9.239 millones de euros. Esa es la cantidad que el Gobierno ha recortado en los Presupuestos Generales del Estado desde 2008. De esa cantidad, el Gobierno de Rajoy ha recortado 5.500 millones en menos de un año. La cantidad presupuestada ha pasado de ostentar 11.232 millones de euros en 2008 a sumar la triste cantidad de 1.944 millones para 2013. Es decir, la cuantía se ha reducido en un 82,24%. Para que nos hagamos una idea, esa cantidad recortada en materia de Educación se corresponde con la suma de las partidas presupuestarias dedicadas a Sanidad, Justicia y Fomento del Desempleo juntas. En otras palabras: el recorte en el presupuesto de Educación ha sido de una cantidad absolutamente colosal y en un período de tiempo muy corto. Algo que jamás podríamos haber imaginado hace tan solo unos pocos años.
Estos recortes están afectando a numerosas esferas de la educación pública y de muy variadas formas:
1) Reducen el número de profesores mediante el recorte en la plantilla de los centros, una reducción del profesorado interino y la congelación de las ofertas de empleo público docente.
2) Están empeorando las condiciones de trabajo del profesorado: aumento de la jornada laboral, reducciones salariales, recortes y limitaciones en otras prestaciones como las percibidas durante las bajas por enfermedad, etc.
3) Deterioran las condiciones objetivas de estudio: aumento del número de alumnos por clase, disminución de grupos, desaparición de diversos programas de ayuda y refuerzo al alumnado, reducción en gastos de mantenimiento y mejora de infraestructuras y equipamiento, etc.
4) Limitan y vulneran el derecho a estudiar a aquellos que quieran una educación superior al haber encarecido de forma importante las matrículas universitarias, haciendo que los estudiantes pasen de pagar el 15% de las mismas a pagar hasta el 25%.
Todo ello conlleva un extraordinario deterioro de la educación pública en nuestro país. Estos recortes reducen inevitablemente la calidad de la enseñanza pública: el personal docente ve empeoradas drásticamente sus condiciones de trabajo y los estudiantes terminan recibiendo una peor educación y formación. En el caso de la educación superior muchas personas verán restringido su acceso al no poder costearse sus estudios. Esto tiene dos consecuencias desastrosas:
1) La primera es que el derecho constitucional a una educación pública universal queda gravemente violado. No solo las familias con mayores rentas podrán pagar las altas tasas universitarias, sino que solo ellas podrán acudir a la enseñanza privada huyendo de los graves ataques que están sufriendo los centros públicos en materia de recursos y capacidades. Ello vulnera la igualdad de oportunidades, la superación de las desigualdades de origen, el progreso social de todos, e incluso la cohesión social y la vertebración de toda la sociedad.
2) La segunda consecuencia es que se ve perjudicada la mejor inversión posible para el futuro de nuestra sociedad. Los expertos reconocen que la inversión en educación es una de las mejores armas de los países desarrollados para lograr el progreso económico y social, especialmente en el contexto actual de la sociedad del conocimiento caracterizada por los adelantos tecnológicos. En definitiva, los recortes en educación pública atentan gravemente contra una fuente de desarrollo económico, empleo, cohesión social y progreso.
Sin embargo, y a pesar de que el gobierno justifica los recortes en educación (y el resto de recortes sociales) alegando que se ve obligado porque no existe otra alternativa, la evidencia empírica y los datos demuestran que existen otras vías para solucionar los problemas de la crisis. Si el objetivo es reducir el déficit público, hay varias maneras de conseguirlo, y no solo una:
1) En primer lugar existe la posibilidad de recaudar fondos aumentando los ingresos del Estado, y no tanto reduciendo sus gastos. Dejando de lado las posibles subidas impositivas que se le podrían implementar a las rentas más altas de la economía, el gobierno podría luchar con el desorbitado fraude fiscal que existe en nuestro país y que excede en diez puntos porcentuales la media de fraude fiscal presente en la Unión Europea de los 15. Según los técnicos de Hacienda, el 73% de esta fraude fiscal es cometido por las grandes fortunas y las grandes empresas, y alegan que, con solo reducir diez puntos el fraude fiscal, el Estado podría recaudar cada año más de 38.500 millones adicionales, una cuantía que es 4 veces superior a los recortes que se han hecho en Educación desde 2008.
