La propuesta de Renta Básica Universal (RBU) más conocida –una renta de aproximadamente 650 euros a todo individuo independientemente de su condición–presenta una característica que merma su elevado potencial y que la aleja en cierto sentido del objetivo que pretende alcanzar: es monetaria. Al entregarse la RBU en dinero se originan una serie de situaciones que debilitan la medida.
En primer lugar, la RBU monetaria no distingue el nivel de vida que existe en cada región en la que vive su beneficiario. Evidentemente no es lo mismo disponer de 650 euros en pleno centro de la capital del país que hacerlo en un pequeño pueblo rural de Almería: en el primer caso la RBU permite comprar menos bienes y servicios que en el segundo caso. Esto puede conducir a que una RBU de 650 euros quizás permitiría satisfacer las necesidades más básicas (que es el objetivo principal de la medida) en un caso, pero podría no lograrlo en otro, o incluso resultar relativamente generosa en un tercer caso (por ejemplo, imaginando en el citado pueblo rural a varios individuos compartiendo alquiler y otros gastos fijos; como frecuentemente se encarga de recordar la derecha cuando critica la RBU). Es cierto que este defecto de la medida podría considerarse menor, especialmente comparado con las ventajas que podría deparar, pero en cualquier caso también es cierto que puede corregirse. ¿Cómo? Entregando la RBU en especie, ya fuese de forma total o parcial.
Una renta en especie es una retribución en bienes y servicios y no en dinero. En vez de percibir cada individuo 650 euros para comprar productos en el mercado, el Estado podría garantizar a cada persona determinados bienes y servicios considerados esenciales. Esto es precisamente lo que ocurre con la educación y sanidad públicas: el Estado no nos entrega dinero para pagar los servicios de educación y sanidad en el mercado, sino que nos ofrece la posibilidad de recibir esos servicios en un colegio o en un hospital sin necesidad de que haya pago de por medio. Ni el profesor ni el médico nos piden dinero por educarnos o atendernos. Lo mismo podría ocurrir con una RBU que garantizase al receptor una vivienda, un consumo básico de energía, de transporte, de cuidados, de alimentación, de vestimenta, etc. No habría necesidad de utilizar esos 650 euros para alquilar una vivienda, comprar alimentos, comprar ropa, desplazarse, adquirir servicios de cuidados, etc, sino que simplemente por el hecho de nacer tendríamos garantizadas esas necesidades básicas. No todo el pago de la RBU tendría por qué ser en especie, se podría, por ejemplo, garantizar alojamiento, energía, cuidados y desplazamiento, y también ofrecer 200 euros para comprar alimentos y vestimenta. Las combinaciones son infinitas, pero en cualquier caso lo importante es entender que de esta forma se resuelve el problema que habíamos detectado: ya no se produciría discriminación entre un residente del centro de Madrid y uno de un pueblo rural de Almería, porque ambas personas podrían cubrir las mismas necesidades independientemente del nivel de precios de cada región.
Otra situación indeseable que generaría una RBU monetaria es el fomento de los canales mercantiles y el lucro y abuso de poder de determinadas empresas. Al recibir dinero, el beneficiario de la RBU queda supeditado al funcionamiento del mercado capitalista para poder satisfacer sus necesidades. Si ese mercado no funcionase, a la persona no le serviría de nada tener 650 euros. Si ese mercado fuese injusto porque las empresas tuviesen fuerza de mercado y pudiesen elevar precios, el receptor de la RBU sufriría esa situación y además estaría contribuyendo con su dinero a enriquecer a los empresarios en cuestión. Si el mercado sólo ofreciese productos gracias a una explotación laboral desmedida o gracias a un fuerte deterioro medioambiental, el beneficiario de la RBU estaría con su acción contribuyendo a la permanencia de esas situaciones. En definitiva, la RBU monetaria implica que la satisfacción de necesidades se canalice mediante actuaciones filtradas únicamente por el criterio de la rentabilidad económica que impera en el mercado capitalista, mientras que una RBU en especie permitiría que la satisfacción de necesidades pudiese canalizarse a través de decisiones colectivas y democráticas en función de criterios políticos, sociales, feministas y ecologistas. La RBU monetaria es consustancial al sistema económico actual y fortalece su forma de funcionamiento; abandona a sus beneficiarios a las garras del mercado, al contrario de lo que se podría lograr con una RBU en especie.
Por todo ello, una buena forma de mejorar la RBU monetaria es convertirla total o parcialmente en una prestación en especie, para así mitigar la injusticia que se produciría entre residentes en regiones con precios y niveles de vida dispares, para evitar el fomento del negocio de determinadas empresas que tienen poder de mercado, y para poder controlar que la satisfacción de necesidades básicas no sea consustancial a la violación de derechos laborales, sociales, de género o medioambientales.
