ser defensores de los derechos humanos),
vimos anteayer al Sr. Rivera, en el Congreso de los Diputados,
presentarse una vez más como tal gran defensor, mostrando su crítica a
Venezuela y su propuesta al Congreso de que se analice la ausencia de
tales derechos humanos en aquel país como un indicador más de su defensa
de los derechos humanos.
El conocimiento de la realidad en
América Latina, sin embargo, permite cuestionar dicho supuesto
compromiso con los derechos humanos de los liberales en España en
general, y del Presidente del partido neoliberal Ciudadanos en
particular. En primer lugar, el adjetivo ampliamente utilizado por este
señor en contra de sus adversarios, definiéndolos como “demagogos”
(término ampliamente muy utilizado por las derechas en este país para
descalificar a aquellos con los cuales están en desacuerdo), se aplica
claramente a sus propios argumentos, pues la falta de credibilidad y
certeza en su descripción de la realidad, tergiversándola para alcanzar
sus fines políticos (característico de la demagogia), es fácil de
demostrar, aun cuando me gustaría pensar que ello es más consecuencia de
su ignorancia que de su demagogia. Pero la repetitividad de tal
práctica, con el empleo incluso de mentiras, insultos y sarcasmos
(característicos de la derecha española), hace difícil atribuir dicho
comportamiento a mera ignorancia (ver mi artículo “Las mentiras y
falsedades de Albert Rivera, Presidente de Ciudadanos, en La Sexta
Columna”, Público, 14.04.15).
Existe un extenso debate sobre el
significado de los derechos humanos hoy en la literatura científica,
pero en sentido contrario al significado reduccionista que utiliza el
Sr. Rivera. En realidad, tal debate aparece incluso a nivel político con
un nivel de rigor y seriedad ausente en España. De hecho, el mejor
documento sobre los derechos humanos es la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, aprobada en el año 1948, la
cual definía las diferentes dimensiones de los derechos humanos, que
incluían desde derechos económicos (tales como el derecho al trabajo y a
una vida digna) a los derechos sociales (como el derecho a la sanidad y
a la educación), así como los derechos cívicos y políticos (el derecho a
la libertad de organización y de expresión). El Presidente Roosevelt,
que ha sido el presidente más popular de EEUU, enfatizó la necesidad de
desarrollar los derechos humanos en todas sus dimensiones. Y es
importante resaltar que fue un momento de gran interés cuando el
Presidente Obama, en su visita a Cuba, felicitó al gobierno cubano por
el desarrollo de los derechos económicos y sociales en aquel país,
criticando a la vez la ausencia de los derechos civiles y políticos en
Cuba, subrayando la enorme importancia que tenían tales derechos. Ahora
bien, es importante señalar que a la declaración anterior añadió que
aceptaba la crítica que podría hacerse a EEUU por las limitaciones en el
desarrollo de los primeros derechos (los económicos y sociales) en ese
país. No imagino a ningún dirigente político liberal, como el Sr.
Rivera, hacer tal tipo de autocrítica, que sería muy necesaria en
España, donde hay una limitación muy marcada de los derechos humanos (de
todo tipo, económicos, sociales, cívicos y políticos).
Lo que el Sr. Rivera entiende como derechos humanos
La defensa de los derechos humanos de
los partidos liberales se limita a los últimos, es decir, a los derechos
civiles y políticos, derechos necesarios (repito, muy necesarios) pero
muy insuficientes. Repito que tales derechos son fundamentales. Tengo
una biografía para mostrar mi compromiso con el desarrollo de estos
derechos, todavía muy limitados en España. Por lo visto, el Sr. Rivera
no es plenamente consciente de que hay muchos más canales televisivos y
rotativos de derechas en Venezuela (que supuestamente están bajo una
dictadura de izquierdas) que canales de televisión y rotativos de
izquierdas en España (supuestamente un país democrático, definición
cuestionable como consecuencia de la escasísima diversidad en los medios
de información). La persecución de opositores y la detención de
dirigentes políticos debe ser denunciada. Pero para tener credibilidad,
esta denuncia tiene que afectar a todos los gobiernos que incurran en
tales prácticas, y no solo a aquellos gobiernos a los que el Sr. Rivera
considera sus enemigos o adversarios. Y la ausencia de esta práctica en
el caso de los liberales como Rivera muestra su doble moral, o mejor
dicho, su hipocresía, utilizando su mal llamada defensa de los derechos
humanos para fines única y exclusivamente políticos, característica de
los demagogos.
