Una empresa no solo ha de tributar donde tiene su sede fiscal, sino donde obtiene los beneficios
11.594 millones de euros. Se dice pronto y, sin embargo, más o menos
es esa la cantidad que le costaría a España subir la inversión en
educación hasta el 5% del PIB. Por no hablar de lo que podrían hacer
Estados más pobres que el nuestro con mayores desafíos en derechos
sociales.
11.594 millones son, también, lo que las grandes multinacionales con
matriz española se han ahorrado en impuestos si comparamos lo que
realmente han pagado (un 12,6% de sus beneficios) con lo que hubieran
aportado si hubieran alcanzado el tipo nominal español del impuesto de
sociedades, un 25%.
Si podemos dar hoy el dato de cuánto dejan de aportar las grandes
multinacionales es porque la Agencia Tributaria acaba de hacer pública,
por primera vez y aunque sea de forma agregada, información incluida en
los informes ‘País por país’, reportes que las grandes empresas deben
presentar a las agencias tributarias de los países donde tienen su
matriz con los beneficios e impuestos que pagan en cada Estado; informes
que, por ahora, son secretos.
Resulta paradójico que se proteja a quien no contribuye poniéndole
frenos a la transparencia. Oxfam ha solicitado en distintos espacios que
los informes ‘País por país’ sean públicos por imperativo legal.
Mientras, la información publicada por la Agencia es un primer paso
valioso en la dirección correcta. No obstante, es un paso pequeño. El
siguiente podría ser ofrecer información segmentada por sector de
actividad, tal y como ya hace la administración tributaria de Estados
Unidos.
O podrían, incluso, ser las propias empresas las que motu proprio hicieran
pública la información. Según los datos revelados por la Agencia
Tributaria, en torno al 40% de las multinacionales pagan más del 20% de
sus beneficios. El otro 60% paga tan poco que baja significativamente la
media. Si quien hace los deberes lo dice alto y claro y publica su
informe ‘País por país’,reforzaría su posición de marca ante
los consumidores, redundaría en una efectiva rendición de cuentas hacia
la ciudadanía, y les pondría los cachetes colorados a las
multinacionales que reducen su factura fiscal al mínimo posible.
Los titulares que de vez en cuando saltan a la prensa con las
ridículas cifras que buscadores de Internet o plataformas globales de streaming
pagan de impuestos en España son sólo la punta del iceberg de un
problema mayor: para tasar a las grandes empresas de la era digital
estamos usando normas fiscales diseñadas en 1920; si las multinacionales
españolas pagan de tipo efectivo prácticamente la mitad de lo que marca
el tipo nominal es porque necesitamos un diseño de impuesto de
sociedades adaptado a comprar por Internet a una empresa con sede en
Irlanda, capaz de lidiar con sofisticados “trucos” de ingeniería fiscal o
que anule los incentivos de operar a través de paraísos fiscales.
Los informes ‘País por país’ fueron el resultado de la cooperación y
negociaciones internacionales que se produjeron en el seno de la OCDE
con el nombre BEPs. Unos acuerdos que prometían mucho pero que, a la luz
del desafío, se quedaron cortos. Ahora mismo se negocia el BEPs 2.0 y
España juega un papel clave en las discusiones que han de configurar un
nuevo sistema fiscal. No tiene sentido que una empresa tribute sólo
donde tiene sede fiscal y no donde obtiene los beneficios. Igualmente,
no tiene sentido que no se tasen los beneficios de las multinacionales
como un “todo” en vez de por países. Sin embargo, en los debates que
ahora mismo se están produciendo hay quien rebaja la ambición de la
reforma y quien “tira para casa”, favoreciendo los intereses de las
multinacionales y reduciendo al mínimo la parte de los beneficios
globales que las empresas tributarían donde realmente se ha generado la
actividad económica.
Esperemos que el nuevo sistema fiscal global sea capaz de eliminar la
sangría de recursos fiscales que padecen la mayoría de los países y que
impiden que la fiscalidad resulte efectiva para reducir las
desigualdades.
Nada menos que 11.594 millones.
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Liliana Marcos y Miguel Alba son miembros de la Plataforma por la Justicia Fiscal
* Fuente Creative Commons
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