En primer lugar, la RBU monetaria no distingue el nivel de vida que existe en cada región en la que vive su beneficiario. Evidentemente no es lo mismo disponer de 650 euros en pleno centro de la capital del país que hacerlo en un pequeño pueblo rural de Almería: en el primer caso la RBU permite comprar menos bienes y servicios que en el segundo caso. Esto puede conducir a que una RBU de 650 euros quizás permitiría satisfacer las necesidades más básicas (que es el objetivo principal de la medida) en un caso, pero podría no lograrlo en otro, o incluso resultar relativamente generosa en un tercer caso (por ejemplo, imaginando en el citado pueblo rural a varios individuos compartiendo alquiler y otros gastos fijos; como frecuentemente se encarga de recordar la derecha cuando critica la RBU). Es cierto que este defecto de la medida podría considerarse menor, especialmente comparado con las ventajas que podría deparar, pero en cualquier caso también es cierto que puede corregirse. ¿Cómo? Entregando la RBU en especie, ya fuese de forma total o parcial.
Una renta en especie es una retribución en bienes y servicios y no en dinero. En vez de percibir cada individuo 650 euros para comprar productos en el mercado, el Estado podría garantizar a cada persona determinados bienes y servicios considerados esenciales. Esto es precisamente lo que ocurre con la educación y sanidad públicas: el Estado no nos entrega dinero para pagar los servicios de educación y sanidad en el mercado, sino que nos ofrece la posibilidad de recibir esos servicios en un colegio o en un hospital sin necesidad de que haya pago de por medio. Ni el profesor ni el médico nos piden dinero por educarnos o atendernos. Lo mismo podría ocurrir con una RBU que garantizase al receptor una vivienda, un consumo básico de energía, de transporte, de cuidados, de alimentación, de vestimenta, etc. No habría necesidad de utilizar esos 650 euros para alquilar una vivienda, comprar alimentos, comprar ropa, desplazarse, adquirir servicios de cuidados, etc, sino que simplemente por el hecho de nacer tendríamos garantizadas esas necesidades básicas. No todo el pago de la RBU tendría por qué ser en especie, se podría, por ejemplo, garantizar alojamiento, energía, cuidados y desplazamiento, y también ofrecer 200 euros para comprar alimentos y vestimenta. Las combinaciones son infinitas, pero en cualquier caso lo importante es entender que de esta forma se resuelve el problema que habíamos detectado: ya no se produciría discriminación entre un residente del centro de Madrid y uno de un pueblo rural de Almería, porque ambas personas podrían cubrir las mismas necesidades independientemente del nivel de precios de cada región.
Otra situación indeseable que generaría una RBU monetaria es el fomento de los canales mercantiles y el lucro y abuso de poder de determinadas empresas. Al recibir dinero, el beneficiario de la RBU queda supeditado al funcionamiento del mercado capitalista para poder satisfacer sus necesidades. Si ese mercado no funcionase, a la persona no le serviría de nada tener 650 euros. Si ese mercado fuese injusto porque las empresas tuviesen fuerza de mercado y pudiesen elevar precios, el receptor de la RBU sufriría esa situación y además estaría contribuyendo con su dinero a enriquecer a los empresarios en cuestión. Si el mercado sólo ofreciese productos gracias a una explotación laboral desmedida o gracias a un fuerte deterioro medioambiental, el beneficiario de la RBU estaría con su acción contribuyendo a la permanencia de esas situaciones. En definitiva, la RBU monetaria implica que la satisfacción de necesidades se canalice mediante actuaciones filtradas únicamente por el criterio de la rentabilidad económica que impera en el mercado capitalista, mientras que una RBU en especie permitiría que la satisfacción de necesidades pudiese canalizarse a través de decisiones colectivas y democráticas en función de criterios políticos, sociales, feministas y ecologistas. La RBU monetaria es consustancial al sistema económico actual y fortalece su forma de funcionamiento; abandona a sus beneficiarios a las garras del mercado, al contrario de lo que se podría lograr con una RBU en especie.
Por todo ello, una buena forma de mejorar la RBU monetaria es convertirla total o parcialmente en una prestación en especie, para así mitigar la injusticia que se produciría entre residentes en regiones con precios y niveles de vida dispares, para evitar el fomento del negocio de determinadas empresas que tienen poder de mercado, y para poder controlar que la satisfacción de necesidades básicas no sea consustancial a la violación de derechos laborales, sociales, de género o medioambientales.
Eduardo Garzón es economista
* Crónica agradece al autor poder compartir sus opiniones con nuestros lectores
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