El silencio ensordecedor de los liberales como Rivera sobre el modelo liberal de Honduras
Hoy el país donde todos los derechos
humanos (los económicos, los sociales, los cívicos y los políticos) han
sido violados más sistemáticamente en Latinoamérica ha sido y continúa
siendo Honduras, gobernado por un tiempo por un partido liberal
perteneciente precisamente a la misma familia política del partido
Ciudadanos, del cual el Sr. Rivera es el Presidente. Y tal gobierno
liberal fue resultado de un golpe militar en el año 2009 contra el
gobierno del presidente Zelaya, democráticamente elegido. Tal golpe
ocurrió en el año 2009, instalándose un gobierno del partido liberal que
intentó legitimar su mandato recurriendo a unas elecciones fraudulentas
denunciadas internacionalmente. Tal partido impuso en 2010 unas leyes
de propiedad rural que afectaron muy negativamente a los intereses de
los pequeños agricultores, indígenas la mayoría, que pasaron a ser
brutalmente reprimidos por el Ejército y la policía, aumentando de una
manera muy notable el asesinato de sus dirigentes y de las voces
críticas frente a tal matanza. Dicho gobierno y sus sucesores han
aplicado políticas de carácter represivo, con una clara violación de
todos los derechos humanos, incluyendo los derechos cívicos y políticos,
siendo considerado este país por parte de organizaciones
internacionales de defensa de derechos humanos, como el país hoy en
América Latina que tiene el mayor número (en términos proporcionales) de
asesinatos políticos, no solo en América Latina, sino en todo el mundo,
siendo a la vez uno de los países con mayores desigualdades sociales y
mayor pobreza de ese continente. En realidad, esta situación determina
que Honduras se haya convertido en el país origen del mayor número de
niños y adolescentes que huyen de Latinoamérica como refugiados a EEUU,
habiéndose transformado este caso en un escándalo internacional, aunque
el lector español no lo sabrá si se limita a ver solo la prensa española
(conocida internacionalmente por su escasa diversidad ideológica, lo
cual ha sido denunciado incluso por The New York Times).
Ni que decir tiene que ni el Sr. Rivera
ni su partido Ciudadanos, ni el PP, ni el PSOE, ni el Sr. Vargas Llosa,
ni los otros liberales que tienen grandes cajas de resonancia, han dicho
nada ni han expresado ninguna denuncia hacia esta brutal represión de
los derechos humanos, guardando un silencio ensordecedor frente a tanto
asesinato político. El último asesinato es el de Berta Cáceres,
dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de
Honduras, seguido de otro asesinato, dos semanas más tarde, de otro
dirigente, Nelson García, y así un largo etcétera, habiéndose generado
una protesta internacional que ha determinado una investigación del
Congreso de EEUU (véase Congressional Briefing: “The Assassination of
Berta Cáceres and Ongoing Killings and Attacks Targeting Social
Activists in Honduras”, March 30, 2016). Según PEN International, tales
asesinatos se realizan con plena impunidad, sin que nadie sea juzgado
por ellos. 100 miembros del Congreso de EEUU han denunciado este
asesinato sistemático de campesinos y sus defensores. Mientras, las
Cortes Españolas están a punto de juzgar a Venezuela a propuesta del
partido del Sr. Rivera, supuestamente el gran defensor de los derechos
humanos. Y, cómo no, con las cajas de resonancia provistas por los
grandes medios, incluido El País, a el gran promotor de Ciudadanos, que
nunca ha dicho ni pio sobre las matanzas que ocurren en Honduras. Y todo
ello bajo la supuesta defensa de los derechos humanos, derechos
sistemáticamente violados en Honduras, y, por cierto, también en España,
sin que ello se denuncie en este país. El nivel de hipocresía alcanza
niveles enfermizos cuando la evidencia muestra que tales fuerzas
políticas están jugando un papel clave y determinante para dicha
violación de los derechos que retóricamente dicen defender.
*
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad
Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
* Crónica agradece al autor poder compartir sus artículos de opinión con nuestros lectores
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