2) En segundo lugar, se puede reducir el déficit público recortando en gastos que son menos importantes para nuestro bienestar económico y social. Al respecto cabe mencionar que mientras los recortes en Educación han sido del 82,24%, los recortes en Defensa tan solo ha sido de un 29,01%. Es más, en 2008 el presupuesto para Educación superaba al de Defensa en 3.083 millones de euros. Con los Presupuestos de 2013 será la partida de Defensa la que superará a la de Educación en 4.792 millones de euros. Remontada histórica que no se puede entender teniendo en cuenta que nuestro país no está en guerra ni existe el riesgo de que lo vaya a estar en un futuro. Otros gastos que podrían ser recortados antes que los de educación son los relacionados con la Iglesia Católica, con las duplicidades administrativas, la Corona, o las fuerzas de autoridad del Estado (cuyo presupuesto es 4 veces superior al de Educación).
Siendo conscientes de que existen alternativas factibles para reducir el déficit público sin recortar en educación pública, es lógico y comprensible que surjan dudas sobre las verdaderas intenciones del gobierno español. Un gobierno cuyos dirigentes mantienen una ideología que antepone los intereses privados a los públicos, como así ha quedado demostrado en muchas ocasiones y en muchas regiones españolas, en las cuales los centros privados han proliferado a un ritmo mucho mayor que el de los públicos y donde los recursos han sido distribuidos a favor de los primeros. No sería de extrañar, por lo tanto, que el actual gobierno español estuviera sirviéndose de los problemas deficitarios para atacar a la esfera pública educativa, y por consiguiente en favor de la esfera privada.
Y todo ello a espaldas de la voluntad de los ciudadanos, como así demuestran los datos derivados del último informe realizado por la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (Aeval): más del 97% de los ciudadanos está en contra de aplicar recortes en sanidad, educación o pensiones. Otro resultado interesante del estudio es que más del 50% de la población española vería con buenos ojos recortes en materia de Defensa.
Y tampoco cuela el mensaje que justifica los recortes en educación alegando que actualmente hay demasiados recursos destinados a la misma. Según el mismo estudio mencionado, el 45% de los ciudadanos españoles creen que los recursos que se dedican ahora mismo a la educación no son suficientes. Además, a tenor de los datos de la oficina estadística de la Comisión Europea (Eurostat), hay 19 países pertenecientes a la Unión Europea que invierten más que España en educación. Por lo que obviamente se deduce que España no gasta demasiado dinero en educación pública, sino más bien todo lo contrario.
Por todo ello entendemos que hay que proteger a la educación pública de unos recortes que no son respuestas inevitables y necesarias para salir de la crisis, sino que son ataques planificados con la intención de deteriorar en lo posible la esfera pública educativa (y así beneficiar a la privada) aprovechando la difícil situación económica que atraviesa la economía española. El gobierno está acometiendo unos recortes en educación que atentan claramente contra el progreso económico y social de nuestros pueblos, en contra de la voluntad de los ciudadanos, e ignorando las posibles alternativas que existen para solucionar los problemas de déficit público. Es necesario aglutinar en un mismo frente a esa inmensa mayoría de la población que está en contra de estos recortes para sumar fuerzas y demostrar que deteriorando la inversión en educación se está condenando a nuestra sociedad a un futuro más oscuro, desigual e injusto. Toda movilización por parte de la comunidad educativa, por dolorosa y costosa que sea transitoriamente, está plenamente justificada. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro.
* Eduardo Garzón Espinosa es economista
* Crónica agradece al autor que comparta sus artículos con nuestros lectores
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