La unidad de las fuerzas de izquierdas es
imprescindible para poder desalojar al Partido Popular de la Moncloa y
poder tener un Gobierno que haga políticas para la mayoría. Es esta
convicción la que nos ha llevado a distintas fuerzas políticas como
Izquierda Unida, Podemos, Equo, Compromís y muchas más a llegar a un
acuerdo para presentarnos juntas a las elecciones. Ahora bien, la unidad
es necesaria, pero no suficiente. Además de una candidatura conjunta se
necesita un programa, una propuesta política que recoja nuestro
compromiso con el electorado que hemos plasmado en los 50 puntos del
programa común con el que Izquierda Unida y Podemos nos presentamos
juntas el 26J.
Si hay una cosa que se debe exigir en toda propuesta política es
coherencia. Y prácticamente ninguno de los puntos programáticos que
presentamos sería posible sin el número 43: “No al TTIP y no al CETA”.
No sería coherente decir que aspiramos a reforzar el Estado de
Bienestar, fortalecer los servicios públicos, luchar contra la
precariedad, paralizar los desahucios o luchar contra el cambio
climático, si no nos comprometemos también a trabajar para que los
tratados que está negociando la Unión Europea, como el TTIP con EEUU o
el CETA con Canadá no lleguen a firmarse.
Son dos acuerdos que se están negociando a la medida de los intereses
de las multinacionales, que tienen un objetivo clarísimo: modificar
leyes y regulaciones para que las grandes empresas puedan mantener e
incluso aumentar sus privilegios. Tanto el TTIP como el CETA no son
simples acuerdos comerciales, son un proyecto político y económico de
las élites transatlánticas para revertir muchas de nuestras conquistas
sociales y suponen un paso de gigante en la aplicación de las políticas
neoliberales de privatizaciones de servicios públicos, recortes de
derechos sociales, laborales y democráticos que va a tener efectos
devastadores sobre el sector agrario, las pequeñas y medianas empresas o
el medio ambiente.
Podemos tomar la posición sobre el TTIP como el barómetro que nos
permite comprobar el grado de credibilidad de los programas con los que
las diferentes candidaturas se presentan a las nuevas Elecciones
Generales. Las negociaciones sobre el TTIP están siendo avaladas y
apoyadas en el Parlamento Europeo por el grupo Socialdemócrata (PSOE),
el grupo del Partido Popular Europeo (PP) y el grupo de los Liberales
(Ciudadanos).
No se puede decir en el Estado español que defiendes la educación y
la sanidad públicas si en Bruselas votas a favor del TTIP, porque este
es un acuerdo que avanza en las políticas privatizadoras de los
servicios públicos, ya que las multinacionales tienen ahí un nuevo nicho
de negocio que quieren explotar.
No se puede decir aquí durante la campaña electoral que pretendes
avanzar en la protección a los consumidores cuando en las instituciones
europeas PSOE, PP y Ciudadanos están avalando un tratado que relajará
los estándares fitosanitarios, permitiendo que entren en el mercado
medicamentos o cosméticos cuyos componentes no hayan sido debidamente
testados para abaratar costes, con el riesgo que esto supone para la
salud.
Pero cuando hablamos de los privilegios de las multinacionales nos
referimos a esto, al hecho de que su capacidad de obtener beneficios
ahorrando costes de cualquier manera esté por encima de nuestros
derechos, desde los derechos laborales a los medioambientales.
Resulta necesario recordar que muchos de los derechos que hoy tenemos
como trabajadoras y trabajadores son fruto de una larga lucha y podrían
desaparecer si no los protegemos. A través de la cooperación
reguladora, que es como llaman a igualar a la baja las regulaciones
europea y estadounidense, estaremos acercando nuestra legislación
laboral a la de Estados Unidos, un país que no es firmante de la mayoría
de los convenios sobre derechos laborales de la Organización
Internacional del Trabajo.
Estados Unidos no ha firmado los convenios relativos a la libertad
sindical y protección del derecho de sindicación, ni los de negociación
colectiva, ni los relativos a las políticas contra la discriminación en
el empleo. Ni tan siquiera ha ratificado el convenio contra los trabajos
forzosos. Sin derecho a bajas remuneradas de más de siete días y con
las jornadas laborales más largas del mundo industrializado (48 horas
semanales de media), resulta sorprendente que los gobiernos europeos
vean en los Estados Unidos un modelo al que acercarse. Sin embargo, este
modelo permite a las empresas acumular mayores beneficios, una prueba
más de quién está realmente detrás del tratado.
Existen experiencias anteriores, tratados de carácter similar, cuyos
nefastos resultados refuerzan nuestra posición contraria al TTIP y al
CETA. Algunos de los instrumentos que incorpora, como los tribunales de
arbitraje entre empresas y Estados, han sido causantes de que empresas
privadas hayan recibido cantidades ingentes de dinero público por ver
limitada su capacidad de obtener beneficios.
Un claro ejemplo es el de Veolia, que recibió 82 millones de dólares
de Egipto cuando el Estado decidió subir el salario mínimo, generando un
mayor gasto a la multinacional francesa al tener que subir el salario a
la inmensa mayoría de su plantilla, que pasó a recibir 155 euros
mensuales. Mientras, eldirector ejecutivo de Veolia, Antoine Frérot, ingresa una media de 176.000 euros cada mes.
Lo que nos demuestran estas situaciones de desigualdad y pérdida de
derechos es que el TTIP y el CETA son la máxima expresión del modelo
económico y social que se nos está intentando imponer desde la Union
Europea controlada por los mercados. Existe un intento programado de
destruir las conquistas obtenidas hasta el momento, los escasos
beneficios en materia de derechos sociales y servicios públicos que
tenemos las trabajadoras y trabajadores, y de aumentar el poder de las
grandes corporaciones por encima del de los Estados.
Esto generaría una situación de desprotección muy difícil de revertir
y lo saben, por eso ponen el plan en marcha ahora que el modelo
político hegemónico peligra en Europa y existen posibilidades de que
fuerzas transformadoras accedan a gobiernos, como puede ocurrir en el
Estado Español. Por eso, el primer objetivo de la izquierda política y
social debe ser tumbar estos tratados.
Ya nos estamos movilizando contra ellos en las calles, y es necesario
seguir informando, generando conciencia, y llenando las plazas para
visibilizar nuestro rechazo. La posibilidad histórica que podemos tener
tras las elecciones del 26 de junio para frenar sus tratados tiene que
verse acompañada de movilización, pues sólo juntos y juntas podemos
combatir y ganar a un enemigo de este tamaño.
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